El Banco Central del Uruguay (BCU) hizo un conjunto de recomendaciones a tener presentes al utilizar un activo virtual, entendido como la “representación digital de valor o derechos contractuales que puede ser almacenada, transferida y negociada electrónicamente mediante tecnologías de registro distribuido (DLT) o similares”.
Los riesgos
Si bien estos instrumentos constituyen un vehículo potencial para apuntalar el desarrollo y la eficiencia del sistema financiero, pueden traer aparejados “nuevos riesgos o exacerbar los existentes, en ausencia de una regulación específica que permita mitigarlos”.
Por este motivo, el BCU divulgó cuatro recomendaciones a tener en cuenta a la hora de su utilización. En primer lugar, destacó que los activos digitales no representan monedas de curso legal, por lo que no cuentan con el “respaldo de ningún banco central”.
Asimismo, señaló que su emisión y comercialización es ajena a los márgenes de actuación de la institución, quedando por este motivo al margen de la regulación. “Como consecuencia, a quienes operen con estos instrumentos no les son abarcables las medidas de protección al usuario financiero prestadas por entidades reguladas y supervisadas por este Banco Central”.
Como tercer punto, el Central alertó sobre la volatilidad que es inherente a muchos de los instrumentos que quedan comprendidos dentro del paraguas de los activos virtuales. En ese sentido, pueden presentarse problemas en su reconversión a las monedas tradicionales, sean pesos uruguayos o monedas extranjeras. Ni los comercios tienen la obligación de aceptar estos instrumentos como forma de pago, ni las instituciones financieras tienen el compromiso de procesar transacciones que los involucren.
Por último, aparecen las advertencias asociadas al “riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo o el fraude”. Estos riesgos se derivan del anonimato y la no reversibilidad de las transacciones que constituyen rasgos característicos de algunos de estos instrumentos.
La agenda de trabajo
En línea con sus finalidades de regulación y supervisión, el BCU está llevando adelante un análisis sobre el desarrollo de esta operativa. Dentro de este marco, y con el objetivo de “sentar las bases para el tratamiento regulatorio de los activos virtuales y las actividades de los prestadores de servicios de activos virtuales en nuestra jurisdicción”, el regulador promoverá instancias de diálogo con los distintos actores de la industria, sus pares internacionales y con organismos internacionales. Estas instancias están previstas para realizarse entre octubre y diciembre.
Como resultado de este proceso, hacia fin de año “se elaborará una propuesta de modificación a las disposiciones legales vigentes que establezca un marco claro para avanzar hacia la regulación de estas actividades”. Posteriormente, durante 2022, vendrán los avances en torno a las definiciones institucionales que se requieren dentro de este universo de activos virtuales.