Las instituciones importan... y las personas también

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El Premio Nobel de este año fue para los economistas Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson, por sus estudios sobre el rol de las instituciones para entender “las diferencias en la prosperidad entre países”. No es la primera vez que la Fundación Nobel otorga un premio a economistas que han estudiado el rol de las instituciones en el desempeño económico. Otros ganadores son Ronald Coase, en 1991, Douglas North, en 1993, y Oliver Williamson, en 2009.

Sin embargo, los premiados este año encontraron una forma de probar que existe una causalidad entre las instituciones y el desarrollo posterior de los países. Y esta diferencia en las instituciones económicas, en particular la protección relativa de los derechos de propiedad contra la expropiación, determina las diferencias importantes en el PIB per cápita entre países.

En particular, estos autores analizaron los procesos de colonización de algunos países por parte de las potencias europeas a partir del año 1500 como un “experimento natural”. Esto fue posible porque los mismos países colonialistas tuvieron estrategias de colonización diferentes.

Por un lado, en algunos países crearon instituciones que les permitían explotar a las personas locales o a sus recursos, a las cuales los autores denominaron “instituciones extractivas”. En otros países, por el contrario, los colonizadores no tenían recursos que extraer o población local que esclavizar, por lo que copiaron las instituciones de sus países de origen, permitiéndoles a sus ciudadanos gozar de los mismos derechos con que ya contaban. En este caso, la denominación adoptada por los autores fue la de “instituciones inclusivas”.

Este análisis es importante por dos motivos. En primer lugar, porque rompe con la idea de que haber sido colonizado por una potencia u otra determinaba la suerte de los países, en particular en el caso de Inglaterra o España. Si bien Inglaterra colonizó a Estados Unidos, uno de los países más ricos del mundo, también colonizó a India, un país con un PIB per cápita –en paridad de poderes de compra– similar al de Bolivia, que es uno de los países más pobres de América Latina, colonizada principalmente por los españoles. En segundo lugar, porque fue de los primeros en establecer un vínculo causal entre las instituciones y el desarrollo económico.

Concretamente, los autores categorizaron estos dos tipos de instituciones en 2001, en un trabajo titulado “The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation”.¹ En la medida en que existen fenómenos que pueden explicar tanto la protección de los derechos de propiedad como el desarrollo actual, lo que hicieron fue buscar una variable que explique los primeros, pero no los segundos directamente. Su historia parte de la base de que en los países en los que los colonos enfrentaban mayores riesgos, en particular debido a enfermedades como la malaria o la fiebre amarilla, tendían a crear instituciones extractivas. Entonces, lograron explicar los derechos de propiedad actual y su impacto en el desarrollo utilizando datos de mortalidad entre colonos de distintos países.

En otro trabajo, titulado “Reversal of Fortune: Geography and Institutions in the Making of the Modern World Income Distribution”,² se establece que algunos de los países en donde los colonos se asentaron eran originalmente ricos, a partir de medidas como el nivel de urbanización o de densidad de la población en el siglo XVI. A pesar de ello, en la actualidad estos países cuentan con un PIB per cápita comparativamente menor con respecto a zonas que en aquella época eran más despobladas, es decir, donde existía más mano de obra o recursos para explotar. En esas zonas, más ricas por aquel entonces, los colonos establecieron instituciones extractivas que invirtieron la suerte de estos países, lo que terminó empobreciéndolos.

Estos trabajos forman parte de una larga lista de investigaciones que demuestran que las instituciones tienen efectos muy importantes sobre las variables económicas. Tanto las instituciones formales que protegen los derechos de propiedad, en particular de la expropiación, como los patrones culturales de los individuos tienen efectos importantes sobre el desarrollo económico, aun si se han formado siglos antes.

Sin embargo, en las investigaciones de los autores galardonados, la protección contra la expropiación, la variable por excelencia que mide instituciones económicas, es un indicador elaborado con base en múltiples elementos objetivos y subjetivos que hace difícil desentrañar qué institución específica, o qué combinación de instituciones, es la óptima. Y entender esto es clave, naturalmente, para lograr cambiarlas: ¿hay que cambiar el código civil? ¿Tener jueces mejor formados o expeditos? ¿Un Parlamento aislado de los grupos de interés? ¿Leyes de competencia más firmes? ¿Todos los anteriores? ¿Otros bien distintos?

En efecto, es muy difícil saber a priori qué botón apretar para generar el cambio en la dirección deseada. En países diferentes, los botones serán distintos y no existe una regla general que se aplique para todos. Cuando pasa esto, se hace muy difícil alcanzar consensos con respecto a cuál cambio institucional es el que quiebra definitivamente el sendero de las instituciones virtuosas (o extractivas). En ese sentido, todos los países conviven con instituciones que empujan y que retraen el crecimiento económico, sólo que algunos tienen más de las primeras que de las segundas. ¿Cómo lo sabemos? Quizá simplemente porque les fue “bien”.

Obviamente, las instituciones económicas y sociales son creaciones humanas, y como tales son imperfectas y susceptibles de mejora. Teniendo en cuenta los efectos de cada tipo de institución y su distinción, las personas enfrentamos dificultades para acordar cambios y, a posteriori, identificar “culpables” de los fracasos. Al final del día, la discusión se vuelve religiosa y depende de las distintas creencias sobre estos aspectos (la fe juega un rol importante), más allá de que algunos cambios institucionales tienen resultados obvios, como expropiar activos sin una justa compensación. Ahora bien, ¿qué pasa si efectivamente hay una justa compensación? ¿Igualmente está mal expropiar? Seguramente acá tengamos múltiples opiniones o zonas grises y se termine aplicando el famoso y universal “depende”.

Por último, debemos tener presente que los cambios institucionales son legítimos en entornos democráticos. Es interesante, en ese sentido, que este premio haya llegado en un momento en que las economías más desarrolladas, donde las instituciones son más fuertes y asentadas, discutan la posibilidad de que asuman líderes que las modifiquen de forma radical y, aparentemente, irreversible. Ello nos recuerda la fragilidad de las instituciones y el rol que cumplen los individuos que las crean y aplican.

Al final del día, las instituciones no son entidades abstractas. Detrás de ellas hay personas como quien escribe, o como quien lee este artículo, que cree o no en ellas, y que aplican sus principios o cumplen sus reglas cuando les toca hacerlo. En otras palabras, contar con buenas instituciones es como poner una copa de cristal en medio de una pista de baile: hay que divertirse y bailar sin romperla, para que la disfruten los que vienen en la próxima función, los de la próxima generación. El asunto es que la responsabilidad es de todos, y entre el baile y la música nos podemos quedar sin saber quién la rompió.