Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Como señaló el lunes en este espacio Gabriel Lagos, la cercanía de las elecciones departamentales no sólo determina la realización de actividades tradicionales de campaña, sino también intentos –no menos tradicionales– de incidir en los resultados mediante la generación de hechos que afecten la chance adversaria.
Uno de los ejemplos señalados fue, en Montevideo, la decisión opositora de convocar a la Junta Departamental al intendente Mauricio Zunino, para que diera explicaciones sobre la habilitación de horas extra. La base de la inquietud fue un informe publicado en el diario El País, a partir de un pedido de acceso a información pública sobre lo que ocurrió en esta materia durante 2023 (cuando la intendenta aún era Carolina Cosse).
La nota periodística destacó desde el primer párrafo que la adjudicación de horas extra estuvo en el centro de las actuaciones judiciales que llevaron a condenas del exintendente de Artigas, Pablo Caram, y de su sobrina Valentina dos Santos. En el segundo, se anunciaba que ediles del Partido Nacional iban a “aprovechar” el tema para “cargar las tintas contra las autoridades de la comuna capitalina”.
A diferencia de lo ocurrido en Artigas, en este caso no había nada parecido a una investigación judicial, y ni siquiera una denuncia formal. Otra diferencia muy significativa, que Zunino se apresuró a señalar, es de escala.
La publicación de El País manejaba cantidades totales de horas extra y montos globales por su pago; parece importante situar los números como proporción de los totales de horas trabajadas y pagadas en la Intendencia de Montevideo. El porcentaje es 4% o 5%, una proporción que, según Zunino, resulta “perfectamente razonable” tanto en el sector público como en el privado.
Por otra parte, una funcionaria consultada por El País alegó que la habilitación para realizar horas extra no implica que estas se trabajen y se cobren, sino que establece un “cupo” posible. Habría sido interesante que ese procedimiento y otros se aclararan durante la comparecencia de Zunino en la Junta Departamental, que no llegó a ocurrir.
Las juntas departamentales tienen 31 integrantes en cada departamento, y por lo menos 16 le corresponden al lema ganador, aunque no haya logrado mayoría absoluta de los votos. Pero pueden ser aún más, de acuerdo con la votación, y en Montevideo hay, en función de los resultados de 2020, 18 ediles del oficialismo frenteamplista y 13 de la oposición.
Para que se abra una sesión de la Junta Departamental deben estar presentes por lo menos 16 ediles. Con los de la oposición no alcanza para formar cuórum, y el Frente Amplio (FA), con buenos modales democráticos, aseguró que ayer estuvieran presentes tres de sus ediles. Pero no estuvieron todos los de la oposición, y la sesión no pudo realizarse.
En estos días previos a la elección departamental, la totalidad de los ediles está dedicada a las actividades proselitistas. Para la bancada opositora montevideana, la sesión fallida de ayer era obviamente parte de su campaña; para el FA, la cortesía llegó hasta distraer de su propia movilización a tres integrantes de la Junta. Era demasiado pedirle que convocara a más.
Hasta mañana.