La semana pasada en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) se desarrolló el conversatorio “Márgenes: territorio en conflicto”, una actividad organizada por el Centro de Estudiantes y Arquitectura (CEDA).
El afiche convocante anunciaba a cuatro oradores invitados e incluía una imagen llamativa, en la que se podía ver una isla en el mar y sobre ella tres filas de edificios, en un dibujo 3D con el que los impulsores del proyecto Montevideo 360 promocionan su iniciativa; según su página web, se trata de “un nuevo landmark para Montevideo” con “una inversión privada prevista en el entorno de 2.300 millones de dólares” y la generación de “4.500 nuevos puestos de trabajo durante la totalidad del período de ejecución del proyecto”.
“Recientemente las problemáticas relacionadas con la arquitectura y el urbanismo han estado en boca de la sociedad, en general a causa de una serie de proyectos vinculados con las márgenes de nuestros ríos; proyectos que, más allá de su gran escala, no dejan de ser la construcción de una parte. Ineludiblemente, debemos considerar el impacto que esta parte tiene en el todo, impactos directos e indirectos sobre el medioambiente, el espacio físico y las condiciones sociales que se imponen en nuestras ciudades”, dijo uno de los integrantes del CEDA que abrió el conversatorio.
La primera expositora fue la arquitecta y docente Laura Alemán, quien concurrió, además, en su carácter de representante e integrante del Colectivo por la Rambla Sur. Alemán señaló “la dificultad de la facultad y de los arquitectos para abordar estos temas desde su dimensión política [y no sólo] como si fueran estrictamente técnicos”. “Es un error”, dijo, y agregó que se debe considerar como igualmente importante “la dimensión política, para pensar lo que es bueno para una ciudad”.
Sobre el proyecto que propone instalar una isla sobre la costa montevideana, cuestionó a los arquitectos que argumentan que no pueden opinar por “no haber visto el proyecto”, y afirmó que, para tomar postura, es suficiente con saber que se basa en un modelo de concentración de habitantes de ciertos sectores sociales, y no en un espacio de intercambio social: “Uno puede adivinar que, por lo pronto, se trata de un proyecto que no ayuda a combatir la fractura social, sino todo lo contrario”.
En el mismo sentido, dijo que el proyecto Montevideo 360 fomentaría “una segregación socioespacial negativa e inconveniente”. Habló de motivos pragmaticos, como la marginalidad que generaría, y otros, ético-normativos: “¿Qué tipo de ciudad queremos?”, se preguntó, y llamó a no temer mencionar en estas discusiones “lo ideológico”.
“La isla me parece un disparate. No estamos en Japón, con ese tipo de densidad de población. Todo lo contrario”, afirmó, y añadió que no alcanza con un diagnóstico empírico y técnico para pensar en “un modelo de ciudad”. Por último, llamó a preguntarse: “¿Cómo queremos vivir? ¿Cómo nos vamos a relacionar en el futuro próximo?”.
El arquitecto Eduardo Brenes, especialista en impacto ambiental en la gestión costera, comenzó hablando sobre la naturaleza de “las cabezas de los arquitectos”. “Son muy específicas y les cuesta la transversalidad”, dijo.
Para el estudio de este proyecto expresó la necesidad de separar aspectos “medibles” y otros “intangibles”.
“La propuesta de la isla es consistente. Quienes presentaron el proyecto no fueron tontos y estuvieron bien asesorados. No habrá problemas, por ejemplo, en el suministro de agua. Eso ya lo tienen solucionado”, dijo. “Luego hay otros aspectos intangibles. Por ejemplo: ¿cómo voy a medir el impacto que puede tener en la sociedad, y sobre todo en aquellos que atesoran el paisaje de la rambla? ¿Este espacio va a guetificarse como las chacras de La Tahona? Si soy pobre, ¿cómo voy a llegar hasta ahí?, ¿nadando? ¿Cómo pueden cambiar la flora y la fauna? ¿Qué pasará con los pescadores artesanales, que son parte de una imagen que seguimos sosteniendo porque nos resulta agradable? ¿Qué pasará con las puestas de sol si quedan detrás de unos edificios para ricos?”, se preguntó, y como interrogante principal planteó: “¿Quién se va a responsabilizar por estos cambios?”.
Por último, puso el énfasis en la variante tiempo. “El grupo inversor necesita que esto se solucione rápido. Propone muchos puestos de trabajo pero ¿cuáles son los tiempos de discusión que necesita esto? Lo que se construyó [una torre en 1970] en la isla de Malvín [Isla de las Gaviotas] fue una vergüenza y hubo que demolerlo. Yo propongo pensar en el principio de precaución. El impacto posible de un proyecto de estas características me genera una duda válida. ¿Qué costo tendrá para futuras generaciones? Hay que poner el cuidado en los tiempos de evaluación. Además, los actores en juego están cambiando. El tiempo está metido”, concluyó.
La arquitecta Mercedes Medina, especialista en manejo costero integrado del Cono Sur de la FADU, se declaró “pragmática” e inició su presentación expresando que en Uruguay hay “700 kilómetros de costa marina y océanica que alberga a 70% de la población y 70% del producto bruto interno”, y que actualmente existe “una demanda por recursos, espacios y viviendas”.
