Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
El equipo en Uruguay del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) publicó un informe sobre la distribución por edades del gasto público social en nuestro país. En ese trabajo, cuyos datos más recientes son de 2022, se destaca la importancia de que el Estado invierta para “garantizar la satisfacción de los derechos y las necesidades de niños, niñas y adolescentes y asegurar su bienestar, mediante el acceso a la educación y atención en salud de calidad, a alimentación saludable y a una vivienda digna”. Y no sólo por la importancia de tales derechos, sino también porque así se crean “condiciones para una vida productiva en la etapa adulta y la mejora de largo plazo en el bienestar general de la población”.
El documento señala que el gasto por persona en protección y seguridad social hasta los 17 años es 7,5 veces menor que el destinado a mayores de 60, y comenta que “este sesgo en el sistema de protección social se refleja en diferencias importantes en la tasa de pobreza, que es casi diez veces mayor” en el primer tramo mencionado que en el segundo. Esta contraposición se manejó mucho en los debates acerca del plebiscito de reforma constitucional sobre seguridad social impulsado el año pasado por el PIT-CNT, y si bien es claro que los recursos del Estado tienen límites, corresponde prevenir que arraigue en la opinión pública una falsa contradicción.
En Uruguay no hay un registro individual de personas pobres. Lo que se maneja es cuántas personas de cada tramo de edad viven en hogares cuyos ingresos se consideran ubicados bajo la línea de pobreza. La calificación de una parte considerable de la población infantil como pobre se debe a que forma parte de hogares pobres, y no –obviamente– a la medición de un ingreso propio de niñas y niños.
La gran mayoría de las personas que cobran jubilaciones y pensiones viven en hogares por encima de la línea de pobreza, pero esto no significa que sus ingresos propios se puedan considerar buenos o suficientes: al cierre de 2023, más de la mitad de las jubilaciones eran inferiores a un salario mínimo nacional (en aquel momento, 22.268 pesos), y las pensiones eran aún menores. Esto sin duda tiene que ver con el hecho de que compartan con otras personas hogares en los que, por diversos arreglos familiares y otras formas de complementación, el ingreso total no es tan malo.
Otras informaciones muy valiosas sobre la situación de las personas mayores están disponibles en el sitio del Observatorio de Vejez, Envejecimiento y Seguridad Social, que se presentó el martes, y el panorama es muy preocupante.
La pobreza infantil es un drama que exige políticas potentes y urgentes, pero también requiere mejores ingresos de las personas adultas con niñas y niños a su cargo. Esto, a su vez, puede mejorar –necesariamente a largo plazo– la situación de quienes se jubilen. La cuestión de fondo es aumentar el desarrollo humano y reducir la desigualdad; de lo contrario, la infancia pobre actual seguirá rumbo a una ancianidad pobre, mientras en el mundo del trabajo relativamente formal y mejor remunerado se discute qué tramo de edad debería ir al sacrificio.
Hasta mañana.