Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
En San José hay siete candidaturas a la intendencia para las departamentales del mes que viene: tres del Frente Amplio (FA), dos del Partido Nacional (PN), una del Partido Colorado (PC) y una de Unidad Popular. Seis de las siete personas que se postulan respaldaron una declaración que rechaza el proyecto Neptuno “en las condiciones planteadas al día de la fecha”. Sólo no la acompañó la nacionalista Ana Bentaberri, quien fue elegida intendenta en 2020 y renunció en febrero de este año para buscar un segundo mandato. Se trata de un dato político muy significativo.
El gobierno de Luis Lacalle Pou impulsó la construcción de ese proyecto en San José y dejó firmado un contrato después de que Yamandú Orsi ganó las elecciones, pero es evidente la fuerte resistencia a la iniciativa en el departamento, que ya se había manifestado mediante una Intersocial y ahora es acompañada formalmente no sólo desde el FA, sino también por integrantes del anterior oficialismo: el candidato único a intendente del PC, Alfredo Nito Lago, y el nacionalista Rubén Bacigalupe. Esto indica que la iniciativa distaba de ser consensual en aquella coalición de gobierno, que el rechazo social ha determinado cambios políticos, o una mezcla de ambas cosas.
Sea como fuere, llama mucho la atención que desde la mayoría del PN, tan afecta a cuestionar el “centralismo” para que se permitan las designaciones directas o los riesgos de conducir motos sin casco, se les haya hecho tan poco caso a las opiniones sobre Neptuno en San José.
Por otra parte, la declaración conjunta recoge toda la gama de críticas al proyecto. No sólo las relacionadas con su impacto ambiental local, con su costo desmesurado y con la mala calidad e insuficiencia de las aguas que se tomarían del Río de la Plata para abastecer al área metropolitana, sino también la objeción de inconstitucionalidad. En este último sentido, el sexteto de aspirantes a la intendencia va más allá que el actual Poder Ejecutivo, y en el mismo documento anuncia su voluntad de entrevistarse con Orsi para discutir el asunto.
El artículo 47 de la Constitución dice, desde la “reforma del agua” aprobada por amplísima mayoría en 2004, que “el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano” debe ser prestado “exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales”.
Durante el período de gobierno pasado, la mayoría del directorio de OSE y el Poder Ejecutivo alegaron, con una interpretación sumamente discutible, que la participación en el proyecto Neptuno del consorcio privado Aguas de Montevideo (integrado por las empresas Berkes, Ciemsa, Fast y Saceem) no viola ese texto constitucional.
En las elecciones departamentales de 2020, la candidatura de Bentaberri logró 45% de los votos en San José. Está por verse qué proporción logrará el 11 de mayo, pero de algún modo la votación se transforma ahora en algo parecido a un plebiscito maragato sobre el proyecto Neptuno. Al mismo tiempo, aumentan las dudas sobre los motivos que llevaron a defender y a tratar de volver irreversible una obra cuestionada desde tantos ángulos, sin que esté a la vista a quiénes les puede convenir más allá del consorcio.
Hasta mañana.