Una de las principales banderas que enarboló el gobierno de Luis Lacalle Pou para destacar su gestión fue su política económica; sin embargo, en las últimas semanas distintos economistas e incluso la Confederación de Cámaras Empresariales manifestaron su preocupación por algunos indicadores durante 2023.
En este contexto, el exasesor del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) durante los gobiernos frenteamplistas y economista Martín Vallcorba realizó, en diálogo con la diaria, un balance de la situación económica en 2023 y las perspectivas que existen para este año.
Sostuvo que se registró un estancamiento económico y un deterioro fiscal “significativo” debido a que el gobierno aumentó el gasto del Estado en la “antesala del año electoral”, por lo que no cumplió con su promesa de eliminar la discrecionalidad en la política fiscal.
Si bien las perspectivas para este año son de crecimiento económico, el producto interno bruto (PIB) promedio de la gestión liderada por Lacalle Pou es “muy bajo”, por lo que el “principal desafío” que tendrá Uruguay a futuro será “implementar reformas que reactiven la economía”, advirtió el economista.
Algunos economistas hablan de un virtual estancamiento de la economía ocurrido en 2023 y un rebote hacia 2024, una vez diluidos los efectos de la sequía. ¿Cuál es el balance que usted hace de 2023?
El año pasado tuvo un desempeño económico mediocre, en particular con relación al crecimiento. Mediocre en sí mismo, pero también respecto de los otros países de la región. Además, hubo un conjunto importante de ausencias en materia de políticas públicas y de agenda de transformaciones y reformas estructurales. Como principal resultado negativo está la situación de estancamiento, con un crecimiento que va a estar cercano al 0% en 2023, pero que se suma a lo que es la situación del segundo semestre de 2022, con lo cual vamos a tener 18 meses prácticamente sin crecimiento. O sea, llevamos casi un año y medio sin crecimiento, lo cual sin duda es un dato complicado y muy negativo.
La Confederación de Cámaras Empresariales advirtió que el déficit fiscal está igual que en 2019, “pero con mayor nivel de deuda pública”: 68%. ¿Qué piensa al respecto?
El déficit fiscal es otro de los factores negativos de 2023. El año pasado terminó con un significativo deterioro fiscal, que se ha explicado íntegramente por el aumento del gasto, porque los ingresos no cayeron, y, por lo tanto, también desde este punto de vista, 2023 va a ser un año bisagra entre el ajuste fiscal inicial que procesó esta administración luego de la pandemia y un ciclo fiscal electoral de expansión, de aumento del gasto, que actualmente está en curso.
Cuando uno mira lo que pasó en el último año, el déficit fiscal esperado para 2023 aumentó en más de un punto por ciento del PIB. Y lo mismo el déficit de 2024. O sea que no estamos hablando de una cuestión transitoria, los propios analistas privados están previendo que para 2024 el resultado fiscal sea un punto peor. Entonces, creo que el gobierno ha intentado explicar este deterioro por factores circunstanciales como, por ejemplo, la sequía. Y la realidad es que estamos teniendo un deterioro que excede esos factores. Parte del pobre desempeño económico que tuvimos en estos últimos 18 meses tiene que ver con la sequía. Pero eso no se traslada a un impacto fiscal porque, entre otras cosas, por ejemplo, la producción agropecuaria no genera ingresos públicos porque Uruguay no le impone impuestos a las exportaciones, y, por lo tanto, ese impacto que se centró, esencialmente, en la economía del agro no tiene un impacto fiscal relevante.
Hoy estamos con un déficit fiscal que es similar al que teníamos en 2019. En 2019, frente a esta situación fiscal, la actual ministra Azucena Arbeleche señalaba que se estaban encendiendo luces rojas en materia fiscal. Sin embargo, actualmente el gobierno no hace la misma evaluación. Es más, la ministra, frente a nuestras críticas sobre la situación fiscal, ha salido a decir que estamos proponiendo un ajuste fiscal. Claramente la ministra se está involucrando en la campaña electoral y está diciendo cosas que no son ciertas, porque no se está planteando que sea necesario hacer un ajuste fiscal. Lo que estamos diciendo es que en 2019 no teníamos luces rojas encendidas, como señalaba la actual ministra, y tampoco las tenemos hoy.
La realidad es que Arbeleche no ha sido consistente con su evaluación de la situación fiscal. Lo que sí es claro es que esta situación fiscal va a limitar los márgenes de acción del próximo gobierno. No le va a imponer la necesidad de hacer un ajuste fiscal, pero sí va a limitar de manera significativa los márgenes de acción.
