Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
El informe de los interventores del Casmu que se dio a conocer ayer es alarmante, y el Ministerio de Salud Pública, además de presentarlo en el Parlamento, decidió con razón entregarlo a la Fiscalía General de la Nación para que esta determine si entre las numerosas irregularidades detectadas en la gestión de la mutualista hay conductas delictivas.
La intervención, dispuesta por el Poder Ejecutivo en junio sin desplazamiento de autoridades, ha constatado el incumplimiento de normas del propio Casmu para el contralor interno de su economía. La lista incluye potestades excesivas de las gerencias para decidir por sí y ante sí la compra de bienes y servicios, a menudo a empresas con las que tienen vínculos y sin los procedimientos previos establecidos para elegir la mejor oferta. Ni siquiera se ha informado al Consejo Directivo sobre contratos que este debía aprobar.
Se realizan pagos sin la revisión requerida, por montos mayores a los contratados, contra la opinión de los interventores y a empresas que mantienen deudas con la institución, unos diferidos y otros al contado sin que haya fundamentos racionales para esa diferencia. También se han reiterado, pese a la coyuntura crítica, abundantes gastos superfluos.
Que se haya llegado a este punto en una institución histórica de referencia, con alrededor de 180.000 afiliados y miles de trabajadores, es el síntoma de una fiscalización previa deficiente, como en Casa de Galicia, pero para solucionar bien el delicado caso del Casmu hay que ubicarlo en un contexto más amplio. Todo indica que las autoridades de la mutualista tienen importantes responsabilidades, pero no se trata –lamentablemente– sólo de desvíos individuales en la gestión.
Del mismo modo, las carencias más notorias en todo el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), vinculadas con los tiempos de espera, la disponibilidad de medicamentos y especialistas o las desigualdades territoriales, son también síntomas que se deben tratar sin desatender las patologías de fondo.
El SNIS, creado a fines de 2007, requiere desde hace años revisiones y ajustes que se fueron postergando y hoy presenta insuficiencias preocupantes, agravadas durante el período de gobierno que termina, que acentúan la desigualdad de la atención y perjudican especialmente a la población más vulnerable.
Son muchas las tareas pendientes, desde el diseño institucional y la coordinación racional de los recursos hasta la formación del funcionariado, pasando por la fijación de prioridades para prevenir y resolver los principales problemas de salud que afectan al país, con un considerable refuerzo del primer nivel de atención y de la participación de la población usuaria.
En este marco, es intolerable que grupos de interés capturen grandes porciones del sistema, que mueve fortunas, para aumentar su lucro. Desde los negocios con medicamentos hasta los servicios VIP, y desde la explotación de las tecnologías más redituables hasta el control del acceso a posgrados, el uso de los recursos se distorsiona con criterios mercantiles, en perjuicio del derecho universal a la salud con servicios de calidad. La reforma que urge debe ser también ética.
Hasta mañana.