La respuesta se repite aunque varíen las preguntas. En Uruguay no hay políticas públicas para la prevención del abuso sexual en el deporte. Sin importar dónde se busque, poco se encuentra y, entre la culpa y el miedo, el silencio se impone. Sobre razones, antecedentes y denuncias, el vacío se ha convertido en la única norma.
“No hemos tenido denuncias de abuso”, afirma Ana Leite, secretaria técnica de la Federación Uruguaya de Natación (FUN). De acuerdo a la encuesta elaborada en 2015 por la Secretaría Nacional del Deporte (SND), sólo cinco de las 55 entidades deportivas de Uruguay son dirigidas por mujeres, y una de ellas es la FUN, cuya presidenta es Verónica Stanham. A pesar de que hay una predominancia femenina en los cargos directivos, Leite destaca que “en los lugares de poder sobre el deportista sigue habiendo una disparidad tremenda” porque “las pocas mujeres que hay, están en las categorías de menores y no con la selección”. Desde la directiva, además de promover la paridad, se busca establecer un contacto “cercano y no invasivo” de parte de los entrenadores, pero eso no evita que aparezcan discrepancias.
Algún problema hay, denuncias no. “A veces te deja pensando si es porque se están haciendo las cosas bien, o si no saben cómo son los mecanismos para hacerlo [denunciar]”, reflexiona Leite. Aunque los protocolos son inexistentes, la FUN cuenta con una comisión interdisciplinaria a la que los nadadores pueden acudir, siempre que sus experiencias “no sean de una gravedad que tenga que ir a la Justicia”. Una vez que se presenta el conflicto, las autoridades intentan investigar la causa mediante reuniones entre padres, técnicos y dirigentes. Para Leite “hay cosas que son fáciles de detectar”, pero lo más complejo es el abuso emocional, que suele disfrazarse de protección, bajo el lema “lo hago por su bien”.
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Gloria Daners, presidenta de la Liga Femenina de Básquetbol (LFB), dice que cuando hay situaciones no te enterás “porque la masa crítica que hay alrededor del básquetbol femenino es muy poca, entonces no se difunde”. Sin embargo, en un terreno marcado por la invisibilidad, lo que no se observa se oye. “Nada oficial, son rumores”, previene Daners, luego de contar que ha escuchado que antes de su incorporación “hubo una denuncia con respecto a alguna situación que se dio con funcionarios de la Federación Uruguaya de Basketball [FUBB]”. Murmullos similares circulan por los clubes, sobre los que la FUBB no puede hacer más que “abrir los ganchos y ver qué está pasando”, debido a su falta de potestad.
Abrir los ganchos o los ojos, como prefiere decir Matías Gutiérrez, de la Federación Uruguaya de Gimnasia (FUG), parece ser el puntapié inicial. En su caso no fue por rumores, sino por la avalancha de denuncias a nivel internacional que llegó luego del estreno del documental Atleta A. El largometraje que expuso los abusos que sufrieron cientos de gimnastas por parte de Larry Nassar, médico de la Federación de Gimnasia de Estados Unidos, logró romper el silencio que reinó por años. “Todo el mundo sabía, pero nunca se había llegado a esto”, relata Romina Castellini, exgimnasta y jueza, a quien dirigentes de la FUG llamaron cuando comenzaron a pensar en talleres de prevención, que aún no han podido concretar. Después de la serie de casos, que aparecieron de país en país en un perfecto efecto dominó ‒Australia, Alemania, Bélgica son sólo algunos de los afectados‒ la FUG “tomó nota” y entendió la necesidad de actuar.
No sólo por el panorama mundial, también por lo que sucede acá. Aunque la información escasea, Gutiérrez recuerda que hubo una denuncia en un club ajeno a la FUG: “No se supo públicamente nombres ni nada, pero sí salió una publicación sobre un caso en el interior”. Con todas estas cartas sobre la mesa, llegaron las propuestas. Al principio la idea era hacer capacitaciones, tanto para gimnastas y docentes como para sus padres y autoridades, pero la pandemia y un “presupuesto limitado” obstaculizaron su ejecución.
“Estamos medio quedados, pero la esperanza está”, expresa Gutiérrez después de admitir que desde la FUG saben que las situaciones de abuso sexual y emocional “aparecen cada vez más, no sólo en el deporte, en muchos ámbitos de la vida”.
Por su parte, Castellini resalta que aunque existe la intención, sobre todo desde la comisión femenina, no se apunta a un abordaje integral. Para prevenir, además de dar talleres, “tenés que pensar en los reglamentos” y en cómo estos fomentan prácticas peligrosas, especialmente en el ambiente de la gimnasia, caracterizado por particularidades que aumentan la vulnerabilidad de sus practicantes. Las niñas comienzan a entrenar entre los cuatro y cinco años, y su pico de entrenamiento es a los 15 o 16. Una atleta de diez años puede llegar a practicar 30 horas por semana. “No es lo éticamente correcto, pero sucede”, afirma la exgimnasta. Además, estas instancias suelen desarrollarse a puertas cerradas, con la mera presencia de las atletas y su docente, en quien depositan toda su confianza. “Literalmente vos, cada vez que saltás, tenés que caer parada, y si no caés parada, el que te agarra es el entrenador”. Le confían todo y “esa línea se puede correr”.
