Cinco días antes de que la comisión de expertos que convocó el gobierno de cara a la reforma previsional culmine la primera etapa de trabajo con el informe diagnóstico, el Poder Ejecutivo emitió una resolución autorizando un “complemento” para la Caja Militar de 1.135,2 millones de pesos, lo que equivale a unos 27 millones de dólares a la cotización promedio del último año.
Este monto se suma a los 15.906,3 millones de pesos –378,7 millones de dólares– transferidos en febrero de 2020, por lo que la asistencia financiera durante el año alcanzó un total de 17.041,5 millones de pesos –405,7 millones de dólares–.
El concepto de “asistencia financiera” refiere a los recursos extras, más allá de los ingresos genuinos –aportes de los afiliados y el IASS que pagan las jubilaciones mayores a 38.960 pesos–, que debe volcar el Estado para que el subsistema militar pueda afrontar sus egresos. Al menos en los últimos años, se ha repetido el procedimiento de autorizar una partida de dinero en los primeros meses del año y luego reforzarla a inicios del año siguiente. “Por concepto de complemento de la asistencia financiera para el ejercicio 2020”, detalla la resolución.
El monto que el Estado transfiere a la Caja Militar ha ascendido en los últimos años: 362 millones de dólares en 2015, 379,5 millones de dólares en 2016, 419 millones de dólares en 2017, 450,5 millones de dólares en 2018 y 450 millones de dólares en 2019. Según un gráfico elaborado por el Observatorio de Seguridad Social del Centro de Investigaciones Económicas, en una década –entre 2008 y 2018– el gasto público en la Caja Militar pasó de 0,87% del producto interno bruto a 1,15%.
Estos números y el nivel de asistencia que recibe el subsistema forman parte de la discusión que se procesó en una primera etapa y continuará en la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CEES). Las delegaciones del PIT-CNT, la Organización de Jubilados y Pensionistas y el Frente Amplio (FA) no apoyaron el informe diagnóstico y entre sus críticas apuntaron a la evaluación que se hace de la Caja Militar.
En el documento, que tuvo los votos del oficialismo y la delegación empresarial, se señala: “El régimen previsional militar se financia mayoritariamente mediante recursos fiscales y tiene una participación relevante en el gasto público previsional, tomando en cuenta la población cubierta”. La Caja Militar pagó en 2019 casi 37.000 jubilaciones y 14.600 pensiones, contando con unos 27.000 efectivos en actividad.
Según las proyecciones actuariales, hasta 2040 continuará “una trayectoria creciente tanto del gasto como del déficit del subsistema”, debido a que la reforma votada en 2018 –que impulsó el FA desde el gobierno tras superar diferencias internas– tiene un “extenso período de maduración” y tendrá impacto financiero “en un plazo relativamente largo”.
Persiste un “tratamiento diferencial”, según el gobierno
El diagnóstico de la CEES indica que la reforma de 2018 “aproxima buena parte de las reglas [que tienen los militares para jubilarse] a las de los restantes regímenes, pero mantiene algunos elementos que suponen un tratamiento diferencial”.
Más allá de esto, sus efectos serán tardíos debido a que “la nueva ley mantiene en el régimen anterior a algo más de 50% del personal subalterno y a aproximadamente 40% de los oficiales”, y “el régimen de transición alcanza a 34% de los subalternos y a 20% de los oficiales”. Esto quiere decir que al pasar raya, “el nuevo régimen comprende a 13% y a 40% aproximadamente de subalternos y oficiales, respectivamente”.
El debate por los efectos de la reforma de 2018 ya había ocurrido en enero, cuando el Ministerio de Defensa asistió a una audiencia con la CEES. En la presentación, sostuvo que “la reforma implementada fue en el sentido correcto, para corregir la trayectoria, pero la demora hizo que los cambios implementados debieran ser muy profundos”. Esto en línea con la visión que hay en ámbitos militares de que los cambios perjudicaron al personal subalterno.
En el diagnóstico aprobado por la CEES se mencionan varios elementos diferenciales que aún persisten: “el nuevo régimen militar mantiene la posibilidad de acceder a un retiro permanente a una edad relativamente temprana”, con lo que según el grado la edad de retiro obligatorio es entre los 48 (soldado de primera) y los 63 años (coronel), con entre 22 y 25 años de servicio; “la existencia de personal que no realiza tareas propiamente militares supone un tratamiento más favorable” frente al resto de los trabajadores dedicados a esa actividad en otros sectores; “los máximos previstos y la forma de cálculo del sueldo básico jubilatorio suponen un tratamiento inequitativo desde el punto de vista intrageneracional”.
Sumado a esto, el informe apunta que “el acceso a un retiro permanente a edades tempranas” de los militares “desincentivaría el trabajo en ciertas cohortes”. Esto último puede verse como una ventaja sobre el resto de los trabajadores, máxime cuando es posible que se proponga en la reforma incrementar la edad de retiro para el régimen general –hoy en 60 años, aunque en promedio los uruguayos se jubilan con 62,5 años–. Además, los retirados castrenses pueden trabajar en el sector privado “al tiempo que reciben una jubilación”, algo impedido para los demás pasivos.
En virtud de esto, el informe de la CEES concluye sobre la Caja Militar que las proyecciones financieras muestran “un nivel de gasto y de asistencia financiera que resulta elevado si se tiene en cuenta el tamaño del colectivo cubierto”. A su vez, ante “el largo período de sobrevida implícito para quienes acceden a una jubilación a una edad muy temprana”, se identifica “la necesidad de una mayor participación de fuentes no contributivas en el financiamiento”, es decir, de más asistencia directa.
Para el FA se “evaden temas trascendentes”
En un informe que elaboró el FA con sus consideraciones sobre la etapa de diagnóstico de la CEES, se alude en varias partes a la Caja Militar. Para la oposición, “la forma en la que se presenta el régimen del Servicio de Retiro Militar suaviza o evade algunos temas trascendentes y de alto impacto para toda la sociedad que es necesario considerar al momento de realizar una reforma integral del sistema”.
El FA expresó que la reforma de 2018 implementó “un acercamiento a condiciones de retiro más adecuadas” para los militares, pero “mantiene un conjunto de soluciones diferenciales que implican un tratamiento más beneficioso”. Por esto, la fuerza política entiende que hay que “reconsiderar” las reglas para este subsistema.
Al igual que el diagnóstico de la CEES, el documento del FA menciona varias “condiciones extraordinariamente más favorables” para jubilarse que tienen los militares amparados en las anteriores normativas respecto del resto de la población, e indica que son explicitados “de manera insuficiente” en el informe votado por el oficialismo y los empresarios.
Asimismo, se cita de forma crítica por parte de la oposición un argumento expresado ante la CEES por las autoridades del gobierno: “el Ministerio de Defensa se refirió a que existiría un contrato histórico social entre los militares y el Estado, en base al cual siempre se ha entendido que los militares cobran poco en actividad, pero el beneficio lo tienen al retiro”. El FA cuestiona que esto no sea “objeto de mayor atención en la formulación del diagnóstico, en tanto se estaría erigiendo como justificativo del régimen anterior”.
Además, retruca la posición del Ministerio de Defensa, al entender que un sistema bajo esa concepción “se aparta de los principios básicos de la seguridad social, donde las prestaciones de pasividad están llamadas a cubrir en forma adecuada las contingencias de invalidez, vejez y sobrevivencia y no a funcionar como un incentivo salarial diferido para desempeñar alguna tarea en particular”.