A través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el gobierno difundió hoy los lineamientos salariales para el Consejo Superior del Sector Público, órgano en el que también participan los sindicatos y donde se acuerdan los convenios colectivos entre los trabajadores y el Estado.
La propuesta del Ejecutivo es firmar un acuerdo por el período 2021-2024, con ajustes salariales en enero de cada año.
En enero del año próximo se plantea un ajuste de los salarios públicos que corresponderá a la inflación de 2020 “menos el centro del rango meta”, que es 5% —la meta de inflación es entre 3% y 7%—. Si se toma hoy la variación en los últimos 12 meses del Índice de Precios del Consumo (IPC), correspondería un aumento salarial de 5,13%. En cualquier caso, el resultado para los trabajadores sería una pérdida de salario real de 5%.
Para enero de 2022 se propone un ajuste por la inflación esperada —proyección que será incluida por el gobierno en la Ley de Presupuesto que debe enviar al Parlamento a fin de mes— más un 30% del salario real perdido el año previo.
A inicios del 2023 la fórmula contempla otro ajuste en función de la inflación prevista, y se abren dos caminos alternativos: si la inflación de 2022 se ajustó a la proyección del gobierno (es decir que el ajuste a los trabajadores estuvo alineado a la suba de los precios) “se otorgará un adicional equivalente a 25% del salario real perdido en 2021”; si en cambio se perdió salario real en el año previo, “se adicionará la diferencia entre la inflación observada y la esperada”, sin la recuperación del 25%.
Algo similar se plantea para 2024: si el ajuste del año previo estuvo alineado con la inflación, se dará 45% del salario real perdido en 2021; si no fuera así, se recuperará la pérdida salarial del año anterior y sí se otorgará el 45% de recuperación.
A su vez, el gobierno indicó que ningún funcionario que se incorpore al Estado podrá tener sueldo superior a un ministro, y aquellos ya en funciones recibirán “aumentos salariales nulos o los necesarios para igualarlos al sueldo de un ministro en ocasión de cada ajuste”.
Como información de contexto, el documento del gobierno establece que se estima una caída en torno a 3% del producto interno bruto (PIB) para este año, que es “compleja” la situación de los trabajadores en el sector privado -con 100.000 nuevos beneficiarios del seguro de paro desde la pandemia-, y que hay restricciones presupuestales por el “elevado déficit con consecuente endeudamiento”.