Abrir los ojos
“Son cosas que pasan”, dice Andrés Durán, presidente de la Federación Uruguaya de Yachting a Vela (FUYV). Por eso, cuando los niños viajan con sus instructores, “siempre se tienen todos los recaudos para que no exista ningún tipo de problema al respecto”. No debería haberlos, porque “prácticamente todos son certificados” y los programas de sus capacitaciones, que corresponden a la Federación Internacional World Sailing, incluyen en sus currículas “la protección y todo lo que es abuso, tanto en el nivel básico como en el avanzado”.
La Organización Nacional de Fútbol Infantil (ONFI) va por el mismo camino. Eduardo Monsegui, su presidente, apunta a “modificar” los planes de estudio de los entrenadores, además de sostener su obligatoriedad. “Antiguamente, cuando uno decía ‘técnico de fútbol infantil’ lo único que la gente pensaba era en cómo se le pegaba o dominaba la pelota”. Ahora que con el tiempo han cambiado las prioridades, se han sumado psicólogos, médicos y maestros a su planificación. Como otros, Monsegui acepta que este es “un problema que no escapa del deporte” y por lo tanto no hay que esperar, sino “estar un paso adelante”. Además, el presidente reconoce que en ONFI es usual recibir “inquietudes” por parte de ligas, clubes, o padres. Cuando surgen “se hace un seguimiento y se trata de abarcar todos los tipos de situaciones, que son diversas y de diferente índole”. “Tenemos dos opciones: o nos hacemos los distraídos o abordamos este tema de forma responsable”, concluye.
“Hay cero preparación desde el punto de vista pedagógico”, afirmaba hace algunas semanas el comodoro del Yacht Club Uruguayo (YCU), Gustavo Coll. Al ser consultado al respecto de la existencia de denuncias en su club, Coll no mencionó ninguna, pero este fin de semana fue difundida una carta que evidencia lo contrario. En el documento, una velerista menor de edad interpela al Comité Directivo del YCU por su inoperancia frente a la denuncia de abuso que presentó contra un instructor en octubre de 2019. Según relata la madre de la adolescente, luego de exponer lo sucedido las autoridades les plantearon que si no presentaban la denuncia a Fiscalía “ellos podían ser acusados por difamación”. Bajo ese argumento, que no reconoce “todo lo que implica hacer una denuncia penal” para la víctima, el YCU se desentendió. “No hizo absolutamente nada y, de hecho, guardó debajo de la alfombra cartas previas de los padres de los más chiquitos denunciando situaciones de violencia de parte de él, en las que los insultaba o incluso les llegaba a pegar”. El implicado nunca fue apartado de su cargo. Simplemente “presentó la renuncia y se fue limpito, sin dejar una mancha en su legajo”.
A este se suman los casos de las jugadoras de la Federación Uruguaya de Hockey sobre Césped (FUHC), que entre marzo y mayo hicieron públicas sus denuncias sobre dos entrenadores, mediante comunicados publicados por el colectivo Espacio Seguro Hockey, creado para este fin. Primero fue denunciado un técnico por abuso sexual hacia una de las jóvenes, “así como acoso y abuso psicológico hacia sus compañeras de equipo”. Dos meses después, la demanda se repitió contra otro entrenador, que además de abusar de una adolescente que tenía 15 años en el momento del hecho, acosó sexualmente a otras personas que oficiaron de testigos. De acuerdo a lo planteado, “estos casos son moneda corriente” en una federación que se ha acostumbrado a normalizar “situaciones que generan mucha angustia y dolor”.
Actuar
Durante 2019, una comisión especial de la SND se dedicó a la elaboración de una guía que significó para Fernando Cáceres, exsecretario, “uno de los trabajos más importantes” de su gestión. La guía para la protección del deportista surge con la intención de promover prácticas seguras “en cualquier ámbito o nivel” y, por primera vez, poner la problemática del acoso sobre la mesa. Para eso, se reconocen particularidades del deporte que naturalizan situaciones violentas, y se proponen varias series de ejemplos sobre “prácticas y conductas que constituyen abuso”, junto a recomendaciones para su abordaje. Aunque el material fue distribuido a todas las federaciones, ninguna de las 12 instituciones consultadas lo ha implementado.
Gracias a la información que impulsó la elaboración de esta guía, la actual administración de la SND sabe que el acoso físico y sexual en el deporte implica consecuencias vinculadas con la depresión clínica, la ansiedad y los comportamientos autolesivos. Sin embargo, de acuerdo a lo expresado por su encargado de prensa, “por parte de las autoridades aún no se realizó un trabajo puntual del tema”.
Mientras los dirigentes intentan mantener los hechos en la interna, la realidad se asoma de a poco en la voz de gurisas que hasta hace algún tiempo eran niñas. Jóvenes y adolescentes, que fueron silenciadas por organizaciones a las que consideraban sus casas, enfrentan solas lo que decenas de personas al mando de esas instituciones parecen olvidar. El abuso existe en el deporte, no es novedad. La responsabilidad que tienen las autoridades de erradicarlo, tampoco.