Uruguay se enfrenta al desafío de alcanzar una producción sostenible para lograr la apertura de nuevos mercados. Las exigencias de sostenibilidad ambiental son cada vez más fuertes en el mundo, y el país apuesta por cumplir las metas ambientales que le permitan consolidar su estrategia comercial.
Sin embargo, no se trata de una tarea sencilla. Especialistas consultados por la diaria aseguraron que se requiere una mayor participación estatal y un fuerte compromiso político para poder alcanzar los niveles de competitividad necesarios.
Las economistas Magdalena Borges y Lucía Pittaluga destacaron que el Estado tiene un rol central en la transición hacia este modelo de producción e indicaron que es fundamental que el gobierno impulse políticas públicas, regulaciones e incentivos para fomentar prácticas sostenibles en las empresas y los sectores productivos.
“Este tema va a ser cada vez más importante porque las exigencias de los mercados van a ir creciendo y existe el riesgo de que los que no las cumplan se queden afuera. Si Uruguay no apuesta por la producción sostenible, nos puede ir bastante mal porque nuestra base de producción se basa en los recursos naturales y protegerlos es parte de lo que nos va a dar sostenibilidad en el desarrollo de mediano y largo plazo”, advirtió Borges, que es economista, contadora y tiene un máster en desarrollo regional sostenible por la Universidad de Deakin, en Australia.
Por su parte, Pittaluga, que tiene una maestría en desarrollo económico por la francesa Université de Picardie, consideró que Uruguay aún no comenzó un proceso hacia un modelo de producción más sostenible. Señaló que esto se debe a que el país enfrenta “muchas barreras” y aseguró que es necesario impulsar una planificación, de lo contrario es “muy difícil” que existan avances.
“En primer lugar, es necesario que exista un convencimiento profundo por parte de los hacedores de políticas públicas. Debe existir el convencimiento de todos los partidos políticos de que esto se tiene que encarar de una manera profunda, no con algunas medidas por aquí y por allá”, reflexionó Pittaluga, que también es profesora e investigadora de la Universidad de la República.
En la misma sintonía, Borges recalcó que el Estado y la voluntad política juegan un “rol muy importante” para impulsar alternativas y modelos de producción más sostenibles. “El Estado cumple un rol muy importante a través de facilitar la capacitación y brindar licencias técnicas e incentivos. Muchas veces falta la demanda para productos que son innovadores y no son muy conocidos, por lo que, a través de la compra pública, se podría generar una demanda para destrabar esa barrera. Otro caso es el sistema financiero: los bancos deben capacitarse sobre el impacto ambiental, porque no es algo que tradicionalmente hagan”, agregó.
Definición y medición
Borges, que además se desempeña como consultora en recursos hídricos y en economía circular, señaló que el concepto de producción sostenible se refiere a satisfacer las necesidades de la población, pero sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras.
“Implica, por un lado, producir de forma tal que el ritmo de extracción de los recursos naturales sea menor que el de reposición, para que esos recursos no se agoten. Pero también conlleva ver otros aspectos, como la calidad. Porque, por ejemplo, si nos referimos al agua y no miramos la calidad [de la] que extraemos, vamos a estar obviando la contaminación”, explicó.
Con respecto a la medición, la especialista dijo que existen indicadores parciales, por lo que, por el momento, es difícil llegar a un diagnóstico total sobre el progreso de un país en materia de producción sostenible.
Situación de Uruguay
Desde la mirada de Pittaluga, Uruguay aún no comenzó un proceso hacia un modelo de producción más sostenible, ya que lo que existe hasta el momento son “casos aislados”.
“Va más lento de lo que debería ir, pero se está generando un entorno habilitador, en el que el gobierno va facilitando elementos que permiten la práctica. Podría darse de manera más rápida, pero eso quizás también depende de que ciertas cosas se hagan efectivamente evidentes”. (Magdalena Borges)
Borges completó el razonamiento aclarando que, si bien el país aparece bien posicionado en ciertas áreas, como las energías renovables, “aún tiene retrasos en temas como la economía circular”. “Aunque hay indicadores globales que muestran un buen desempeño del país, aún hay desafíos en la implementación de prácticas sostenibles a gran escala”, agregó.
