Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
El Parlamento se dispone a retomar la cuestión de las deudas personales, que fue objeto de varios proyectos fallidos durante el período de gobierno anterior. Es una buena noticia, porque el problema del sobreendeudamiento de muchísimas personas es real, y es bueno también que se encare ahora, cuando están lejos las próximas elecciones nacionales, para aumentar la probabilidad de que los debates se aborden con rigor técnico y sin improvisaciones demagógicas.
La más notoria de las iniciativas que fracasaron fue la de Cabildo Abierto, mediante una propuesta de reforma constitucional que no logró el número de firmas válidas necesarias para que se plebiscitara. Era también la menos atinada, y especialistas de diversas orientaciones coincidieron en que su aprobación tendría efectos contraproducentes.
Aquella propuesta implicaba reducir en forma inmediata el pago de todas las deudas, incluyendo las exigidas por las instituciones estatales, las paraestatales y las públicas de derecho privado, sin distinciones relacionadas con los ingresos y bienes de las personas endeudadas. También imponía un límite de 30% anual para los intereses (por debajo de tasas aplicadas legalmente hasta entonces) y una refinanciación con quitas para las obligaciones pendientes que originalmente no superaran las 200.000 unidades indexadas (UI, en aquel momento unos 30.000 dólares).
Esas disposiciones iban a quedar vigentes en tanto no se aprobara una ley sobre el asunto por mayoría especial en el Parlamento, por dos tercios del total de componentes de cada cámara. Como es obvio, si esa norma llegaba a ser aprobada, difícilmente podía establecer condiciones más severas que las planteadas como transitorias, ya que esto habría significado una notoria injusticia en relación con los deudores ya beneficiados.
La primera consecuencia esperable habría sido una retracción en la oferta legal de crédito y mayores oportunidades para quienes prestan al margen de las normas, con intereses mucho mayores y a menudo con presión violenta sobre los deudores.
El sobreendeudamiento de las personas tiene distintas causas, y una de ellas es, por supuesto, la necesidad, que aumentó en los últimos años con la caída del salario real y el crecimiento de la pobreza. Otro motivo se vincula con fallas estatales en el control y la represión de la usura y de la publicidad engañosa sobre ofertas de préstamo, que atrapa a las personas en un círculo vicioso. No siempre se cae en esa tentación por una situación desesperada, e incide un tercer factor de gran importancia: la ausencia de educación financiera.
Resulta evidente que la solución no consiste en facilitar que la gente siga contrayendo deudas cuyo pago está fuera de su alcance, y que tampoco es posible obligar al sistema financiero legal a otorgar créditos que considere de alto riesgo. Por último, pero no con menor importancia, es crucial que se consideren los casos por separado, porque entre los grandes deudores hay unos cuantos de gran riqueza, que se han vuelto especialistas en defraudar a quienes les prestan. El diseño de normas adecuadas no es sencillo pero sí muy necesario, y hay que encararlo con sensatez.
Hasta mañana.