El Centro para la Investigación Económica y Política (CEPR por sus siglas en inglés, Center for Economic and Policy Research) fue cofundado por los economistas Dean Baker y Mark Weisbrot en 1999 “para promover el debate democrático sobre los temas económicos y sociales más importantes que afectan la vida de las personas”. Su consejo asesor incluye a los economistas ganadores del Premio Nobel Robert Solow y Joseph Stiglitz; Janet Gornick, profesora de la Escuela de Posgrado de CUNY y directora del Estudio de Ingresos de Luxemburgo; y Richard Freeman, profesor de Economía en la Universidad de Harvard.
El CEPR difundió un estudio titulado “Uruguay en una encrucijada: ¿continuar con el declive o regresar al progreso económico?”, en el que analizan el desempeño reciente y las perspectivas de la economía uruguaya, así como los principales desafíos sociales y económicos que se abren a partir del próximo año. El documento fue elaborado por Joe Sammut, Jake Johnston y Guillermo Bervejillo.
Según destacan estos investigadores, “bajo los sucesivos gobiernos del Frente Amplio entre 2009 y 2015, Uruguay experimentó un período de crecimiento sólido e inclusivo que muchos observadores consideran un ejemplo de éxito regional”. Subrayan, en particular, el incremento del gasto social que tuvo lugar entre 2009 y 2015 (pasando de 18,5% a 25,8%), el despliegue de programas de transferencias orientado a mitigar la pobreza y las reformas que fueron implementadas durante ese lapso, en particular en la órbita del sistema de salud, donde se buscó garantizar un acceso equitativo y universal. Como sostiene el reporte, estas acciones permitieron reducir significativamente la pobreza, que pasó del 40% en 2005 al 9% en 2019, posicionando a Uruguay en un lugar privilegiado dentro del contexto regional.
“Sin embargo, bajo la administración liderada por el Partido Nacional, en el cargo desde 2020, muchos de estos logros se han visto socavados”, advierte el texto. En ese sentido, a pesar de haber enfrentado la pandemia y otros shocks negativos, las políticas implementadas por esta administración “contribuyeron a una recuperación más lenta y a un estancamiento o empeoramiento de los indicadores sociales”. Producto de lo anterior, el desempeño uruguayo fue peor que el de la mayoría de sus pares regionales.
A este respecto, resaltan los impactos de la política fiscal restrictiva, que se caracterizó por un “menor aumento del gasto público y una reducción del apoyo fiscal a un ritmo más acelerado que en los países vecinos”, así como por un retiro comparativamente temprano de los apoyos y medidas de alivio otorgadas en el marco de la emergencia sanitaria. En efecto, el gasto social cayó más de tres puntos porcentuales del PIB, pasando de 28% a 24,5% entre 2020 y 2023.
“La política monetaria también se endureció de forma prematura”, agregan los tres investigadores, en referencia al incremento de la tasa de interés, que tuvo lugar incluso “seis meses antes de que la Reserva Federal de Estados Unidos subiera las tasas de interés por primera vez.
El informe también es crítico sobre la gestión en el plano social, destacando que la pobreza aún permanece por encima de los niveles que tenía antes de la irrupción de la pandemia, en contraste con lo sucedido en la “mayoría de los países más cercanos a Uruguay”. En la misma línea, identifican otra deficiencia asociada a la trayectoria de la desigualdad, que en su visión “empeoró significativamente”: entre 2019 y 2022, “el ingreso promedio real (después de impuestos y transferencias) del 10% más rico aumentó un 8%, mientras que el 50% más pobre experimentó una caída de sus ingresos reales del 16%”.
Otros contrastes
El análisis del CEPR también aborda y contrasta otras dimensiones, señalando que, mientras el “Frente Amplio fortaleció a los sindicatos con la introducción de los Consejos de Salarios, entre otras medidas, y aumentó de manera regular el salario mínimo por encima de la inflación, lo que provocó un incremento significativo en términos reales […], el gobierno de Lacalle Pou ha restringido el derecho a huelga y reducido los aumentos del salario mínimo a apenas por encima de la tasa de inflación”.
De esta manera, el poder adquisitivo se incrementó apenas 3,1% durante el período, mientras que el salario mínimo —expresado también en términos reales— aumentó sólo 1,7%, “representando los incrementos más lentos desde 2004”.
A pesar de lo anterior, señalan la mejora del mercado laboral como “uno de los pocos aspectos positivos en el desempeño económico de Uruguay”, poniendo el foco sobre la generación de empleo, especialmente dentro de la órbita formal. Dicho esto, los autores introducen otro matiz y aclaran que lo anterior “probablemente se deba más a cambios estructurales en la economía uruguaya que a medidas de políticas específicas”.
Por todo lo anterior, concluyen que “las elecciones de noviembre en Uruguay representan una encrucijada clave para el futuro del país”. Por un lado, “Orsi y el Frente Amplio proponen un retorno a las políticas sociales progresistas, incluyendo la expansión de los programas de transferencias monetarias direccionadas a hogares pobres y un aumento del gasto social para abordar la creciente desigualdad”. Por el otro, el actual oficialismo “ofrece una continuidad con los últimos cuatro años, durante los cuales se priorizó una política de ajuste fiscal, incluyendo recortes al gasto social, por encima de los objetivos económicos y sociales”.
Finalmente, advierten sobre la amenaza que podrían suponer los “elementos de la derecha radical dentro de la coalición”, trazando un paralelismo con la situación de Argentina y el ascenso de Javier Milei.