Consultada sobre las barreras que enfrenta el país, Borges identificó cuatro aspectos principales: la falta de acceso a financiamiento, la baja rentabilidad e incertidumbre de algunos negocios innovadores, la ausencia de mercados para productos sostenibles y la falta de conocimiento sobre prácticas ambientales. La economista subrayó que el Estado tiene un rol crucial para superar estos obstáculos por medio de políticas públicas, incentivos y programas de capacitación tanto para empresas como para el sistema financiero.
Con respecto a la falta de oportunidades de financiamiento, indicó que existe escasez tanto en el sistema financiero tradicional como en programas a nivel de gobierno que promuevan este tipo de actividades “que muchas veces no son conocidas por las empresas”.
Por su parte, Pittaluga remarcó la necesidad de un sistema de ciencia y tecnología que apoye la investigación de modelos sostenibles y la disposición de los productores para adoptar nuevas prácticas. “Estas formas productivas necesitan mucha investigación y todavía no están los fondos ni el sistema de ciencia y tecnología apropiado para generar el conocimiento suficiente para empezar estas transiciones. La otra barrera son los propios productores y productoras. ¿Están dispuestos a meterse en este nuevo sistema de aprendizaje?”, se preguntó.
Exigencias de los mercados
Borges aseguró que el futuro de la producción sostenible en Uruguay está ligado a la capacidad del país de adaptarse a las nuevas exigencias del mercado internacional y de proteger sus recursos naturales.
La especialista destacó que hay muchas empresas que se están preparando para las exigencias que se propondrán en los mercados internacionales; “sin embargo, todavía no se han visto requerimientos concretos, aunque se prevé que en cualquier momento puedan establecerse”.
“Todavía no se han presentado barreras tan claras en las que un producto ya no se ofrezca en el mercado porque no cumple con las condiciones. Lo que sí se ha visto más es que determinados productos acceden a mejores precios cuando se alcanzan ciertas condiciones. Pero ya se advierte el riesgo de que en el futuro puedan cerrarse mercados”, agregó.
Por su parte, Pittaluga advirtió que este tema ya está afectando el comercio y el acceso a nuevos mercados y exportaciones debido a que la Unión Europea exige a los países que tengan certificación de que no deforestaron.
En ganadería, la especialista destacó que hay emprendimientos que incorporan la producción sostenible y que son rentables, pero se trata de “casos aislados”. “El asunto es que estos modelos necesitan un aprendizaje importante. Se necesita mucha investigación y desarrollo, y después de esa investigación y desarrollo se requiere la transferencia o la interacción del conocimiento generado en las prácticas de producción. Hay mucho por aprender aún, por saber cómo funcionan, por saber si una práctica es rentable, pero estamos viendo en todo el país prácticas de ganadería y de otros rubros que logran un sistema sostenible, que es rentable. El asunto es que siguen siendo casos aislados. Por eso es tan importante la política pública, porque la única forma de escalar estos casos aislados es generando una política profunda”, reflexionó.
Foto: Mara Quintero
Planificación
Pittaluga remarcó que es necesario pensar todas las cadenas productivas del país con la “lupa de la sostenibilidad”. “Hay que hacer una planificación, tener una visión. Las transiciones hacia modelos sostenibles no se hacen con medidas y voluntades aisladas, necesitan una planificación global y una visión integral. En el mundo hay políticas más avanzadas y menos avanzadas, y más exigentes que otras, pero no hay un país que pueda decirse que esté, en este momento, bajo un modelo de producción sostenible”, afirmó Pittaluga. Sostuvo, además, que es necesario pensar esta transición como un proceso “paulatino” pero que tiene “cambios profundos”.
“Para lograr una transición hacia un modelo de producción sostenible, la generación de conocimiento apropiado es la base, porque lo que pasa muchas veces es que desconocemos muchos fenómenos y hay poca informacióno, o se tienen diferentes diagnósticos. Entonces, necesitamos un sistema de ciencia, tecnología e innovación absolutamente dedicado”, agregó.
Sostenibilidad y rentabilidad
Por otro lado, Borges indicó que los consumidores van a cumplir un rol clave para que las empresas uruguayas puedan equilibrar la sostenibilidad con la rentabilidad. “Los consumidores cada vez exigen más este tipo de productos, entonces, al surgir esta demanda, también hacen más viable el negocio para las empresas. Además, es importante el accionar de los gobiernos, porque mediante distintos incentivos pueden ayudar a mejorar la rentabilidad de las empresas”, reflexionó.
