“Hola Sara, Cómo estás? Con mucha preocupación he visto mi estado de cuenta con ustedes y nuevamente he perdido aproximadamente 30.000 dls”. Así empieza un intercambio de correos electrónicos entre un excliente y ahora acreedor de CVM y su directora, Sara Goldring, al que pudo acceder la diaria. El intercambio continúa y el cliente de la empresa le solicita que cambie su operación, y le deja claro que su “intención de inversión era más conservadora”. Sara responde al día siguiente: “Entiendo perfectamente”. De acuerdo al cliente, luego de este intercambio donde deja en claro su perfil de inversión, la empresa no hizo ningún ajuste y se profundizaron aún más sus pérdidas.
Según pudo saber la diaria, fueron presentados en las últimas horas al menos 34 recursos -pero probablemente habrá más en el correr del día- de acreedores de los brokers CVM y United Brokers, gestionados por la empresaria Sara Goldring y su familia, entregados este viernes al Banco Central del Uruguay (BCU).
Se trata de un recurso de revocación, buscando impugnar la resolución del ente que definió que la Bolsa de Valores de Montevideo (declarada interventora por el BCU a mediados de 2022) notifique a los clientes de sus saldos, que se disuelva la sociedad Custodia de Valores Mobiliarios (CVM) Corredor de Bolsa SA y designar en carácter de liquidador delegado del BCU a la Liga de Defensa Comercial (Lideco).
Los acreedores declaran, en el escrito que se presentó este viernes al BCU y al que accedió la diaria, que la resolución del ente que procede a la liquidación de CVM está realizada “de acuerdo a criterios que no están suficientemente explicitados o que directamente no son ajustados a derecho”. Luego cita el Resultado III) de la Resolución, donde el BCU declara que “las autoridades de CVM realizaron un uso arbitrario del mandato de libre administración, no siempre actuando en el mejor beneficio de los clientes, pagaron obligaciones de clientes generadas en contratos put mediante la afectación de valores de otros clientes que no habían participado en la operación y sin su consentimiento”.
En base a esto, los acreedores mencionan que “el BCU destaca dos conductas ilícitas que debieron ser consideradas a la hora de determinar los valores y el dinero en efectivo que le corresponde recuperar a cada cliente”, y que esto no fue tomado en cuenta. También hacen notar su disconformidad con el hecho de que nunca tuvieron acceso al informe elaborado por la Superintendencia de Servicios Financieros del BCU acerca de la “composición de saldos de cada uno de los clientes incluidos en la cuenta a nombre de CVM en las entidades financieras del exterior, donde radica la custodia de los fondos y valores de los clientes”. Tampoco tuvieron acceso al informe elaborado por los auditores de la institución. Ni siquiera saben qué empresa estuvo encargada de dicha auditoría.
Por todo esto, declaran: “No conocemos ni se nos permitió conocer los criterios jurídicos, procedimientos aritméticos y documentación de respaldo para justificar la forma de cuantificar qué y cuánto le corresponde recibir a cada uno de los inversores, cual es sin dudas la función principal del liquidador”, haciendo referencia a la actuación de Lideco.
En base a lo anterior, los acreedores presentan un recurso de revocación contra la Resolución del Directorio del BCU D-340/2022, del 28 de diciembre de 2022, y exigen acceso inmediato a la documentación e información sobre el caso. El BCU tiene la competencia y responsabilidad de regular a CVM y a cualquier otro asesor financiero regulado e inscripto en el registro de asesores financieros del ente.
Consultado por la diaria, Juan Diana, abogado especialista en regulación financiera y prevención de lavado de activos, comentó que “de acuerdo a la normativa del BCU, los intermediarios de valores se encuentran obligados a presentar en forma periódica ante dicha entidad reguladora una serie de documentación e información contable, relativa tanto a las inversiones manejadas de los clientes como al patrimonio propio del intermediario. Esto incluye aspectos tales como las operaciones realizadas, los balances de la entidad, los activos bajo manejo, las altas y bajas de cuentas de clientes, entre otros aspectos vinculados. Adicionalmente, estas figuras cuentan con auditorías contables-financieras de forma obligatoria en forma anual, cuyos informes finales son remitidos por los auditores al BCU”.
El intercambio citado al inicio de esta nota data del 7 y 8 de diciembre de 2021, es decir, es previo a que las prácticas de CVM fueran hechas públicas y se resolviera su intervención, pero durante el período de actividad normal en el que la empresa debía reportar este tipo de información (sobre perfiles de riesgo, posiciones y balances de clientes) al BCU. De hecho, esta fue la justificación que, según dijo la fuente consultada por la diaria, Sara Goldring esgrimía a la hora de enfrentar los reclamos de los clientes por sus pérdidas.