Inau

El juez letrado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de Primer Turno, Gabriel Ohanian, emitió el martes 4 la sentencia definitiva de primera instancia de la demanda reparatoria que presentó la madre de un adolescente contra el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) por los malos tratos que padeció su hijo en centros del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa). La sentencia condena al Estado a pagarle 2.550.000 pesos, habla de las “prácticas sistemáticas de torturas, tratos degradantes y humillaciones” con las que el Estado violentó los derechos fundamentales y, de manera ejemplarizante, establece la suma a pagar “para que este tipo de prácticas, verdaderamente medievales, sean desterradas”.

De un total de 12 trabajadores de Cutcsa que declararon ante la Justicia por casos de explotación sexual a menores, cinco fueron procesados.

Ayer se presentó el libro "Lo insoportable en las instituciones de protección a la infancia", la tesis doctoral en Educación de Carmen Rodríguez en la Universidad de Entre Ríos, Argentina. La investigación no consiste en un balance de “buenas o malas prácticas” en los hogares del Sistema de Protección a las Infancias (SPI) del INAU, sino que intenta “comprender” y “hacer visibles” aspectos institucionales que influyen en los niños y adolescentes que allí se alojan.

“En algún momento se difundió por los medios de comunicación el cierre de hogares; en realidad no hay ningún cierre de ningún hogar, ojalá pudiéramos cerrarlos”, expresó en diálogo con la diaria Fernando Rodríguez, director del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). El derecho internacional y el Código de la Niñez y la Adolescencia, vigente en Uruguay desde 2004, establecen que la internación de niños en hogares debe ser el último recurso y por el menor tiempo posible, recordó Rodríguez. El INAU está dispuesto a reorganizar los dispositivos para transformar los hogares de amparo y desarrollar estrategias para contar con más familias de acogimiento y de adopción; sabe que la institucionalización del niño, por sí sola, es una afectación de derechos y que ya no caben arreglos chicos.

El punto más conflictivo del proyecto de Rendición de Cuentas para la interna de la bancada del Frente Amplio (FA) es el recorte de los gastos previsto para 2017, entre otros organismos, para la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), la Universidad de la República (Udelar) y el Instituto del Niño y el Adolescente (INAU). Esta semana, algunos legisladores del FA mantuvieron conversaciones informales con autoridades del INAU y también dialogarán con ANEP, para conocer en qué medida los afecta esta postergación.

INAU pidió a Fenapes que se proteja la identidad del adolescente involucrado en agresión contra docente.

El año pasado, en Paysandú, la Policía detuvo a cinco personas por alguno de los delitos contenidos Ley de Violencia Sexual Comercial o no Comercial Cometida contra Niños, Adolescentes o Incapaces, de los cuales dos resultaron procesados por la Justicia. En lo que va del año ya se constató uno de los delitos contenidos en la ley. El miércoles, un hombre de 64 años que abusó de su sobrina de 17 “bajo amenazas” terminó procesado con prisión por el delito de retribución o promesa de retribución a niños o adolescentes para que ejecuten actos sexuales o eróticos. Además, el viernes la Justicia también procesó con prisión al subdirector del hogar Nº 22 del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay de Rocha, por el mismo delito.

El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) y el programa Uruguay Crece Contigo, del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), intervinieron ayer en un caso a partir de la publicación en Facebook, por parte de una pareja, de fotos de su bebé con un arma en el pecho. La foto tenía la leyenda “aka con mi papito por ir a robar” (sic). El INAU tomó conocimiento del hecho el viernes, a partir de la cantidad de réplicas que tuvo la imagen, dijo uno de los directores del INAU, Fernando Rodríguez.