La economista consideró que el Estado puede jugar un papel importante a la hora de brindar mayor rentabilidad a los negocios, exonerando impuestos o dando ventajas para las propuestas sostenibles.
“Por lo tanto, hay varias formas de ir transformando paulatinamente esas actividades para que no impliquen una presión tan fuerte sobre los recursos, sino que se haga de forma más eficiente”, agregó.
“Lo que no se discute es la creación de un sistema de innovación territorial y local, enfocado en la transición hacia un modelo de producción sostenible. Esto es fundamental. Los hacedores de políticas deben convencerse de que este es el camino a seguir para garantizar un desarrollo adecuado”. (Lucía Pittaluga)
Agenda
Ambas especialistas destacaron que el tema comienza a estar en la agenda. Sin embargo, el progreso es “lento” y requerirá “tiempo, voluntad política y cambios culturales”. “Va más lento de lo que debería ir”, consideró Borges, pero agregó que “se está generando un entorno habilitador, donde el gobierno va facilitando elementos que permiten la práctica”. “Podría darse de manera más rápida, pero eso quizás también depende de que ciertas cosas se hagan efectivamente evidentes. Por ejemplo, que se materialicen las exigencias internacionales”, afirmó.
Pittaluga coincidió en que, si bien el tema aún no ocupa un lugar central en la agenda política, cada vez se discute más en la sociedad. “En este contexto electoral, los candidatos comienzan a mostrar mayor preocupación e incluyen estos puntos en sus programas políticos. Hoy es común escuchar que la ciencia, la tecnología y la innovación son motores del desarrollo, algo que no ocurría hace algunos años. En los programas de los partidos, siempre hay una sección dedicada a la ciencia, la tecnología y la innovación, lo que representa un avance importante. Además, todos los partidos políticos mencionan los temas ambientales en sus programas, algo que antes no sucedía”, remarcó.
“Sin embargo, lo que no se discute es la creación de un sistema de innovación territorial y local, enfocado en la transición hacia un modelo de producción sostenible. Esto es fundamental. Los hacedores de políticas deben convencerse de que este es el camino a seguir para garantizar un desarrollo adecuado. No cualquier crecimiento es válido; debemos pensar en un crecimiento sostenible, en el que lo ecológico no sea un elemento adicional, sino algo que esté integrado desde el diseño de los modelos productivos”, planteó Pittaluga.
“Las políticas y medidas existen, pero es necesario plantear un enfoque integral. Si no construimos un sistema de innovación que funcione a nivel territorial, con subsistemas que trabajen en conjunto, será muy difícil lograr la transición hacia un modelo de producción realmente sustentable”, indicó.
Adaptación
Desde el gobierno podría exigirse, a partir de una regulación, mayores medidas para avanzar mucho más rápido en el proceso, dijo Borges. “Entiendo que es difícil hacerlo de forma más rápida y que es un proceso complejo no sólo para el gobierno, sino también para todos los consumidores y las empresas, que deben ir entendiendo esta transición, porque no cualquiera puede, de un día para el otro, cambiar totalmente las formas de hacer las cosas. Entonces, está bien exigir más, pero también tomando en cuenta que es difícil y que también tiene mucho que ver con nuestra cultura y cómo nos vamos a adaptar. Entonces, no tengo en todo claro cuánto más se puede pedir que se vaya más rápido, tomando en cuenta el contexto”, señaló.
Por último, subrayó la importancia de los nuevos sistemas de producción, como la economía circular, la bioeconomía, la economía verde, las economías transformadoras, que buscan dar una solución a los problemas ambientales para el sistema productivo y pretenden encontrar otras formas de producción que sigan generando rentabilidad pero respeten el ambiente. “Desde la economía podemos encontrar soluciones para ver qué camino tomar. Por ejemplo, en economía circular se trata de evitar al máximo la generación de residuos desde el principio al diseñar los procesos productivos para que se genere la menor cantidad de residuos posible, y si se generan esos residuos, pensar también desde el diseño cómo se pueden reciclar. También promueve una mayor eficiencia en el uso de residuos. En este aspecto también hay que pensar algo nuevo”, concluyó.