Como ha dicho el presidente de Chile, Gabriel Boric, en alguna oportunidad, la responsabilidad fiscal no es una cuestión de derechas. Es un elemento clave también desde una perspectiva de izquierda. Lo que hay que distinguir es la responsabilidad fiscal del fanatismo que pasa por la obsesión de bajar gastos y achicar el Estado.
Si algo nos deja claro este año es que la llamada nueva institucionalidad fiscal, impulsada por el gobierno, no logró alcanzar uno de sus objetivos centrales, que era precisamente reducir la discrecionalidad en el manejo de la política fiscal y evitar los ciclos fiscales electorales, los carnavales electorales.
¿En qué aspectos se puede evidenciar que el gobierno no pudo eliminar la discrecionalidad en la política fiscal?
El gobierno, después de pasar los efectos iniciales de la pandemia, que afectó el resultado fiscal por la fuerte caída del producto, realizó un ajuste importante. Llegó a tener en setiembre de 2022 el mejor resultado fiscal de su administración, que implicó un déficit del 2,5%.
Es importante mencionar que el ajuste fiscal se basó en la reducción del gasto en pasividades, salarios, inversiones y transferencias. No fue el ajuste que el gobierno había prometido en campaña electoral, cuando dijo que no iba a afectar las áreas básicas sensibles del Estado. El gobierno prometió sacar todo el gasto innecesario y dijo que eso no iba a implicar una caída del gasto en salarios y pasividades. Pero justamente esto último fue la clave central del ajuste.
Martín Vallcorba.
Foto: Camilo dos Santos
Pasado ese ajuste inicial, lo que tenemos es, desde setiembre de 2022 hasta ahora, un deterioro fiscal que se explica enteramente por un aumento del gasto, es decir, por una reversión de los factores que habían explicado la mejora inicial al aumentar el gasto en salarios, pasividades, inversiones y transferencias. Y esta situación se da en la antesala del año electoral. Se está repitiendo con un patrón en la historia de nuestro país, que es un ciclo electoral muy marcado del gasto cuando supuestamente la regla fiscal venía a restringir, a limitar. Este aumento del gasto realmente deja en claro que la regla fiscal no fue una herramienta útil para evitar ese tipo de comportamiento. El gobierno está haciendo realmente un despliegue de gasto en la antesala de las elecciones, por lo que deja claro que ese objetivo no se pudo cumplir.
En setiembre del año pasado, el presidente Luis Lacalle Pou reconoció que existe un atraso cambiario y que hay una falta de herramientas para revertirlo. ¿Cómo afecta al país esta situación?
Ese es otro de los puntos negativos a señalar de 2023. Uruguay tuvo un gran atraso cambiario. Si dejamos de lado la situación de la región, el tipo de cambio real acumula un deterioro de 23% en 2022 y 2023. O sea, nuestra producción es 23% más cara en dólares en relación con el resto del mundo y eso sin duda es un elemento que también tiene que ver con el pobre desempeño económico y la situación de estancamiento a la que hacíamos referencia, porque con este encarecimiento en dólares que hemos tenido, no sólo se resienten las exportaciones, que tuvieron un deterioro importante, sino que también se dificultan todas las actividades productivas que se orientan al mercado interno y que compiten con importaciones, porque enfrentan ventas que son más baratas. Todo eso también está por detrás del muy pobre desempeño económico que tuvimos.
Usted mencionaba que en la gestión hubo ausencias en materia económica, ¿cuáles son?
Se han registrado ausencias en los temas y problemas estructurales que Uruguay viene arrastrando hace tiempo, como son el desempleo juvenil, la brecha de género, las situaciones de pobreza global, pero en particular la pobreza infantil; el último dato que tenemos de 2022 nos muestra que en ambos casos estamos por encima de 2019.
En otras áreas como la inserción internacional, en la cual el gobierno ha hecho un énfasis muy grande y criticó mucho los avances que se registraron durante los gobiernos del Frente Amplio, lo que uno ve es que no ha habido prácticamente ningún avance concreto e importante. No hay agenda por un crecimiento, no hay políticas que promuevan mejoras en la productividad de la economía, no se defiende la competencia de los mercados, al contrario, las acciones que se han tomado han ido en la dirección opuesta. El ejemplo más claro es el acuerdo que firmó el gobierno en el puerto con la empresa Katoen Natie, que va en la dirección exactamente opuesta a promover y defender la competencia en los mercados, y que sin duda, en una mirada de largo plazo, es un acuerdo de 60 años que genera consecuencias muy negativas para el desempeño económico futuro de nuestro país.
