Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
La conciencia de las responsabilidades ambientales de la humanidad tenía antecedentes de importancia en sociedades que a menudo son llamadas primitivas, pero tardó en consolidarse entre los países que se suelen considerar desarrollados y que en este caso es más preciso denominar, a la antigua, industrializados, porque fueron algunas consecuencias de la industrialización las que encendieron alarmas.
Desde la movilización de organizaciones ecologistas a mediados del siglo pasado hasta el presente se ha recorrido un largo camino con bastante rapidez, y Uruguay no ocupó por lo general posiciones de vanguardia, pero en 2017 fue negociador y firmante del Acuerdo de Escazú, primero de carácter ambiental y regional en América Latina, que entró en vigencia en 2021 y hacia cuya implementación se comienza a avanzar.
Las protestas iniciales del “ecologismo” contemporáneo se centraron en la denuncia de contaminaciones y en el reclamo de que se protegieran el aire, el agua y las especies amenazadas. Los Estados se fueron dotando de instituciones encargadas de detectar y mitigar daños, muchas veces a partir de hechos consumados, pero con el paso de los años se hizo más clara la necesidad de prevención estatal, mediante normas y regulaciones que evitaran esos daños. Luego se fue afianzando el criterio de que no se trata sólo de que el Estado actúe, sino también de que la sociedad participe activamente, y a esta etapa del avance corresponde el Acuerdo de Escazú.
El cambio que implica queda claro desde su primer artículo, en el que se establece el objetivo de “garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medioambiente sano y al desarrollo sostenible”.
Cumplir el acuerdo es obligatorio, y Uruguay tiene mucho que hacer. Hay que definir un plan de implementación: para esto se planteó una hoja de ruta, y sobre ella el Ministerio de Ambiente abrió un período de consulta a la ciudadanía hasta este miércoles.
Entre las tareas que el país tiene por delante, hay algunas de especial relevancia. Una es aumentar y sistematizar la información en materia ambiental, y establecer garantías de acceso ciudadano a la que poseen no sólo los organismos estatales, sino también las organizaciones del sector privado que “reciben fondos o beneficios públicos directa o indirectamente, o que desempeñan funciones y servicios públicos”.
De la mano con esto va la necesidad de mejorar la participación pública en los asuntos ambientales, desde las etapas iniciales de los procesos de decisión. Otras tareas se refieren a la especialización de operadores judiciales, el apoyo a los sectores vulnerables de la población para que puedan acceder a la justicia ambiental y el aumento de la capacidad judicial para disponer medidas cautelares. La ruta es larga y urge recorrerla.
Hasta mañana.