Señaló que los diversos proyectos sobre la costa impactan en movimientos de sedimentos y arenales. Dijo que “bajo el paradigma de la urbanización, un proyecto puede estar en Colonia o en la Costa Brava, o en cualquier otro lado”. Y dejó planteadas dos interrogantes: “¿Queremos homogeneizar toda la costa, como en Maldonado? ¿Quién piensa todo el territorio de la costa en términos de proyecto?”.
Luis Oreggioni, arquitecto, y director de planificación de la Intendencia de Montevideo (IM) inició su ponencia expresando que “los asuntos territoriales siempre están vinculados con la convivencia y por tanto son asuntos políticos”.
Informó que durante mayo Presidencia terminó su evaluación del proyecto Montevideo 360 y que “la IM no fue parte de la evaluación institucional”. Agregó además que el proyecto fue acercado a la intendencia “de manera informal”.
“Asumo que esta es una situación un poco absurda, por lo que sólo podemos hacer una evaluación primaria”, dijo. “Mucha gente se pregunta, incluso, si este es un proyecto que pertenece a Montevideo. Ratificamos que, efectivamente, pertenece a esta ciudad, en todos sus aspectos”.
“No es una isla privada, tendrá calles por las que se podrá circular y un espacio privado. Pero ese no es el problema”, afirmó.
“Nosotros, desde la IM, nos hemos parado en un análisis que parte de las directrices nacionales de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible [Ley 19.525], donde se promueven, por ejemplo, la conformación de tejidos residenciales socialmente heterogéneos, impulsando políticas de rehabilitación, revitalización o mejoramiento constante de los espacios públicos urbanos, tanto centrales como periféricos, en términos urbano-arquitectónicos y de integración social”, expresó.
Según el jerarca, lo referido en dicha reglamentación es suficiente para que quede claro que “la fabricación de suelo privado no es una necesidad y que no es un objetivo para Montevideo”.
“El fondo del asunto es: suelo privado para vender”, dijo. “Los promotores de este proyecto nos cuentan una película, pero estamos hablando de un territorio de los más caros que puede haber en el país. Estamos hablando de segregación territorial, y el proyecto de la isla se acaba ahí. Para Montevideo no sirve. Tiene una absurda ubicación en la rambla y una dudosísima conexión vial. No es viable. Nuestra consigna es: para la rambla y para el agua, nada que sea privado”.
Por otra parte, Oreggioni se refirió a otros proyectos costeros como el de un puerto en el dique Mauá y otras obras a su alrededor: “Este es un proyecto público con una concesión para ferris y barcos. Creemos que favorece el ingreso de turismo y la revitalización de zonas con problemas como el Centro y la Ciudad Vieja. Por tanto, nos parece un proyecto altamente favorable para la ciudad. En esta nueva versión del proyecto, con la intendenta [Carolina Cosse] nos aseguramos de que las edificaciones no superen la altura de los edificios sobre la rambla [el de las Carboneras de la Compañía del Gas en la rambla Sur y su torre del reloj], que serán reciclados como parte de la obra, teniendo en cuenta el impacto ambiental, social y la movilidad”.
Luego de la participación de los cuatro oradores invitados, tomó la palabra Ramiro Rodríguez, también integrante del colectivo Por la Rambla Sur.
Mencionó que no se debe olvidar que también “hay tiempos para la sociedad civil y sus organizaciones, como la que representa nuestro colectivo”. Afirmó: “El tiempo de la reacción es este”, y reclamó en forma de pregunta: “¿Qué es esto, que no sabemos muy bien de qué se trata?”.
Luego, en relación con el nuevo proyecto del dique Mauá y los dichos de Oreggioni, expresó: “Parece rarísimo que la intendencia sea la vocera de esta nueva iniciativa. Si vamos a seguir actuando en Mauá, ¿existe un estudio serio? Además, acá hay un sujeto omitido que es Buquebus”, dijo. “No se entiende que no haya un estudio sobre la costa de la bahía. Tampoco sabemos a qué zona de la ciudad van a ir a parar las torres que ahora no van a hacerse en Mauá”.
Por su parte, el arquitecto Fernando Rey dijo “no estar a favor ni en contra” del proyecto de la isla y ser parte de un grupo de arquitectos catalogados por algunos como “truchos”.
Añadió que no coincidía con mucho de lo manifestado por los oradores y afirmó que al proyecto de la isla se puede acceder de forma sencilla, ya que, mediante la presentación de la cédula de identidad en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, “cualquiera que lo solicite puede mirar sus documentos”.
A contrapelo de la preocupación por el proyecto Montevideo 360 manifestada por buena parte de los presentes, dijo que “a ningún turista le va a llamar la atención [una isla]. En la variedad está el gusto. Además, ver nada en la lejanía a veces no sé si es bueno. Capaz que poder ver algo en el horizonte nos hace bien”.
Más tarde, Alemán volvió a tomar la palabra: “En Montevideo ya tenemos islas, guetos de ricos y de pobres. Hablamos de exclusión deliberada o forzada, según el caso. Construir una isla de modo deliberado es fabricar la desgracia, fabricar adrede lo que ya ocurre en la ciudad debido al modelo económico vigente. Si queremos una isla es porque queremos una sociedad desigual”.