El reciente aumento del tope de endeudamiento aprobado por el gobierno ha generado un debate entre economistas y expertos, quienes analizaron las implicancias de esta medida tanto a corto como a largo plazo.
Especialistas consultados por la diaria expresaron sus dudas sobre la efectividad de la regla fiscal impulsada por esta administración, y advirtieron que el incremento del tope de endeudamiento “imprime presión al próximo gobierno”.
“El nuevo gobierno asumirá con una situación fiscal que no ha mejorado respecto de 2019 y con un endeudamiento sustancialmente mayor”, indicó a la diaria la investigadora asociada del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve) Silvia Rodríguez-Collazo.
En la misma sintonía, el economista Joaquín Torres sostuvo, en diálogo con la diaria, que el aumento de la deuda obligará al próximo gobierno a tomar decisiones en materia de ingresos y gastos. Según explicó, esta nueva carga financiera se acumula sobre un endeudamiento que ya venía creciendo desde hace unos años.
Ambos expertos coincidieron en que la medida del gobierno no es una sorpresa, ya que varios factores habían sido previstos en la última Rendición de Cuentas.
Rodríguez-Collazo afirmó que, a pesar de que este aumento está dentro de los márgenes de la regla fiscal, hubo una falta de previsión por parte del gobierno. Por su parte, Torres señaló que es necesario revisar la normativa fiscal actual y destacó que la regla presenta problemas fundamentales de diseño.
El anuncio del gobierno
El 17 de diciembre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que elevará el tope de endeudamiento, por lo que se encamina al incumplimiento del tercer pilar de la regla fiscal. El MEF argumentó que esta decisión responde a una “sorpresa inflacionaria” y al menor crecimiento económico registrado, factores que impactaron negativamente en la recaudación. Por este motivo, por tercera vez durante el actual período de gobierno, el Poder Ejecutivo excederá el tope de endeudamiento neto legal y el Pilar 3 de la regla fiscal no se cumplirá.
De esta manera, el tope de endeudamiento, fijado originalmente en 2.300 millones de dólares, se ampliará en un 30%, lo que permite al gobierno endeudarse hasta los 2.990 millones de dólares.
El anuncio generó críticas inmediatas de economistas en redes sociales. El gerente senior de CPA Ferrere, Nicolás Cichevski, advirtió desde la red X que la medida es al menos “preocupante”, ya que “probablemente implicará que la proyección del resultado fiscal estructural de -3,4% tampoco se cumpla”.
Por su parte, el economista Javier de Haedo, que fue director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), aseguró en la misma red social que era la “crónica de un incumplimiento anunciado”, y argumentó que la “gestión termina siendo tan mala como se la recibió”.
Considerando todos estos aspectos, el investigador Joe Sammut, del Centro para la Investigación Económica y Política, un think tank con sede en Estados Unidos, aseguró, en una entrevista con la diaria, que el gobierno del Frente Amplio enfrentará desafíos sociales “serios” y recomendó que se reformule la regla fiscal.
Para Sammut, que es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Queen Mary de Londres y cuenta con una maestría en Filosofía en la Universidad de Oxford, los recortes impulsados por Lacalle Pou “contribuyeron a una recuperación más débil que la de muchos de los pares relevantes de Uruguay en América del Sur. La adopción por parte de su gobierno de una regla fiscal muy conservadora significó recortes demasiado grandes y demasiado rápidos”.
Impacto
Rodríguez-Collazo, que cuenta con un máster en Economía y es profesora del Instituto de Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, indicó a la diaria que el aumento del tope de endeudamiento está dentro de los márgenes de aplicación de la regla fiscal para contemplar diversas situaciones, como una desaceleración económica, cambios sustanciales en los precios relativos o contextos de crisis o emergencias (como la pandemia o la sequía). “En la medida en que algunas de estas circunstancias se configuran, e informando a la Asamblea General, no hay incumplimiento de ese pilar de la regla fiscal. El MEF intenta argumentar que se dio un cambio de los precios, inesperado al momento de establecer el tope de endeudamiento para 2024. Y eso configuraría una de las posibles razones para modificar el tope de deuda”, sentenció. En lo que refiere al impacto de la medida, en lo inmediato, implica un nuevo escalón en el flujo de la deuda para 2024.
“Después de un aumento de diez puntos porcentuales tras la pandemia (de 48% del PIB a 61%), y no logrando retornar a los niveles de 2019 durante 2021-2024, al final del período se da un nuevo incremento que está por encima del previsto (las estimaciones realizadas por la Oficina de Deuda del MEF la ubican en 60,1% del PIB)”, señaló.
