Tras la resolución del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) de intervenir la organización no gubernamental Hogar del Bebé, con el que tiene convenio, luego de recibir denuncias por maltratos, la presidenta del organismo, Claudia Romero, convocó a una rueda de prensa para dar explicaciones sobre la situación.
El hogar, que tiene niños y adolescentes entre cuatro y 15 años, tuvo “varias denuncias” entre 2021 y 2024, según explicó, y en función de eso, el directorio anterior tomó medidas, como una auditoría financiera contable y de protección, que derivó en que en diciembre de 2023, “frente a las irregularidades administrativas y de protección” detectadas, se definiera “rescindir el contrato con este proyecto”.
Además, se decidió realizar “una estrategia de intervención” y un llamado a otras organizaciones “para que se encarguen de la protección de los niños, niñas y adolescentes que estaban en contacto con este convenio”. “Eso ocurre en diciembre de 2023, la estrategia de intervención se empieza a llevar a cabo en 2024. Se hace el llamado, pero no se ejecuta la rescisión”, apuntó.
En ese marco, subrayó que el 7 de mayo llegaron nuevas denuncias y que, desde que se definió la auditoría en 2023 hasta ahora, “se siguen detectando nuevas denuncias e incluso se reportan a la institución. Además, destacó que existe una denuncia hecha por el anterior directorio en la Fiscalía, aunque resaltó que no saben en qué está ese proceso.
Romero indicó que recién el 6 de mayo conocieron la situación por medio de una denuncia por la Línea Azul del INAU y, una vez que tomaron contacto, concurrieron al Hogar del Bebé a las 20.30 “para detectar cómo era la situación y a partir de ahí este directorio toma una serie de medidas”. La presidenta dijo que si bien las denuncias son anónimas, al haber “mucho dato”, podría ser que estas provengan de personas “cercanas a la institución [INAU] y organización civil”.
La primera fue “instalar una mesa de trabajo que defina la estrategia de rescisión” del convenio entre el INAU y la ONG, así como “el acompañamiento y la protección de los niños, niñas y adolescentes que estaban en este hogar”.
Como ya había mencionado Romero, otra de las medidas fue realizar una intervención que esté “a cargo de una dupla técnica o de técnicos de la institución que reporten a diario la situación de niños, niñas y adolescentes”. “Esto nos traía dos notificaciones: una que tenía que ver con la situación de los niños, niñas y adolescentes y el clima en el que se estaba llevando a cabo su cuidado, y otra también, que era tener la seguridad de que ninguna persona cuidadora, educadora, que había estado denunciada por malos tratos, estuviera en la atención directa de estos niños”, detalló. Una tercera es “dar cumplimiento al llamado” que ya se había asignado pero no adjudicado a una asociación que se hiciera cargo del cuidado y la protección de la población del hogar.
Consultada sobre por qué se continuó trabajando con la ONG y no se rescindió el contrato como se había dispuesto, Romero respondió que “eso debería preguntárselo al directorio anterior”. En cambio, remarcó que la actual administración del INAU, cuando conoció la situación, decidió “dar todas las líneas de acción que tenían que ver con la ejecución de la rescisión”. Aclaró que “no se puede determinar una situación al otro día”, ya que “significa hacer el llamado para que nuevas organizaciones se encarguen del cuidado”, por lo que “hay que cuidar un proceso de transición con respecto a estos niños”.
Sobre las irregularidades constatadas, la jerarca dijo que hay denuncias de malos tratos, negligencia con respecto al cuidado, específicamente en cuanto a la alimentación y el acompañamiento a determinadas actividades. A su vez, aclaró que las denuncias son contra el “proyecto”, que sería el convenio que establece el INAU con la ONG, que, en este caso, según señaló, tiene dos hogares, y “de ese cúmulo de denuncias de 2021 a 2024, hay 29”. De todas formas, dijo que, además de denunciar al proyecto, también hay algunas en contra de personas que cumplen el rol de educadoras.
Expresó que este tipo de organizaciones civiles que tienen convenios con el INAU “no solamente tienen hogares que están adjudicados por la residencia de 24 horas, sino también acompañamiento en contexto familiar”, y que este proyecto en particular “tenía 55 niños a su cargo, 39 de los cuales estaban en modelo residencial y 16 que estaban en contexto [familiar]”.
En cuanto a qué sucederá con los niños, niñas y adolescentes bajo el cuidado de ese proyecto, Romero dijo que desde el INAU están organizando un proceso de “transición”, con la “adjudicación a otras organizaciones civiles para que sean trasladados a otro convenio, para hacer el acompañamiento y la protección que corresponde”.
En ese sentido, afirmó que el “primer compromiso” de la institución es “cuidar a las niñas, niños y adolescentes”, y que “cuando haya que rescindir contratos, los vamos a rescindir”. Sin embargo, precisó que “cuando uno rescinde un contrato, donde hay niños, niñas y adolescentes en vínculo, tiene que asegurar las condiciones” para que estos “estén alojados en otro hogar”.