Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
El martes de la semana pasada, el intendente montevideano Mauricio Zunino dispuso que la Secretaría General del gobierno departamental contratara a la periodista Ana Inés Martínez como asesora en materia de comunicaciones, con un régimen laboral de 40 horas semanales y una remuneración mensual nominal de 187.331 pesos. Ayer, apenas siete días después, se supo que el contrato será rescindido, tras una solicitud expresa de reverlo por parte del Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio (FA).
Entre un hecho y el otro, la contratación había sido difundida por medios de comunicación, fustigada por políticos opositores y en redes sociales, explicada vagamente por Zunino y cuestionada desde el FA. A un mes y medio de las elecciones departamentales, la desprolijidad política del incidente llama la atención.
Zunino dijo la semana pasada que en la Intendencia de Montevideo (IM) se había producido “un vaciamiento importante de distintos cuadros, de distintos asesores, producto de una migración importante hacia el gobierno nacional”, y que él consideró necesario reforzar algunas áreas. En ese contexto, alegó, Martínez fue contratada en el marco de “una modificación de la estructura” para “optimizar” la “comunicación vinculada a la intendencia y al intendente en particular” hasta que su mandato termine el 9 de julio, haciendo uso de la potestad de designar a personas en cargos de particular confianza.
Lo de la “migración” es cierto, aunque no resulte obviamente indispensable una nueva contratación por tres meses, ya que durante el actual período de gobierno la IM reforzó en forma notoria sus equipos de comunicación y, aunque muchas personas hayan pasado a otras instituciones, quizá se podía encarar el último tramo con las que quedaban. Sea como fuere, Zunino no explicó la elección específica de Martínez, quien se ha desempeñado sobre todo en el periodismo deportivo, para “optimizar” un trabajo bastante alejado de su experiencia previa.
Por otra parte, en términos políticos fue sin duda una chambonada. El desembolso previsto para pagarle a Martínez es insignificante en el presupuesto de la IM, pero en la recta final de una campaña electoral era evidente que desde la oposición se iba a vincular la contratación con los desequilibrios financieros, los recortes recientes o los servicios insatisfactorios, y que aunque muchas personas no se confundieran con esas falacias, de todos modos les iba a caer muy mal la decisión de Zunino. La migración de cuadros parece haber dejado a las alturas jerárquicas sin personas que midan las consecuencias de sus actos más allá de lo burocrático.
Por último, pero no con menor importancia, es insólito que desde el FA se haya dado un espectáculo de cuestionamientos públicos, con el efecto colateral de crucificar a Martínez. Más allá de las intenciones de reducir daños o cuidar los intereses de los candidatos, hubo una notoria intervención política en la gestión departamental, para la que cuesta recordar antecedentes desde que Tabaré Vázquez, muy poco después de ser electo como intendente de Montevideo en 1989, anunció que cortaba “el cordón umbilical” con la estructura frenteamplista.
Hasta mañana.