El mercado de combustibles y sus actores están en la recta final de un cambio profundo en la forma de fijación de las tarifas, que dejarán de ser definidas por el Poder Ejecutivo tras una negociación con ANCAP, para resolverse tomando como referencia un cálculo teórico que establece el valor al que un potencial importador podría abastecer a los distribuidores.
Así lo determinó un artículo incluido en la ley de urgente consideración (LUC). Esto surgió del debate del tema en el Parlamento, ya que el proyecto original del gobierno planteaba la desmonopolización del mercado de combustibles -es decir, que un privado pueda importar y competir con ANCAP-, lo que no logró consenso en la coalición multicolor.
En la LUC se estableció que la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua (Ursea) —una agencia de control estatal que funciona en la órbita de Presidencia—, encargada de hacer el cálculo del precio de paridad de importación (PPI), cuenta con 60 días desde la aprobación para hacer “una revisión integral de su metodología de cálculo”. En ese marco, días atrás el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) publicó un decreto con “los criterios rectores que deberá seguir la URSEA para dicha revisión”.
El artículo 2 del decreto modifica un tema que causó polémica en el pasado entre ANCAP y la URSEA: el valor de los biocombustibles, que se mezclan con las naftas y el gasoil, y según una ley que surgió de un acuerdo multipartidario que data de 2007, deben ser de producción nacional. Esto en los hechos implica que ANCAP compra los biocombustibles para la mezcla (etanol en el caso de las naftas y biodiesel en el gasoil) a su subsidiaria Alcoholes del Uruguay (Alur).
¿Dónde está la diferencia? En que hasta ahora para calcular el PPI la URSEA tomaba el menor valor de la región para el porcentaje de biocombustibles, cuyo precio es unas cinco veces más barato que el de Alur. Esto derivaba en que la diferencia entre la paridad de importación y el precio de los combustibles en el surtidor aumentara.
En ese sentido, la ex presidenta de ANCAP Marta Jara, que ocupó el cargo hasta marzo, dijo en enero en una entrevista con El País: “La URSEA toma los referentes de eficiencia mundiales, que son el bioetanol de Brasil y el biodiesel de Argentina, que tienen sus propias características. Nosotros tenemos la obligación de utilizar biocombustibles de origen nacional, eso genera una limitante”.
El decreto del MIEM zanja esta discusión y establece que la URSEA “deberá considerar el precio medio ponderado del agrocombustible (biocombustible) disponible en territorio nacional”. Esto hasta tanto no se incorpore “el precio de eficiencia de producción de agrocombustibles a nivel nacional”, lo que ocurrirá luego que el Poder Ejecutivo le fije los criterios a la URSEA para dicho cálculo.
Aparte de esto, el decreto regula que la URSEA deberá calcular para incorporar a la metodología del PPI “costos eficientes” de estos ítems: de fletes internacionales y nacionales (distribución primaria); de almacenamiento y despacho en el mercado nacional; de seguros; y de los costos financieros, entre otros. Además, “deberá incluir todos los tributos que fueran aplicables para la importación y distribución primaria”.
Una vez que la URSEA apruebe la nueva metodología —lo que debe hacer este mes en función del plazo que le otorgó la LUC—, tendrá que “informar al Poder Ejecutivo el valor del PPI correspondiente a cada producto en cada mes calendario, dentro de los primeros siete días del mes siguiente”, empezando en octubre. Esa referencia que calculará la URSEA oficiará de “informe preceptivo” para que el gobierno fije el valor de las tarifas, que al igual que el PPI sufrirán un ajuste periódico, en función de la evolución de los costos del mercado de crudo.
El ministro de Industria, Omar Paganini, explicó días atrás, con motivo de la asunción de las nuevas autoridades de la URSEA, que este nuevo esquema busca “sumar eficiencia” para que eso “se refleje” en las tarifas y “la población acceda a combustibles a mejores precios”.