Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Juan Miguel Petit fue designado en 2015 como comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, con un mandato quinquenal y la posibilidad de ser reelecto una sola vez. Por lo tanto, su permanencia en el cargo terminará este año; es comprensible que insista con iniciativas bien fundamentadas y muy pertinentes, que reitera desde hace tiempo sin demasiado éxito.
Ayer Petit le envió más de 40 propuestas a la presidenta de la Asamblea General, Carolina Cosse, y a la comisión bicameral de seguimiento carcelario, con la intención de que sean incorporadas en un “pacto de Estado” para reformar el área de su competencia durante por lo menos diez años. Su proyecto reafirma en buena medida orientaciones ya recogidas en el Libro blanco de reforma penitenciaria que se presentó en diciembre del año pasado, como base para establecer políticas de largo plazo.
El comisionado señala que el sostenido aumento de la población carcelaria no sólo ha consolidado graves situaciones violatorias de los derechos humanos, sino que además supera “los recursos logísticos, materiales, humanos y presupuestales actuales del Instituto Nacional de Rehabilitación”, que está muy lejos de poder cumplir sus cometidos. Por lo tanto, la reincidencia de las personas liberadas tras un período de privación de libertad realimenta y agrava los problemas de convivencia y seguridad pública.
Para romper ese círculo vicioso, Petit destaca la necesidad de un sistema de medidas alternativas a la privación de libertad “más vigoroso y continente”, de fortalecer los programas de asistencia pospenitenciaria e inclusión en la comunidad, y de revertir en las cárceles, cuanto antes, carencias edilicias, de alimentación, de salud (incluyendo la mental y la atención de adicciones) y de actividades educativas y deportivas.
La lógica de las propuestas es muy clara y requiere un refuerzo de la inversión en el área, pero esto sucede desde hace mucho tiempo y el presupuesto sigue siendo muy insuficiente, mientras las penas siguen creciendo en forma desordenada, junto con el hacinamiento carcelario y las dificultades para rehabilitar. Uruguay está actualmente entre los diez países del mundo con mayor proporción de personas privadas de libertad.
La mayoría del sistema partidario ha caído demasiado a menudo en la tentación de responder a las demandas más básicas y menos reflexivas de la ciudadanía. La percepción de inseguridad lleva a reclamar que aumenten la cantidad de personas enviadas a las cárceles y el tiempo que deben permanecer presas. A muchísima gente no le cae simpática la idea de que el Estado destine dinero a mejorar las condiciones de reclusión y sólo acepta, sin mucho entusiasmo, los gastos destinados a construir más prisiones o a evitar fugas y motines.
Las medidas requeridas son aún más difíciles en un período de problemas sociales agravados y recursos escasos, pero su urgencia no deja de aumentar. Cuando Petit deje su cargo, recibirá merecidos reconocimientos, pero el mejor homenaje a él y a quien continúe su difícil tarea debería ser, por el bien del país, que no cumplan apenas el papel de una voz de la conciencia siempre desatendida.
Hasta el lunes.