“Lo que genera un aumento de la deuda es que le imprime presión al próximo gobierno, sobre todo en una administración nueva, porque, de alguna forma, esta nueva deuda va a tener que financiarse”. Joaquín Torres
En cuanto a cómo podría afectar a la inflación, las tasas de interés o el tipo de cambio, la economista señaló que “los escenarios planteados por el MEF y por el BCU llevarían a tomar caminos divergentes respecto de la tasa de política monetaria (TPM)”.
Mientras las perspectivas del MEF indican que “el crecimiento del PIB será al finalizar 2024 de 2,6%, el último informe del Copom [Comité de Política Monetaria] proyectaba un crecimiento próximo al 3,5% (en tanto que la mediana de las respuestas de los analistas relevadas en la encuesta de expectativas de diciembre lo sitúa en torno a 3,1%); y con una inflación proyectada por el BCU más baja que la proyectada por el MEF para 2024, que se ubicaría por fuera del rango meta (6,4% para 2024), en tanto la mediana de expectativas la ubica por encima del 5%”, agregó.
Torres indicó que la medida del gobierno tiene un “impacto evidente” en el aumento de la deuda pública. “Lo que genera un aumento de la deuda es que le imprime presión al próximo gobierno, sobre todo en una administración nueva, porque, de alguna forma, esta nueva deuda va a tener que financiarse, lo que implica que en el futuro gobierno se tomará una decisión en términos de gasto y/o de ingresos que viene dada por este aumento del tope en este momento y un aumento de la deuda consiguientemente”, señaló. Asimismo, se preguntó qué impactos puede tener este aumento del tope (el tercero que realiza este gobierno) en la credibilidad de la regla fiscal.
“Creo que no va a haber grandes efectos sobre esto, pero también es algo que hay que tener en cuenta, sobre todo porque también puede afectar un poco las expectativas de los agentes, tanto locales como internacionales, pero no creo que sea relevante. Sin embargo, es algo para prestarle atención, más que nada para pensar en los potenciales cambios a la actual regla fiscal”, agregó.
Equipos de economía durante la transición de gobierno, en el MEF.
Foto: Rodrigo Viera Amaral
No es una “sorpresa”
Ambos especialistas consideraron que la medida del gobierno no constituye una sorpresa, ya que había factores previstos en la Rendición de Cuentas pasada que daban cuenta de esta situación.
Sobre esto, Rodríguez-Collazo coincidió con algunos economistas en X que expresaron que esto era la “crónica de un incumplimiento anunciado” y aseguraron que constituye una “situación preocupante”. “Coincido en que al momento en el que se presentaron las estimaciones para la Rendición de Cuentas de 2023, apenas unos meses atrás en junio de 2024, estas circunstancias eran conocidas y fueron explicitadas para fundamentar el incumplimiento de los otros dos pilares de la regla fiscal. Por lo tanto, en ese momento se contaba con la información para ajustar o tomar acciones para evitar el desvío que terminó ocurriendo. Nada de ello sucedió, por lo que no parece ser una sorpresa”, complementó.
Por otro lado, indicó que las proyecciones de inflación y de crecimiento del PIB realizadas por el MEF no convergen con las que realiza el BCU. “Más que una sorpresa estaríamos ante proyecciones desajustadas, optimistas en términos del cumplimiento de las metas fijadas por el MEF, y que pasadas las elecciones y antes de iniciar el proceso de transición se definió poner en marcha la cláusula que permite el incremento de la deuda”, señaló.
Sobre las razones
El especialista señaló que los motivos que da el MEF para argumentar que se necesita elevar el tope de endeudamiento refieren a factores tanto internos como externos. En cuanto a los factores internos, lo que expresa el MEF es que hubo una caída en la recaudación de la DGI con respecto a la proyección prevista, un aumento menor en la evolución de los ingresos, lo que tiene que ver con una moderación de la inflación que exhibió el país, principalmente entre 2023 y 2024.
“Esto se debe a que parte importante de la recaudación de DGI, o sea, de los ingresos tributarios y fiscales del Estado, responden al IVA, que es un impuesto al consumo; entonces, parte de la caída de los precios explica un poco eso. Por otro lado, lo anterior también obedece a factores externos que están más vinculados a los precios distorsionados con relación a la situación en Argentina”, afirmó.
