Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Ayer surgió una nueva esperanza sobre la posibilidad de hallar restos de personas detenidas y desaparecidas a partir de información “verosímil” –pero no necesariamente verdadera– sobre enterramientos en un subsuelo del Comando General de la Armada, ubicado en la zona del puerto de Montevideo. Como señalaron integrantes del Poder Ejecutivo, Fiscalía y la Institución Nacional de Derechos Humanos, hay que tomar el dato con cautela, y la adopción de medidas cautelares forma parte del protocolo en investigaciones preliminares de este tipo, que varias veces han concluido sin hallazgos.
El silencio de quienes saben dónde están los restos ha determinado, durante décadas, que los intentos de saldar la deuda pendiente con Familiares y el conjunto de la sociedad se hayan desarrollado entre pistas falsas y excavaciones palmo a palmo en grandes predios. La indignación y la ansiedad se justifican, pero no deberían conducir a la expectativa irreal de soluciones simples.
Anteayer, representantes de Familiares visitaron al presidente Yamandú Orsi en la Torre Ejecutiva, y entre otras cosas reiteraron el pedido de una orden formal a los mandos militares para que aporten información. Lamentablemente, no cabe esperar que ese procedimiento implique un avance.
Varios militares retirados poseen la información buscada y es probable que haya incluso documentación oculta, pero no existe ninguna seguridad de que los actuales comandantes en jefe estén en conocimiento de los datos. Ante una orden, pueden iniciar investigaciones formales o informales, con mayor o menor empeño, sin que nada garantice que tengan éxito. Si no aportaran elementos nuevos, sería inviable probar que estaban en condiciones de hacerlo y sancionarlos.
Además, hay vínculos intergeneracionales, e incluso familiares, que reproducen la cultura interna militar y perpetúan la escasa disposición a buscar respuestas y a aportar indicios.
Ya en el primer gobierno nacional del Frente Amplio, durante la gran gestión de Azucena Berrutti en el Ministerio de Defensa Nacional, fueron dadas las órdenes que se siguen reclamando, y hubo modificaciones reglamentarias explícitas para eliminar el criterio de “obediencia debida” en relación con el terrorismo de Estado. Aparecieron algunas informaciones veraces, por vías formales e informales, que contribuyeron a que hubiera hallazgos, pero falta muchísimo. Las órdenes no fueron cumplidas por la gran mayoría de quienes saben, y nada indica que reiterarlas vaya a tener hoy otra consecuencia.
Hay, sin embargo, otras formas de buscar información. Quienes aporten datos a los que accedieron cuando eran subalternos ya no tienen que responder por eventuales delitos cometidos hace añares. La información que se haga llegar a la Institución Nacional de Derechos Humanos o a religiosos no pasa a Fiscalía. No se han agotado los recursos para encontrar documentación oculta. Queda mucho que hacer para lograr una formación militar que contrarreste la cultura de insensibilidad y complicidad.
No son soluciones fáciles, rápidas o seguras, pero hasta que a alguien se le ocurran otras mejores, de poco servirá la ilusión de que bastaría con dar órdenes.
Hasta mañana.