Arquitectura hostil: “Las normas tienen que responder a las transformaciones culturales, sociales, que van sucediendo”, afirmó alcaldesa del Municipio B

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Macetas de gran porte y elementos punzantes sobre el suelo son algunas de las características de la denominada “arquitectura hostil”. En octubre pasado, un hombre de 30 años tropezó con un escalón en la fachada de un edificio –ubicado entre Héctor Gutiérrez Ruiz y Durazno– en Montevideo y cayó sobre una hilera de elementos punzantes. Luego de su internación en terapia intensiva, la persona falleció producto de heridas en el ojo izquierdo y parte del cerebro.

A raíz de esta situación, el Municipio B planteó a la Intendencia de Montevideo (IM) la creación de un grupo de trabajo que propusiera un mayor marco normativo, medidas y procedimientos en el uso y posterior colocación de elementos materiales vinculados a la arquitectura hostil. El equipo de trabajo está conformado por representantes de la Secretaría General y el Departamento de Desarrollo Urbano y Planificación, de la División Asesoría Jurídica, los Servicios de Contralor de Edificación, Convivencia Departamental y la Unidad de Normas Técnicas y Edilicias.

Primeras medidas

En diálogo con la diaria, la alcaldesa del Municipio B –jurisdicción donde ocurrió el accidente–, Silvana Pissano, dijo que el actual intendente de Montevideo, Mauricio Zunino, “rápidamente tomó la definición y se constituyó ese grupo”. La jerarca además mencionó que participó en la primera reunión realizada en diciembre. En esa línea, la propuesta ya está en la órbita de la Junta Departamental, el órgano legislativo departamental.

Consultada sobre la falta de regulación sobre lo referente a la arquitectura hostil, Pissano destacó que el Municipio B tomó dos medidas al respecto; la primera fue “solicitarle a la intendencia que creara este equipo para constituir la norma” y la segunda medida refirió al relevamiento y la posterior intimación hacia los propietarios de viviendas o comercios que tuvieran elementos punzantes en sus fachadas. “Hicimos un relevamiento de más de 400 padrones en todo el municipio, de los cuales se han intimado y tenemos prácticamente ya el 40%”, afirmó la alcaldesa. Destacó que los vecinos retiraron “los pinchos” que tenían o los modificaron con el objetivo de que “no fueran peligrosos”.

Con relación a las sanciones y las medidas punitivas, Pissano destacó que con la reglamentación de la normativa “es mucho más claro para la población” lo que no se puede hacer: “La parte punitiva corresponde, como cualquier norma”. Sin embargo, el titular de la Defensoría de Vecinos y Vecinas de Montevideo, Daniel Arbulo, en entrevista con la diaria dijo que lo punitivo “no va a dar respuesta mágica a este problema” y que se pueden crear “32 leyes más prohibiendo cosas”, pero el “problema efectivamente lo vamos a seguir teniendo”. Acerca de las afirmaciones de Arbulo, la alcaldesa expresó que “las normas tienen que responder a las transformaciones culturales, sociales, que van sucediendo. Por algo esto [la arquitectura hostil] no estaba, no existía y hoy ha tenido lamentablemente una coyuntura compleja donde se duplicaron en este último período las personas que están en situación de calle [ver recuadro]. Entonces, muchos vecinos, para separar y proteger su privacidad, han colocado elementos que –sin la intención– resultan peligrosos para cualquier transeúnte”.

Además, vinculado a las personas en situación de calle, Pissano subrayó que es un “problema estructural de la sociedad” que “se ha profundizado en este período de 2020 a 2025” para el que “las respuestas de los organismos [del Estado] son insuficientes”. Por último, resaltó que “los problemas estructurales necesitan de la articulación constante entre los distintos niveles de gobierno”, como, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social. “Este problema es del gobierno nacional y, como hemos visto, no ha dado las respuestas adecuadas”, agregó Pissano.

Cuestión de fondo

Por otra parte, Arbulo evidenció que más allá de la arquitectura hostil y su vinculación con el entorno, el foco se encuentra en la convivencia entre la comunidad vecinal y el lugar que habitan. “Esto de fondo tiene algunas prácticas o algunas situaciones complejas en barrios de Montevideo, que tienen que ver con una situación de inseguridad, también con algunas cuestiones de molestia frente a la cantidad de gente que hay en situación de calle, y es una respuesta, no frente a la ausencia de normativas, sino frente a la ausencia de política pública”. Frente a este panorama, Arbulo insistió: cuando existan elementos punzantes en la vía pública, “no hay dos lecturas, hay que retirarlos”. En esa línea, indicó que “sin acción política coordinada y sin un cambio cultural de las formas de convivencia, no vamos a arribar a buen puerto”.

“Cotidianamente nos están llegando reclamos y planteos de formas de convivencia complejas en todos los barrios de Montevideo, del vecino que se enoja con otro y tira la basura del edificio para la casa de al lado, de la persona que está fumando en el balcón, y nosotros entendemos que este es el trasfondo de la cuestión. Vos podés mañana resolver la normativa que te parezca, pero si no te cuestionás como comunidad que estamos teniendo una forma hostil de vincularnos, esa es la complejidad que tenemos. Y ahí nuestro llamado es en términos de la importancia de trabajos que, por ejemplo, se hacen en el municipio B con los promotores de convivencia [barrial], tratando de que alguien entienda la forma de vida de la otra persona”.

Por último, Arbulo explicó que, de momento, desde la Defensoría consideraron que “había que darle cierto compás de espera” al grupo de trabajo vinculado a la arquitectura hostil.