Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Son muchas las críticas planteadas al proyecto Neptuno-Arazatí, que extraería agua del Río de la Plata para el suministro de OSE a Montevideo y su área metropolitana. Mencionemos algunas antes de considerar los cuestionamientos al estudio de su impacto ambiental que maneja el Ministerio de Ambiente, planteados con fuertes argumentos por la organización ambientalista Redes-Amigos de la Tierra y expertos de la Facultad de Ciencias.
Hay evidencia sobre la relación entre la calidad decreciente del suministro de OSE y las prácticas contaminantes en la producción agropecuaria, que por supuesto no se resuelven con la iniciativa de tomar agua de otra fuente, muy parecida a una rendición.
Se había avanzado hacia la construcción de una represa sobre el arroyo Casupá, en una zona mucho menos afectada por contaminación que la del resto de la cuenca del Santa Lucía, que ya tenía aprobada una línea de crédito por 80 millones de dólares de la Corporación Andina de Fomento-Banco de Desarrollo de América Latina. Sin embargo, el actual gobierno decidió postergar este proyecto e impulsar el Neptuno-Arazatí, que antes se había descartado por razones técnicas y fue reactivado por el consorcio Aguas de Montevideo, que integran las empresas Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast.
La gravísima sequía del año pasado mostró los grandes riesgos creados por la combinación de las malas prácticas productivas, el cambio climático y las debilidades de OSE, que ha tenido durante décadas una baja prioridad presupuestaria y pierde cerca de la mitad del agua que maneja. Para peor, mostró también que el proyecto Neptuno-Arazatí no es la solución, porque si hubiera estado operativo no habría impedido el aumento de la salinidad del agua “bebible” que salía de las canillas.
Por último, pero con indiscutible importancia, la Constitución establece desde 2004, debido a una reforma aprobada en plebiscito por amplia mayoría, que “el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano” debe ser prestado “exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales”.
Por si todo lo antedicho fuera poco, está la cuestión ambiental. Las aguas del Río de la Plata en general, y las que tomaría Neptuno-Arazatí en particular, no sólo presentan variaciones de salinidad que complican su uso por parte de OSE, sino que además son afectadas por floraciones de cianobacterias en gran escala.
Esto debería ser analizado con rigor en el estudio de impacto ambiental, en el que deben constar “claramente las deficiencias de información o conocimientos de base y las incertidumbres que se hubieran padecido” en su elaboración. Pero el presentado por Aguas de Montevideo y OSE, según señalan sus críticos, empleó datos y criterios desactualizados o mal interpretados, omitió muchos otros más recientes e incluyó afirmaciones presuntamente tranquilizadoras sin indicar en qué se basan.
Es razonable que el pago de este tipo de estudios les corresponda a quienes quieren llevar adelante un proyecto, pero quizá sea hora de pensar si es sensato que la elección de los técnicos también dependa de los proponentes, que por lógica no tienen el menor interés en mostrar flancos débiles.
Hasta mañana.