Luego de los anuncios que hizo el lunes por la noche el presidente Luis Lacalle Pou en materia salarial, varios economistas expresaron su opinión y evaluaron su eficacia en el corto y mediano plazo. En líneas generales, mostraron una visión crítica porque las medidas no se focalizan en los sectores más vulnerables, implican una señal contraria a la política de bajar la inflación que lleva adelante el Banco Central del Uruguay (BCU), y traen riesgos asociados.
Nicolás Cichevski, economista y gerente en CPA Ferrere, dijo a la diaria que estima un impacto fiscal de la medida de “entre 110 y 120 millones de dólares en julio-diciembre de 2022”, que no implica un gasto extra para más adelante en virtud de que se trata de un aumento a cuenta, según indicó el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres.
“El escenario base es que se trataría de adelantos a cuenta del ajuste de enero. Para los públicos en sí no cambia mucho, ya que entiendo que el ajuste de enero de 2023 iba a ser un correctivo por inflación pasada, más el ajuste por inflación esperada en 2023, más recuperación real. Con las pasividades lo que sucederá es que si bien sería a cuenta, el IMS [índice medio de salarios] tendrá en el año cerrado en diciembre de 2022 un incremento mayor al esperado –por el adelanto de públicos y eventualmente por adelanto de correctivos privados–; por tanto, el ajuste de enero de 2023, si bien descontará el 3% otorgado ahora, sería mayor, ya que por la Constitución [las pasividades] se ajustan por IMS”. Para interpretar la diferencia entre un adelanto o un aumento adicional, graficó que este segundo escenario “sería mucho más beneficioso para jubilados y públicos, pero tendría un costo permanente en las cuentas públicas de 120 millones de dólares por semestre”.
Para Cichevski, “el adelanto a cuenta de enero lo que genera es que, por más que en el mediano plazo no tenga efectos directos en el salario o jubilación real –porque los ajustes iban a suceder de todas formas [al final del año o inicio de 2023]–, se evitan seis meses de caída en 2022, y en el promedio del año 2022 la evolución del salario real será mayor”.
El economista Gabriel Oddone, socio de CPA Ferrere, aportó algunos comentarios vía Twitter. Al igual que Cichevski, entiende que el paquete de medidas “luce demasiado genérico, lo que compromete su efectividad y lo vuelve comparativamente caro”. En clave política, a su entender las medidas “pretenden transmitir preocupación por precios (lo sustantivo) y atender demandas dentro de la coalición (lo político)”, algo que le parece “lógico y razonable”. Pero subrayó “dos riesgos asociados” a esta decisión: por un lado, opinó que el gobierno “se aleja parcialmente del mandato recibido” y, por otro, que “la política macroeconómica podría volverse inconsistente. El contexto internacional (precios y desórdenes fiscales por doquier) habilita a explorar este camino, al menos a corto plazo”.
Sin embargo, para Oddone “el problema es que el mundo se ordenará más rápido que Uruguay, lo que aumenta la probabilidad de que la inercia y el ciclo político posterguen reformas importantes”. En este sentido, opinó que el gobierno “empieza a nadar en la ‘piscina de dulce’ de la segunda parte de los mandatos. Algo clásico en Uruguay”.
Por su parte, Pablo Rosselli, magíster en Economía y socio de Exante, también compartió su visión sobre las medidas vía Twitter y dijo que “no ayudan” a que “no se desajusten más las expectativas” inflacionarias en Uruguay. Subrayó que “la expansión del gasto público anunciada no está dirigida, una vez más, hacia los hogares más pobres –donde en general no habitan pasivos ni funcionarios públicos–”.
A su entender, “no hay duda de que la recuperación de salarios es un objetivo deseable”, pero “no podremos simultáneamente bajar la inflación, recuperar salarios y pasividades más rápido y cuidar la competitividad”. Por eso opinó que, “en suma, las medidas de hoy no parecen consistentes con el objetivo de bajar la inflación y cuidar la competitividad”.
Según desarrolló, el BCU viene subiendo las tasas de interés, lo que genera una apreciación del peso, y ante eso es “muy importante la consistencia entre las políticas macroeconómicas”. Por eso, “si subimos las tasas de interés para bajar la inflación, deberíamos descartar medidas fiscales expansivas”, como las que terminó aplicando el gobierno, porque esto “exacerba las presiones de inflación y la tendencia a la baja del tipo de cambio”.
Asimismo, el economista señaló que “promover aumentos más rápidos de los salarios obligaría al BCU a subir más sus tasas de interés, porque la suba de salarios acentúa las presiones de inflación” y esto conduciría “a un menor tipo de cambio real”, que afecta en materia de exportaciones.