Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
El nuevo proyecto de ley para la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) es un golpe duro para las personas afiliadas a esa institución, pero sobre todo para las que tenían expectativas irreales sobre su futuro.
Las medidas propuestas son, sin duda, más drásticas que las planteadas por el Poder Ejecutivo anterior, en una iniciativa que fue rechazada por el Parlamento en octubre de 2023 y dejó el problema pendiente hasta hoy. La razón de la diferencia es obvia: desde aquel momento, la situación de la CJPPU se agravó, como se sabía que ocurriría, y dentro de un par de meses ya no estará en condiciones de sostener sus egresos. Es tarde para recrear falsas esperanzas.
Supongamos que quienes ejercen alguna de las especialidades médicas mejor remuneradas, en las que la cantidad de profesionales activos se mantiene acotada, decidieran (y se les permitiera) que sus aportes jubilatorios fueran exclusivamente a una caja propia. Esa nueva institución estaría en condiciones de pagar haberes de retiro muy superiores al promedio actual para el resto de la población mientras se mantuvieran las condiciones iniciales de altos ingresos y limitación de quienes completaran el posgrado correspondiente.
Con la CJPPU pasó algo semejante desde su creación en 1954, cuando el total de profesionales universitarios en Uruguay era mucho menor y sus ingresos, en promedio, muy superiores. La situación fue cambiando por varios motivos, y hace más de una década ya estaba claro que la caja no iba a poder mantenerse en equilibrio.
En aquel momento se podrían haber tomado medidas preventivas, y quienes han dirigido la institución desde entonces (incluidas las personas que han representado al Poder Ejecutivo) tienen responsabilidades innegables. Hubo mala gestión, pero con un mínimo de realismo es obvio que no se habría podido sostener el mismo nivel de pasividades. Lo que se pudo hacer y no se hizo fue diseñar y conducir un proceso de convergencia, gradual y menos doloroso, hacia el régimen general. O sea, con contribuciones de los activos en función de sus ingresos reales, soluciones racionales para los casos en que no hay aporte patronal y prestaciones calculadas con los porcentajes y los topes que rigen para la mayor parte de la población.
Lo que está pasando ahora condensa ese proceso en forma brusca: para quienes están en actividad, mayores aportes, menores prestaciones futuras y aumento de la edad jubilatoria; para quienes ya se retiraron, reducción de ingresos. Aun así, faltan ingredientes fundamentales para la convergencia y existe el riesgo cierto de que el aumento de aportes lleve a que su monto total disminuya por “declaraciones de no ejercicio” para evitar pagos.
Algunas de las propuestas alternativas que se siguen manejando no serían sustentables a la larga: por ejemplo, seguir incorporando sectores de aportantes que, tarde o temprano, no podrían retirarse en las mismas condiciones. Otras serían injustas, porque implicarían que el resto de la sociedad hiciera un esfuerzo adicional para financiar pasividades mejores que las que la gran mayoría va a percibir, muchísimas de ellas en niveles atroces.
Hasta mañana.