El MEF sostiene que hay cambios en los precios relativos, generados por una “sorpresa inflacionaria que cae”, que lo obliga a activar una cláusula que le permite aumentar el tope de endeudamiento del 30%. “Estos factores no son nuevos y ya eran conocidos al momento de que se establecieran las proyecciones a partir de la Rendición de Cuentas de este año”, reiteró.
“El déficit con que se finalizará este período de gobierno no se apartará sustancialmente del de 2019, cuando la regla fiscal que estaba vigente no parecía suficiente para contener el gasto y evitar el crecimiento del endeudamiento”. Silvia Rodríguez-Collazo
Déficit fiscal
Torres sostuvo que la situación fiscal en Uruguay es “compleja” desde hace años, lo que se ve reflejado en los medios como un tema recurrente y una discusión frecuente en el marco de las últimas elecciones. El analista aseguró que los países en desarrollo enfrentan un fenómeno vinculado a los ciclos electorales, sobre todo porque las situaciones fiscales se deterioran en los años en los que se van a realizar elecciones.
“Hay un montón de fundamentos, desde posponer inversiones para el último año, gastar más en el último período, hacer recortes impositivos en el último año del gobierno, que explican por qué las finanzas de los países se deterioran principalmente o en mayor medida en los últimos años electorales. En ese sentido, ante un cambio de administración y ante una potencial discusión sobre la institucionalidad fiscal uruguaya actual, parecería necesario pensar cómo evitar que este fenómeno siga ocurriendo”, reflexionó.
Desde la academia se ha recomendado que la política fiscal no debería acompañar o exacerbar el ciclo económico. “Dentro de la nueva regla fiscal hay una herramienta, un mecanismo, que es el Fondo de Estabilización, que debería también pensarse mejor en qué forma utilizarlo. Si el país se enfrenta a situaciones no previstas, sería mejor tener algún tipo de mecanismo establecido de forma más clara que permita utilizar fondos guardados para activar en momentos en los que la situación fiscal o la situación del país es compleja. Esto tiene más que ver con un pienso de la regla fiscal, pero está vinculado también con pensar de qué forma evitar que las situaciones fiscales en Uruguay sigan teniendo un mayor deterioro en los años electorales o en los años finales de los gobiernos”, añadió.
Por su parte, Rodríguez-Collazo aseguró que “el déficit con que se finalizará este período de gobierno no se apartará sustancialmente del de 2019, cuando la regla fiscal que estaba vigente no parecía suficiente para contener el gasto y evitar el crecimiento del endeudamiento”. La especialista recordó también que en este período de cuatro años esta es la tercera oportunidad en la que se invoca esta cláusula.
“Parte de las críticas que se realizaban a la regla vigente previamente podrían aplicarse en esta oportunidad, en la que dos de los tres pilares de la regla se incumplirán, y en cuanto al tercer pilar, referido al tope de deuda, en tres años de cuatro se ha convocado a la modificación del tope”, señaló.
Perspectivas a futuro
En un futuro cercano, el cierre de 2024 y el inicio de 2025, el nuevo gobierno asumirá con una situación fiscal que no ha mejorado con respecto a 2019 y con un endeudamiento “sustancialmente mayor”, indicó la economista.
“Con un crecimiento del producto promedio del período muy bajo y una situación de endeudamiento más comprometida que hace cinco años, la necesidad de tomar medidas que impulsen un crecimiento con mayor equidad se convierte en central”, evaluó. Además, interpretó que, a pesar de que la instalación de una regla fiscal ha permitido un mayor desarrollo académico, lo que tiene un “gran valor”, es necesario “repensarla”.
“La regla fiscal actual de Uruguay tiene algunos problemas de diseño que es necesario atacar para poder hacer que efectivamente logre manejar un tema muy importante. En primer lugar, creo que la regla fiscal actual no cumple elementos centrales que, a nivel teórico, se expresan necesarios; y eso no es del todo simple”, afirmó.
La actual normativa se basa en algunos datos que necesitan ser estimados, señaló. Además, dijo que hace poco se realizaron en la universidad los primeros desarrollos sobre cuál es el nivel de deuda prudente u óptimo para el país, lo que da parámetros “más claros” a la hora de tomar decisiones.
Asimismo, consideró que el Consejo Fiscal Asesor y el Comité de Expertos deberían tener mayor presupuesto y funcionar de forma autónoma para mejorar el monitoreo de las finanzas públicas, su control, y obtener una mejor información sobre la situación fiscal que no dependa solamente del MEF.