Mejora adicional del empleo
La tasa de desempleo se ubicó en 7,4% en noviembre –132.000 personas–, siendo el cuarto registro consecutivo a la baja. Esta caída tuvo lugar en un contexto de crecimiento del empleo –con oferta laboral estable–, que supuso aproximadamente 11.000 ocupados más frente a octubre –aunque con caída desestacionalizada–.
La tasa de desempleo viene en descenso desde julio, cuando había llegado a 10,4%. El nivel de desocupación es mayor en mujeres (8,7%) que en hombres (6,2%), y levemente inferior en Montevideo (7,3%) que en el interior (7,4%).
En el caso del empleo el incremento fue de 0,4 puntos porcentuales, llevando la tasa al entorno del 57,2% de la población en edad de trabajar. Este indicador viene en ascenso desde setiembre, cuando se ubicaba en 55,8%
Salario real se contrajo 1,7% interanual
El Índice Medio de Salarios presentó una variación en noviembre de 0,39%, con lo que acumula un incremento de 6,02% en el año y de 6,03% en los últimos 12 meses. De esta manera, cuando se considera el efecto de la inflación –7,86% interanual en noviembre–, el poder de compra cayó 1,7% interanual; la contracción fue similar entre trabajadores públicos (–1,72%) y privados (–1,68%). En el sector público la caída interanual del salario real fue mayor en el Gobierno Central (–2,3%) y en las Empresas Públicas (–1,4%). En el sector privado, destacaron los retrocesos en Transporte, almacenamiento y comunicaciones (3,4%), comercio (2,6%) y enseñanza (2,4%).
El Índice Medio de Salarios Nominales, que se utiliza para ajustar las pasividades, también evolucionó por debajo de la inflación en el acumulado del 2021 (5,87%) y en la medición interanual (5,89%) –dos puntos porcentuales respecto del IPC–. En efecto, el ajuste provisorio para enero implicará una nueva pérdida en términos reales.
Déficit fiscal en torno a 4,4% del PIB
En los 12 meses cerrados a noviembre el rojo del Gobierno Central–BPS, excluyendo los ingresos extraordinarios por el fideicomiso de los “cincuentones” (FSS), se mantuvo en torno al 4,7% del Producto Interno Bruto [PIB].
El resultado de las Empresas Públicas ascendió a 0,7% del producto, mejorando cerca de cuatro décimas respecto al registro previo –ante el repunte del resultado primario y la caída de las existencias de crudo y derivados de ANCAP–. Si se incluye al resto del Sector Público No Monetario (BSE e Intendencias), el déficit a noviembre fue de 3,4%. Dado que el déficit del Banco Central se mantuvo en el entorno del 1,0%, el resultado fiscal del sector público global cerró los 12 meses a noviembre en 4,4% del PIB –excluido el FSS–.
Por su parte, los gastos netos imputados al Fondo Solidario COVID–19 se estimaron en 1,7% del PIB durante esta ventana de tiempo.
Mejora recaudación de DGI
En noviembre la recaudación neta, que descuenta la devolución de impuestos, aumentó 7,3% interanual en términos reales –y 6,5% en el acumulado 2021–. En términos brutos, la variación real en la medición 12 meses ascendió a 11,1%.
Para el IVA y el IMESI la variación real interanual acumulada en lo que va del año es 8,8% y 8,9% respectivamente. Esa misma medición arroja incrementos de 7,6% para IRAE y de 1,2% para IRPF. Dentro de este último impuesto, el aumento es impulsado por la categoría I de capital (12,1%), dado que la categoría correspondiente al trabajo cayó 0,7%.
Hacia la regulación de los activos digitales: “un mercado que ya no es indiferente”
En un documento de 26 páginas, el Banco Central del Uruguay (BCU) planteó “un marco conceptual” en busca de comprender y categorizar los activos digitales, como las criptomonedas, dando “un enfoque regulatorio” y con vistas a eventuales cambios legales que establezca reglas de juego.
“Dado el rápido desarrollo de los instrumentos conocidos como ‘activos virtuales’ y su creciente operativa, tanto a nivel global como doméstico”, el regulador pretende avanzar en busca de que sean “servicios financieros seguros”.
La abogada especializada en regulación de activos digitales, Agustina Pérez Comenale, dijo ante la consulta de la diaria que el documento del BCU es “un muy buen avance” que demuestra que es “un mercado que ya no es indiferente”. En esa línea, argumentó: “Es hora de ser conscientes que no alcanza con aludir a la normativa ya existente, estamos ante un mercado nuevo, con una dinámica totalmente distinta a la que estamos acostumbrados y que merece un tratamiento concreto y específico”.
Analizó que el paso dado por Uruguay se enmarca dentro de “una corriente a nivel regional” que busca “dar un marco de actuación seguro a la industria” de los activos digitales, al establecer reglas en materia de prevención del lavado de dinero, como lo han hecho Paraguay y Colombia.
Agregó que “es de sentido común que el regulador apunte a un margen de autorización y establecer un cierto control de ingresos ante este tipo de operaciones”, además de que “las catalogue como operaciones de riesgo y advierta a los usuarios”. Destacó que en el documento de trabajo el regulador fue “muy preciso en determinar las categorías de cada activo”, lo que ayuda a las empresas y usuarios que participan del mercado a saber “en qué marco se encuentran y se están contempladas bajo la regulación del BCU”.
Como algo no mencionado en el documento y que entiende “competente” para el regulador, señaló que debiera tenerse en cuenta “con qué tipo de criptomonedas se está operando”, si entra “en la categoría de estables o no”, para así “dar mayor seguridad ante la volatilidad y evitar posibles fraudes”.
Para un análisis más profundo del documento ver el artículo Regulación crypto en Uruguay: un terreno escabroso allanado por el BCU.