Y tal vez, en esa mirada más larga, las dos reformas en las cuales el gobierno ha puesto énfasis como reformas exitosas o que se han completado, que son la reforma de la seguridad social y la llamada transformación educativa, también en esos aspectos el balance es pobre. En el caso de la reforma de la seguridad social, según las estimaciones que hizo el Banco de Previsión Social, los efectos que genera al 2050, en caso de que el suplemento solidario se ajuste por el índice medio de salarios, que es el criterio que se venía siguiendo, la mejora del déficit del sistema de seguridad social es de tan sólo 0,5% del PIB. O sea, un impacto muy marginal.
Con respecto a la transformación educativa, yo no soy un experto en el tema, pero parece tener bastante más marketing que sustancia, entre otras cosas porque está claro que no hay transformación educativa posible si no hay un aumento significativo de la inversión. Eso está escrito por todos quienes han estudiado seriamente el tema, en particular Eduy21. Pero lo que ha hecho el gobierno en materia de inversión educativa ha sido exactamente lo contrario. El presupuesto por alumno en la educación se redujo y, por lo tanto, no hay condiciones ni posibilidades de que haya una verdadera transformación educativa si no hay un aumento significativo de la inversión que el Estado realiza.
¿Cuáles son las perspectivas para este año en materia económica?
Desde el punto de vista de la actividad económica, hay un consenso de que vamos a tener un rebote en el crecimiento económico. Después de estos 18 meses de estancamiento, sin crecimiento, la previsión es que 2024 tenga una tasa de crecimiento en comparación elevada del orden del 3,1%. Pero recién va a ser el último año de esta administración y, por lo tanto, cuando uno mira el desempeño global en los últimos cinco años, el crecimiento promedio anual durante el gobierno va a ser muy pobre.
Considerando este rebote de 2024, el gobierno alcanzará un crecimiento económico del 1,5% promedio anual, que realmente es muy bajo, y que se suma a un pobre desempeño que también tuvimos en el quinquenio anterior. Y, por lo tanto, a pesar de ese crecimiento para 2024 que luce como interesante, va a seguir siendo uno de los desafíos principales que tiene Uruguay, que es implementar un conjunto de políticas que permitan incrementar de manera importante el crecimiento del PIB. Por tanto, a pesar de que vamos a tener un crecimiento económico bueno, vamos a seguir arrastrando un desempeño económico pobre y se incrementará la necesidad de implementar reformas.
¿Qué reformas se deberían realizar para impulsar la economía?
Se debería centrar en cinco áreas centrales: educación, que es fundamental para potenciar y mejorar el desempeño económico de largo plazo de la economía; inversión, tanto pública como privada; inserción internacional; mejora de la productividad y competitividad de la economía, y finalmente los aspectos vinculados con la competencia, la promoción y defensa de la competencia en los mercados.
Esos creo que son los cinco grandes temas centrales que una próxima administración va a tener que encarar a los efectos de poder superar este pobre desempeño económico. Sin un crecimiento significativo, pujante, es imposible que nuestro país genere los recursos públicos como para poder hacer frente al conjunto de necesidades y desafíos que la economía, la sociedad y el país tienen de cara al futuro.
¿Qué se puede esperar en materia de inflación y mercado de trabajo?
En materia de inflación, seguramente tengamos un leve repunte después de un 2023 que fue muy bueno con la contracara que comentábamos del atraso cambiario. Este año se caracterizará por un leve aumento de la inflación, pero manteniendo niveles reducidos.
En materia del mercado de trabajo, la economía uruguaya también tuvo un desempeño positivo, se crearon empleos del orden de los 40.000 en 2023, se mejoró la tasa de empleo, volviendo a niveles similares a los de 2016, recuperando en parte lo que había sido la caída durante la última administración del Frente Amplio. Sin embargo, se mantiene en niveles lejos de lo que fue el máximo histórico, que se registró en el segundo gobierno del Frente Amplio.
Seguramente en 2024 un conjunto de sectores complete la recuperación de la pérdida de salario real que se tuvo durante los primeros tres años de esta administración. Por tanto, es probable que esta administración termine en materia salarial con una situación muy parecida a la de 2019.