Una veintena de colectivos feministas y que trabajan por los derechos de las infancias y adolescencias expresaron su “profunda preocupación” por el “tratamiento público y político” en torno a la denuncia que realizó la excandidata a la vicepresidenta por el Partido Nacional, Valeria Ripoll, contra tres adolescentes que están bajo el amparo del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). La semana pasada, el fiscal de Adolescentes de 2º turno, Pablo Rivas, dispuso como medida cautelar la internación de las adolescentes, de 14, 16 y 17 años, en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente por 30 días, mientras continúa la investigación, que es por dos delitos de lesiones personales y un delito de violencia privada.
“Los hechos denunciados deben investigarse y las personas afectadas deben recibir protección y reparación. Las adolescentes conservan, a la vez, todos sus derechos: a la intimidad, a la dignidad y a un proceso con garantías, libre de exposición y de condena pública”, aseguran las 23 organizaciones en un comunicado difundido este lunes. Entre los cuestionamientos, señalan “las desigualdades en los tiempos y las respuestas del sistema de justicia”, en tanto “una denuncia que involucra a una figura política obtuvo respuesta judicial en seis días y culminó con la privación de libertad de tres adolescentes por 30 días”, mientras “miles de mujeres, niñas, niños y adolescentes que denuncian violencias de género y sexuales esperan meses, y en ocasiones años, para que sus denuncias sean investigadas”. “¿Dónde está la urgencia cuando quienes denuncian son mujeres, niñas y adolescentes sin poder político, exposición mediática ni capacidad de instalar sus demandas en la agenda pública?”, apuntan.
Los colectivos afirman que la actuación de Ripoll, “una dirigente política, excandidata a la vicepresidencia de la República, con enorme capacidad de incidencia y llegada a los medios de comunicación”, merece “un señalamiento contundente”. “Filmar a las adolescentes, exponerlas públicamente, difundir imágenes del episodio y exhibir reiteradamente las marcas de la agresión sufrida contribuyeron a instalar una narrativa de alarma y rechazo social hacia las adolescentes que están bajo la responsabilidad y protección del Estado”, señalan, y agregan que “toda persona tiene derecho a denunciar una agresión y a reclamar respuestas institucionales”, y “las adolescentes tienen derecho a la intimidad, la dignidad y la protección de su identidad” durante todo el proceso, según establecen los artículos 16 y 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
“Cuando quien expone es una figura pública, la responsabilidad es mayor por su capacidad de instalar discursos y movilizar a la opinión pública. Se trata de una actuación irresponsable y estigmatizante, incompatible con una perspectiva de derechos humanos”, sentencian los colectivos.
También cuestionan la decisión judicial de privar de libertad a tres adolescentes durante 30 días, una medida que, según dicen, “carece de finalidad educativa o rehabilitadora, les asegura la etiqueta de infractoras y desplaza la mirada sobre las omisiones del sistema que debía protegerlas”. En esa línea, aseguran que “su único efecto es retribuir el daño y dar una lección”.
“Nos indigna que se reclame con tanta energía el castigo y se destinen tan pocos recursos a las políticas que podrían transformar estas realidades. El sufrimiento de estas adolescentes está siendo usado como espectáculo mediático, como oportunidad de capitalización política y como excusa para alimentar discursos de odio y demandas de mayor castigo contra las infancias y adolescencias pobres”, detalla el texto.
El comunicado recuerda además que, a marzo de 2025, había 7.835 niñas, niños y adolescentes en el sistema de protección de INAU, y que el Mecanismo Nacional de Prevención de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo documentó distintas dificultades que exponen allí un “problema sistemático”. Entre esas dificultades, mencionan que “40% de los centros atendió a más niñas, niños y adolescentes de los que admite su capacidad”; que hubo 190 intentos de autoeliminación en el último año y “una espera promedio de nueve meses para el traslado a un centro especializado” en atención a la salud mental; que 35% de los centros registró ingresos motivados por explotación sexual; y que 73% registró salidas acordadas en los últimos seis meses, “con desapariciones que se prolongaron entre seis meses y un año”.
“Pese a estas omisiones estructurales graves y sistemáticas”, el Estado “no ha garantizado medidas que hagan cesar la lesión de derechos de quienes se encuentran bajo su custodia. En este caso, la única respuesta institucional rápida fue la privación de libertad de tres adolescentes, resuelta en seis días”, cuestionan los colectivos.
Por último, exigen al Estado que, “junto con la investigación del hecho, se investigue la actuación del sistema de protección respecto de estas tres adolescentes: qué medidas se adoptaron, qué equipos técnicos las acompañaban, qué alertas existían y qué respuestas se omitieron”, además de “se cese su exposición pública”. Al mismo tiempo, piden “que se adopten de inmediato medidas que hagan cesar las vulneraciones documentadas por la INDDHH”; que “se asignen los recursos necesarios para que el Estado cumpla las obligaciones que asumió al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño”; y que “nunca más se utilice a un niño, niña o adolescente para someterlo al escarnio público, al escarnio mediático y al oportunismo político”.
“El encierro por 30 días llegó antes que la protección que sus trayectorias de vida reclaman. Opera como un estigma que pone en ellas el foco de la infracción y las convierte en las únicas que asumen el costo de la desidia institucional. Las vidas de estas adolescentes importan. Sus derechos importan”, concluye el documento.
Las organizaciones firmantes son: Abriendo Puertas de la Red de Mujeres Rurales de Maldonado; Abogadas de Mujeres, Infancias y Disidencias; Asamblea Permanente de Mujeres, Lesbianas, Trans y no Binaries de Paysandú; Brigada China María - Paysandú; Cátedra de Género y Generaciones de la Universidad Claeh; Colectiva Feminista Julieta Purtscher; Colectiva Feminista Mujeres Canarias Autoconvocadas; Colectiva Tamo’ Jntxs; Cippus; Derechos con Voz; El Abrojo; El Paso; Feministas Comunitarias y Disidencias de Piriapolis; Feministas Nueva Helvecia; Feministas Organizadas de la Costa; Hermandad Pro Derechos; Hijos del Sistema; Mujeres y Disidencias Organizadas de Colonia; Nietas de Abella; Plataforma Infancias y Adolescencias; Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual; Taller por la Liberación de la Mujer Célica Gómez.
