Los precios del carbono han alcanzado este año cifras récord en muchas jurisdicciones, tales como la Unión Europea (UE), California, Nueva Zelanda y Corea del Sur. Sin embargo, los expertos advierten que no es suficiente. Actualmente menos del 4% de las emisiones de CO2 globales están cubiertas por un precio del carbono en el rango deseado para poder alcanzar las metas del Acuerdo de París (Banco Mundial, 2022)1.
Si bien los instrumentos de precio del carbono (CPI por su sigla en inglés), y los mercados de carbono existen desde fines de los 90, en los últimos años se han convertido en protagonistas, al ser considerados por muchos como una de las herramientas más poderosas que tenemos frente al cambio climático.
Ahora bien, ¿qué significa ponerle un precio al carbono? Empecemos con un poco de historia sobre los orígenes del precio del carbono. Para ello, debemos remontarnos varias décadas atrás a Estados Unidos. En ese entonces, la polución de dióxido de azufre −mayoritariamente proveniente de las fábricas que funcionaban en base a quema de carbono− estaba causando lluvia ácida, matando a las especies marinas y los bosques. Para solucionar este problema, en 1990 se estableció un sistema llamado “tope y comercio”, por el cual se definió una cantidad máxima de dióxido de azufre que se podía emitir, otorgando licencias a las compañías emisoras de las industrias que se pretendía regular. Aquellas empresas que lograran disminuir sus emisiones aún por debajo de lo que tenían permitido, generaban “créditos” que luego podían vender. El resultado de esta política fue muy exitoso, resolviendo el problema de la lluvia ácida rápidamente.
Siguiendo este mismo razonamiento, y en un esfuerzo por disminuir la emisión de gases de efecto invernadero, emergieron los mercados de carbono a fines de los 90. El razonamiento detrás de los precios de carbono es lograr ‘internalizar’ los costos causados por el cambio climático, adjudicándole un precio a aquello que lo genera, en este caso, las emisiones de CO2. Este razonamiento se basa en la idea de que el cambio climático es una “falla del mercado”, ya que tiene grandes costos y riesgos para las generaciones futuras, pero estos no se ven reflejados en los precios. Al ponerle un precio al carbono, no sólo se incentiva a producir menos emisiones −e innovar para lograrlo−, sino que también se recauda dinero que luego puede ser volcado a actividades con bajas emisiones.
Existen dos mecanismos principales para establecer un precio del carbono, llamados instrumentos de precios de carbono (CPI): los sistemas de comercio de emisiones (ETS por su sigla en inglés) y los impuestos al carbono. Los ETS son el mismo sistema que se implementó en Estados Unidos con el dióxido de azufre, y consisten en limitar el nivel total de gases efecto invernadero. La entidad regulatoria (gobiernos u otra) asigna cupos, de forma voluntaria o a través de subastas, a las empresas que forman parte de las industrias reguladas. Aquellas empresas que emiten menos de lo permitido por su cupo pueden vender sus créditos −de la misma forma que aquellos que precisan más pueden comprar−, generando así un mercado de emisiones de carbono. En este caso, el precio es determinado por la oferta y demanda y la magnitud de la reducción de las emisiones está predefinida.
Por otro lado, el instrumento del impuesto al carbono consiste en establecer un precio sobre el carbono definiendo una tasa impositiva sobre las emisiones. A diferencia del anterior, el resultado de reducción de emisiones no está predefinido, pero el precio del carbono sí está establecido por la entidad regulatoria. Ahora bien, como contracara, estos sistemas podrían incentivar a las empresas a relocalizarse a otras jurisdicciones donde no existan dichos instrumentos. Para evitar esto, lo ideal sería lograr un sistema mundial de ETS, pero no hay indicios de que se pueda crear uno en un futuro cercano.
