El martes, los trabajadores de la Dirección Nacional de Cultura (DNC) hicieron saber, mediante una carta “a la ciudadanía”, que habían decidido presentarse como denunciantes ante la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) por vulneraciones al artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se refiere a las “condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo”.
El texto difundido por la Asociación de Trabajadores de Educación y Cultura (ATEC) denuncia una situación que “no es nueva”, pero que, dice, “se ha visto agravada hasta lo intolerable”. Habla de trabajadores “que han pasado seis meses sin cobrar su salario, trabajando sin contrato”, de otros con contratos precarios, y de la desvinculación de trabajadores a los que se les había anunciado la “renovación contractual”, con el argumento de “faltas presupuestales que no impidieron el ingreso –sin concurso alguno– de nuevas personas con remuneraciones que duplican o triplican las existentes, profundizando la inequidad salarial”.
“La deuda que se tiene con las trabajadoras y los trabajadores es económica pero también emocional, es una deuda con los derechos humanos vinculados al trabajo y por eso acudimos a la Institución Nacional de Derechos Humanos”. Y como esta situación afecta la calidad del trabajo, dicen, es que “dan a conocer la situación a la ciudadanía”.
Williams Martínez, vocero de la ATEC Base Cultura, dijo a la diaria que han denunciado “sistemáticamente” esta situación “en todos los canales institucionales que hemos tenido, tanto en la interna del Ministerio de Educación y Cultura [MEC] como en los organismos competentes de trabajo”.
Martínez recordó que la situación se arrastra desde la administración anterior y que motivó una medida de ocupación en 2017. “Pero se dio que en esta administración se fueron agravando las situaciones que vivíamos con anterioridad”.
Entre ellas está la falta de una estructura organizativa para la DNC. “No tenerla implica no tener el derecho a la carrera administrativa y a la generación de vacantes que esa carrera te brinda. Nunca hemos tenido la posibilidad de ascender”, explicó. Una mesa de negociación logró diseñar una estructura, pero no llegó a aprobarse. “Esta administración no la consideró y está haciendo una estructura sin una mesa de negociación colectiva”.
“Al mismo tiempo, nos encontramos con ingresos al Estado por medio de contrataciones irregulares, como son los contratos de Horas Docentes. Están ingresando nuevos funcionarios a la administración pública sin un llamado abierto ni las garantías del debido proceso, y con salarios muy por arriba de las tablas salariales”.
El sindicato cree que las vacantes generadas por la creación de cinco institutos pudieron haberse cubierto en la Ley de Presupuesto. “Esa tendría que ser la manera legal, correcta y formal. Ellos dicen que generaron estas Horas Docentes porque no tenían la posibilidad, pero la tenían”.
Sobre el retraso en el pago de salarios originado por las demoras del Estado para renovar los contratos, Martínez dijo: “Tenés que tener la capacidad de prever los diferentes procesos administrativos. En esta administración no hubo esa previsión con respecto a los salarios, y tuvimos compañeros que estuvieron cinco o seis meses trabajando y sin contrato firmado”.
“Estamos haciendo las denuncias en todos los organismos correspondientes, porque no hemos tenido posibilidad de llegar a una solución, a una ruta de trabajo. Y además porque es una vulneración sistemática de nuestros derechos desde hace años”. “Esperamos que quede transparentado para la ciudadanía y para la institucionalidad”, concluyó.
A la dirección
La directora nacional de Cultura, Mariana Wainstein, habló con la diaria sobre la carta y dijo que no la esperaba, pero la respeta. “Hay un tema que plantean con el que estoy totalmente de acuerdo, que son unos contratos que se atrasaron de manera sorpresiva para todos. Tenemos seis contratos en esa situación y estábamos del mismo lado ambos, y de acuerdo en que ninguna de las dos partes quería esto”.
El tema, sin embargo, no sería tan fácil de solucionar, dice, porque el Estado uruguayo “no es rápido” y hay que estar “atrás de cada trámite, cada carpeta, cada expediente”. “Estos problemas son los de siempre. Los sueldos, la carrera funcional, son problemas que vienen desde hace años”.
“Hemos avanzado muchísimo en temas de contratos precarios y de Horas Docentes”, dijo Wainstein, quien marcó una diferencia con el sindicato en la valoración de esta herramienta. “En la Ley de Presupuesto nos preocupamos de poner artículos que permitan transformar horas docentes en contratos, por lo cual por lo menos encontramos soluciones”.
También destacó la creación de los institutos. “Algunos existían de hecho, otros no existían, así que tuvimos que buscar gente idónea y contratarla. Pero no salimos a contratar masas de gente, contratamos tres personas en un instituto, cuatro en otro donde no había nadie. Fuimos súper prudentes con los fondos públicos”.
Las nuevas incorporaciones fueron criticadas en la carta, a lo que Wainstein respondió: “Hay gente idónea que entró a trabajar y por este problema de los contratos en el Estado los tuvimos que contratar provisoriamente con Horas Docentes. Estamos en contra de contratar gente que no es docente con Horas Docentes, pero lo hicimos pensando en que había que empezar a trabajar”.
Con respecto al reclamo por sueldos de “20.000 pesos más” que los que cobran los funcionarios de la DNC, sostiene que no correspondía. “Uno tiene toda la estabilidad de ser un funcionario público” y el otro “está contratado hoy y mañana se quedó sin trabajo. No me parece una comparación coherente”. “Y me parece hasta estratégicamente raro que quieran empatizar con la ciudadanía desde el lugar de trabajo estable del funcionario público, en un momento como el que estamos viviendo y como el que está viviendo el sector cultural”, agregó.
Sobre las falencias estructurales de la DNC, explicó que “a nivel del Estado” se está trabajando en una estructura que llevará tiempo. “Pero nosotros no estamos cruzados de brazos esperando. Hicimos un dibujito básico, y por supuesto que vamos a cumplir todas las instancias de negociación cuando el Estado, en sus oficinas correspondientes, nos baje línea de para dónde vamos con el tema”.