Muchas veces nos hemos preguntado por qué algunos estados no cumplen con su función como reguladores y sujetos garantes de los derechos humanos o por qué aun en las peores crisis, las élites económicas siguen acumulando capital y manteniendo sus privilegios. La respuesta a la pregunta, desde mi perspectiva, radica en el concepto de captura del Estado, que ha cobrado cada vez más relevancia para explicar estos fenómenos. Acuñada por los economistas Joel Hellman y Daniel Kaufmann, la noción de captura del Estado refiere a la interferencia indebida de las élites económicas en la toma de decisiones públicas con el fin de obtener beneficios a costa del bien común. Las y los actores detrás de estos acuerdos, no siempre explícitos, pertenecen tanto al sector público como al privado y generan arreglos que crean un desbalance de enorme poder respecto del resto de la sociedad.
Esta interferencia tiene diferentes manifestaciones, algunas de las cuales hemos podido documentar en el proyecto internacional sobre captura corporativa de la Red DESC, con casos de diferentes partes del mundo. Una característica importante de este fenómeno es que no siempre se expresa en conductas fueras de la ley, como los actos de corrupción lisos y llanos de soborno o enriquecimiento ilícito, sino que atienden a problemas estructurales y sistémicos muchas veces más difíciles de identificar (y, por tanto, de acotar).
Una primera manifestación clara es la interferencia en política pública y procesos legislativos. A modo de ejemplo, asociaciones empresariales y bancarias tienen una enorme influencia en la política monetaria y en muchas ocasiones, también interfieren en la política fiscal, intercediendo para evitar distintas medidas. Para contrarrestar este tipo de conductas se han desarrollado campañas como “Tax the rich”, que busca impulsar los impuestos sobre la riqueza con fines redistributivos a nivel global. En cuanto a procesos legislativos, hablamos del lobby corporativo en los parlamentos, o de la votación de algunas leyes o reformas constitucionales de manera fast track cuando benefician determinadas inversiones privadas, o de la obstaculización de estas cuando buscan proteger el medioambiente y dar participación a las comunidades más vulnerables (por ejemplo, leyes vinculadas a la consulta a pueblos indígenas o comunidades rurales).
La utilización de la fuerza pública para proteger intereses privados es otra de las manifestaciones de la captura del Estado. Por ejemplo, en América Latina es común poner al Ejército o la Policía al servicio de los proyectos mineros, no sólo para cuidar territorios, sino también para reprimir las manifestaciones en su contra por parte de las comunidades organizadas en defensa de sus derechos y del medioambiente. Nuestra región es la más peligrosa del mundo en este sentido. Según la organización internacional Global Witness, en 2019 dos tercios de los asesinatos de personas defensoras del territorio y el medioambiente ocurrieron en América Latina, siendo Colombia el país número uno a nivel global (64). Sea mediante el uso de la fuerza pública o a través de otros mecanismos, como el uso de sicarios, las amenazas a quienes se oponen a ciertos proyectos de desarrollo o inversión son moneda corriente.
La interferencia en el poder judicial es otra característica de la captura del Estado. Esto puede ocurrir de distintas maneras, desde la compra de jueces hasta amenazas a la seguridad de las personas que imparten justicia y sus familias, pasando por manipulación de cuestiones procedimentales que demoran los juicios en detrimento de la protección de derechos.
Las llamadas “puertas giratorias” también ejemplifican este fenómeno. Esto refiere a los intercambios, dentro de un mismo sector, de posiciones de los principales puestos de formulación de políticas públicas y de agencias reguladoras hacia el sector privado, o viceversa. Es famoso el ejemplo de Michael R Taylor, quien se desempeñó como funcionario público en la Food and Drug Administration (FDA) de Estados Unidos entre 1991 y 1996, luego trabajó para la empresa Monsanto como vicepresidente para política pública entre 1998 y 2000, para regresar a la FDA posteriormente. Recordemos que la FDA es la institución encargada de regular temas de agricultura y alimentación, justamente el rubro en el que Monsanto se desenvuelve.
Estas puertas giratorias implican tráfico de influencias y flujos de información relevante entre el sector privado y los tomadores de decisiones que deben regular sus actividades. Otra manifestación tiene que ver con la manipulación de las comunidades mediante la siembra de discordia ante procesos de decisión popular o la manipulación (e incluso falsificación) de actas de asambleas ejidales o comunitarias para favorecer proyectos de inversión u operaciones empresariales en esos territorios. Esto se ha visto frecuentemente en países como México, Colombia y Brasil, así como en Centroamérica.
Otra característica de los procesos de captura es la manipulación de la ciencia por la vía del financiamiento a centros de investigación o estudios académicos que niegan, por ejemplo, la responsabilidad de los combustibles fósiles en el cambio climático. Lo mismo con la creación, a través de medios de comunicación y agencias de marketing, de narrativas o contranarrativas que defienden ciertos modelos de desarrollo, sectores de la economía e incluso empresas puntuales. También se ha documentado un fenómeno denominado diplomacia económica, es decir, cuando un Estado impone los intereses de sus corporaciones por encima de las necesidades y los derechos de los países en los que opera, así como la interferencia de las cámaras o asociaciones empresariales y de empleadores globales en procesos vinculados a derechos humanos o la regulación del sector privado en las Naciones Unidas.
Finalmente está la privatización de los servicios públicos, origen de las fortunas de las familias más ricas en algunos países latinoamericanos, como México. Esta práctica no sólo reduce las funciones del Estado, sino que amplía el área de control de las élites económicas otorgándoles mayor poder sobre el sector público. Todas estas acciones contribuyen al debilitamiento de las instituciones estatales y podrían constituir una amenaza directa a nuestras democracias. Es por ello que, desde la sociedad civil y la academia, hemos desarrollado estrategias ciudadanas para combatirlo. Aun en países con un Estado de derecho funcional y donde la privatización no ha sido rampante, como en Uruguay, es clave mantenernos vigilantes. El avance de las élites empresariales dentro de los estados con el fin de mantener sus privilegios y ampliar su esfera de actuación es tendencia mundial. Por ello, resulta fundamental tener un Estado fortalecido y una ciudadanía informada y organizada que exija garantías para combatir el fenómeno de la captura.