Alternativamente, las distintas jurisdicciones están viendo cómo aplicar un enfoque transfronterizo para evitar este problema. Por ejemplo, la UE está trabajando sobre la posibilidad de implementar un impuesto fronterizo de carbono, para equiparar con los productos producidos internamente. Otros países, tales como Canadá y Reino Unido, también reafirmaron su compromiso de investigar alternativas para evitar la “fuga de carbono”.
Veamos ahora un poco de cifras. Actualmente, hay 68 CPI operando a nivel mundial −incluyendo ETS e impuestos al carbono− y tres están en desarrollo. Las regiones/países que cuentan con ETS incluyen la UE (operando en 31 países), China, Reino Unido y Estados Unidos, y otros países, como por ejemplo Colombia, están en etapas de desarrollo. El sistema más grande es el chino, que comenzó a funcionar en enero del 2021, triplicando el de la UE y con fuertes perspectivas de crecimiento. En cuanto a los impuestos de carbono, países como Argentina, Reino Unido, algunos de la UE, e incluso Uruguay, cuentan con ellos. En nuestro país este impuesto es muy reciente, habiendo sido introducido en enero de este año.
A nivel global, estos instrumentos (CPI) cubren solamente 23% de las emisiones de gases efecto invernadero (Banco Mundial, 2022). Sin embargo, este mercado, llamado de “cumplimiento”, no es el único. Existe otro mercado, el voluntario, que ha ido creciendo mucho en los últimos años, superando el billón de dólares por primera vez este año. Este, en vez de utilizar “cuotas” de carbono, utiliza lo que se llama “compensaciones de carbono” (carbon offsets en inglés). ¿Cómo funciona este mercado? Las compensaciones de carbono están respaldadas por proyectos que tienen como objetivo remover o reducir emisiones de carbono y, certificación mediante, se generan bonos de carbono que luego son vendidos a empresas que voluntariamente quieren compensar sus emisiones.
Los grandes protagonistas de este mercado son aquellas industrias que no están reguladas y, por tanto, no tienen una obligación de cumplir con una determinada emisión −como la financiera y tecnológica−, pero que de todas maneras quieren cumplir con sus objetivos voluntarios de carbono neutral. Grandes empresas, como Microsoft y Google, son ejemplos de lo anterior. A nivel local, hay varias empresas que exportan bonos de carbono, sobre todo las relacionadas a la forestación, presentándose como un mercado muy prometedor. No obstante, al ser un mercado voluntario y en desarrollo, actualmente carece de reglas claras, habiendo muchas controversias con respecto a la calidad de las certificaciones.
En definitiva, ya sea en el marco de mercados de cumplimiento o voluntarios, existe un objetivo común que es combatir el cambio climático mediante la reducción del carbono en la atmósfera. Hay quienes entienden que los mercados voluntarios, debido a la falta de certificaciones serias y de conocimientos especializados, no están logrando el impacto deseado. En este sentido, es importante que haya más profesionales especializados en estos temas para que puedan discernir y brindar certificaciones válidas.
También hay quienes argumentan que los últimos desarrollos en los mercados de cumplimiento, como por ejemplo el ingreso de nuevos participantes, como ser traders e inversores, va a contribuir a generar una “burbuja especulativa” en base a los precios del carbono. Independientemente de estos riesgos y de la incertidumbre natural sobre la evolución de algo tan complejo como novedoso, todos estos desarrollos, así como el auge de los últimos años de los mercados de carbono, deben ser vistos como algo positivo, ya que reflejan el interés por materializar los objetivos de reducir las emisiones de carbono y tomar acciones frente al cambio climático. Fijar un precio al carbono no es la única herramienta, pero sin dudas es una de las que se necesita para transicionar hacia una economía de carbono neutral.
Consultora en ASG e inversión de impacto, MSc en Desarrollo Económico por la London School of Economics and Political Science, y licenciada en Economía por la Universidad de la República.
-
State and Trends of Carbon Pricing 2022. Banco Mundial (2022). ↩