Comisión de Defensa de la Competencia ratificó que los acuerdos de precios son ilegales e investigará los que promovió el gobierno

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La Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia (CPDC), un órgano desconcentrado del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), emitió una resolución en la que ratificó que los acuerdos de precios entre privados para mantener o modificar el valor de ciertos productos son ilegales, aunque el Estado sea participante o promotor; y que comenzará una investigación para evaluar los hechos ocurridos en marzo de 2022, cuando hubo acuerdos de precios entre privados y con la participación del gobierno para mantener los precios de los huevos y varios cortes de carne, así como rebajar el asado de tira.

La resolución surgió tras una consulta que elevó a la CPDC el economista Sebastián Fleitas, especializado en regulación y mercados. “La consulta en cuestión versa sobre noticias de prensa y anuncios donde se informa que varios actores de la cadena de carne vacuna, frigoríficos nacionales y de la cadena avícola habrían alcanzado eventuales acuerdos sobre los precios de ciertos cortes de carne vacuna y el precio de los hechos”, informó la comisión, creada en 2007 junto con la aprobación de la ley de defensa de la competencia.

Dicha normativa fue actualizada en 2019, estableciendo diversos cambios en busca de ampliar las potestades de contralor del órgano desconcentrado del MEF, que lideran tres comisionados —Natalia Jul (presidenta), Alejandra Giuffra y Daniel Ferrés—. Uno de los cambios refirió a la colusión, “una de las prácticas más nocivas para los mercados”, valoró la CPDC en la resolución, que consiste “en un acuerdo entre competidores que distorsiona precios y/o cantidades producidas u otras dimensiones competitivas; generando una pérdida de bienestar en comparación con un mercado perfectamente competitivo”.

En la actualización normativa de 2019 se incluyó “una nómina taxativa de prácticas prohibidas per se”, entre las que aparecen los acuerdos de precios. Es decir que más allá de las implicancias que tenga un acuerdo de este tipo, está prohibido por la normativa, que sigue la lógica que pactar precios es anticompetitivo incluso aunque sea para efectuar una baja, dado que quienes tienen el poder de acordar eso luego también podrían consensuar una suba de precios en conjunto.

Ante esto, el dictamen de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia “señala que es una práctica expresamente prohibida que los competidores establezcan concertadamente, en forma directa o indirecta, precios u otras condiciones comerciales o de servicio, salvo la limitación establecida por la ley, por razones de interés general”. Esto último refiere a que se apruebe una ley o decreto, que tenga causa fundada, para habilitar ciertos acuerdos de precios u otras prácticas consideradas anticompetitivas.

Los acuerdos y las declaraciones

Si bien la inflación y los precios de los alimentos comenzaron un proceso ascendente desde mitad del año pasado, el tema concentró la agenda política desde marzo, cuando el gobierno previo al referéndum para la derogación parcial de la ley de urgente consideración (LUC) anunció distintas acciones. A mediados de mes, se anunciaron los acuerdos con actores privados de la cadena cárnica y avícola para congelar los precios de la carne y los huevos, productos que se habían incrementado de forma pronunciada desde el inicio del año.

A raíz de la ola de calor en enero murieron unas 400.000 gallinas ponedoras de huevos y esto hizo crecer el precio. El 21 de marzo, el director de la Granja del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Nicolás Chiesa, informó que se reunió con los productores y el resultado fue el “compromiso de ellos” de mantener el precio al público sin variación por el próximo mes. En esa ocasión, el jerarca destacó que “es un planteo que hacen los productores comprometidos con los consumidores”, y que “están resignando” rentabilidad.

Por esos días y tras una reunión de actores del gobierno, como del Instituto Nacional de Carnes (INAC), con la industria frigorífica y los carniceros, se acordó congelar por 30 días el precio de los cortes con hueso y que el asado de tira pase a venderse a 230 pesos el kilo, una baja de casi 100 pesos, muy superior a la que surgía de la reducción del IVA (10%).

“El gobierno nos planteó la preocupación por el precio de la carne. Tuvimos una reunión y dijimos ‘busquemos cómo podemos hacer’, nosotros damos una mano sin problema. Por nuestro lado, congelamos los precios de la carne por 30 días”, dijo en esa oportunidad a la diaria el presidente de la Cámara de la Industria Frigorífica, Alfredo Belerati. Estos acuerdos que promovió el gobierno con el sector privado corren por carriles distintos a los proyectos de ley enviados al Parlamento para quitar el IVA al asado de tira y los productos panificados. En el primer caso, si bien hay una ley que habilitó la rebaja de precio, la reducción fue mayor, como explicó Alfredo Fontenla, presidente de la Unión de Vendedores de Carne: se “pactó” vender el kilo de asado a 230 pesos, cuando estaba entre 300 y 350 pesos.

Con base en esta y otras notas de prensa, es que Fleitas fundamentó su consulta a la CPDC. Sin embargo, el organismo desconcentrado del MEF indicó en la resolución que “no es posible o pertinente dar respuesta” sobre si lo ocurrido es contrario a la ley, “en tanto deben desarrollarse los procedimientos para la investigación, otorgando a las partes las garantías del debido proceso”.

En esa línea, se resolvió “el inicio de una medida preparatoria [investigación] a fin de conocer” lo ocurrido “en los mercados mencionados en la consulta”, con el objetivo de “ahondar” sobre lo informado “en medios de prensa”. Luego de que la CPDC publicara la resolución, que había sido adelantada por el programa No Toquen Nada de Del Sol FM, donde Fleitas es columnista, el economista se expresó vía Twitter. “Aunque hayan sido prácticas ampliamente anunciadas en las notas de prensa y mencionadas por presidente, ministros y otros actores, es muy importante esta resolución de la Comisión y su voluntad de investigar”, valoró.

También indicó que “el principal peligro de los acuerdos [de precios] es que generen el músculo para que las empresas fijen precios en conjunto (de forma explícita como ahora o de forma tácita en el futuro si acuerdan subir precios)”. En ese sentido, recordó que son medidas que “parecen ser del gusto de los hacedores de política”, ya que desde el MEF se impulsaron, por ejemplo, acuerdos con las cadenas de supermercados por el valor de una canasta de artículos tanto en abril de 2020 como en 2015, además de una canasta turística con valores predeterminados para el verano.