Andrés Blanco: el atraso cambiario es mucho “más nocivo” para la inversión que el impuesto al 1% más rico

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La iniciativa del PIT-CNT, que propone un impuesto al 1% más rico de Uruguay, no espanta la riqueza ni frena la inversión, dijo a la diaria Andrés Blanco, profesor grado 5 de Derecho Financiero y Teoría y Política de las Finanzas Públicas de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República.

“Hay ciertas políticas que se han llevado a cabo en las últimas décadas en Uruguay con diferentes gobiernos que sí tienen efectos concretos, materiales, adversos para la producción. Concretamente, la política del atraso cambiario, que es fruto de una medida deliberada del Banco Central [BCU]”, afirmó Blanco, que formó parte de la comisión consultiva que elaboró la propuesta de la central sindical.

La comisión también estuvo integrada por los expertos Juan Geymonat, Mauricio de Rosa, Gabriel Oyhantçabal, Andrea Vigorito y Joan Vilá; Alejandra Picco por el Instituto Cuesta Duarte, y, por el Laboratorio Fiscal y Tributario del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve), Carlos Grau y Gustavo Viñales (según consta en el documento, también recibió comentarios y aportes de Marcelo Bérgolo, Luis Bértola, Fernando Lorenzo, Agustín Reyes y Gonzalo Salas).

“Si vamos a hablar de políticas adversas para la inversión y el crecimiento, esta medida deliberada de los sucesivos gobiernos, que además esta administración en particular ha decidido acentuar todavía más, es mucho más nociva para la inversión y para el crecimiento que un impuesto de este tipo, sin duda alguna”, aseguró Blanco.

El experto sostuvo que el atraso cambiario genera una “contracción de las utilidades de las empresas”, y puso como ejemplo a las que venden en dólares, cuyos costos en pesos son cada vez más caros en comparación con el dólar. “Los emprendimientos que se dedican a la exportación tienen un margen de utilidad cada vez más pequeño y la inversión pasa a ser cada vez menos interesante. [...] Además, el atraso cambiario es llevado a cabo por el BCU de una manera casi silenciosa. Nadie se entera de lo que está pasando y los efectos que tiene sobre la producción son devastadores”, afirmó.

El especialista argumentó que el impuesto al 1% más rico implica un “estímulo para la producción”, ya que sólo se impone en el caso de los activos ociosos, es decir, aquellos recursos que una persona no utiliza de manera productiva.

Explicó, en ese sentido, que la estructura del impuesto es “bastante semejante” al tributo al patrimonio a las personas físicas que actualmente existe de forma “prácticamente testimonial”. Blanco recordó que, en la reforma tributaria de 2007, se dejó este tributo en un “estado letárgico”, lo que implicó un “error importante”, porque no se tuvo en cuenta el “fenómeno de la acumulación” de capital, que en los últimos 50 años ha crecido de manera “desmedida”, tanto en Uruguay como en el resto del mundo.

Blanco explicó que se definió un monto no imponible de un millón de dólares para evitar que la propuesta resultara “drástica” y para no gravar a “una gran cantidad de personas de ingreso medio que han logrado acumular patrimonio, principalmente en inmuebles”. “Si se analiza la estructura general tributaria de Uruguay, la mayor parte de la carga recae sobre los trabajadores, directa o indirectamente [...] Por tanto, lo que se pretendió es no sumar más carga a los trabajadores, ni siquiera a los asalariados con ingresos elevados, que pueden ser los que lleguen a tener un patrimonio de varios cientos de miles de dólares”, añadió.

¿Cómo resumiría el espíritu de la propuesta del PIT-CNT de aplicar una sobretasa al impuesto al patrimonio sobre el 1% más rico?

La estructura del impuesto es bastante semejante al tributo al patrimonio a las personas físicas que hoy existe de forma prácticamente testimonial luego de la reforma tributaria de 2007, pero que funcionó en nuestro país de manera más extensa entre 1965 y 1990. En ese período, hubo un impuesto progresivo sobre los activos personales que dejaba fuera a los activos productivos, básicamente a los empresariales. Todo esto se repite en este impuesto, con dos variantes importantes.

Primero, las tasas de esta propuesta son mucho más modestas que las del viejo impuesto al patrimonio de las personas físicas, que iban del 0,7% al 3% y se escalonaban por tramos. La segunda modificación es que el mínimo imponible de esta sobretasa es mucho más alto que en aquel viejo tributo al patrimonio de las personas físicas, es decir, que lo pagarían muchas menos personas que las que lo hacían en el pasado. Lo que sí suma la propuesta del PIT-CNT son los activos en el exterior, que en el viejo tributo estaban parcialmente gravados.

Por tanto, la iniciativa tiene aspectos mucho más moderados que el viejo impuesto al patrimonio de las personas físicas y supone una ampliación significativa de la base imponible, con la suma de los activos en el exterior que antes no estaban gravados.

¿Se puede decir entonces que contamos con experiencias propias?

Claro, el interés en el impuesto a los activos renació a principios de la década pasada, con el trabajo de Thomas Piketty o Anthony Barnes Atkinson. En Reino Unido y en España existe un impuesto al patrimonio global, pero en el caso uruguayo también hay una larga tradición. Fue un tributo que fue creado en el segundo colegiado del Partido Nacional, y después, con modificaciones, subsistió en toda su intensidad hasta el año 90, cuando empezó un período de declive, hasta que finalmente en 2007, por una decisión de los que hicieron la reforma tributaria, se lo dejó en un estado letárgico, lo cual constituyó un error importante, porque no se advirtió que el fenómeno de la acumulación de lo que Marx llamaba “el capital ficticio”, que en definitiva son activos financieros ociosos, ha crecido de manera desmedida en el mundo en los últimos 40 o 50 años.

¿Y en Uruguay ha pasado lo mismo?

En Uruguay se ha visto la misma tendencia. Desde que se han hecho estimaciones de la cantidad de activos en el exterior, todo parece indicar que se han multiplicado enormemente en los últimos años. En el país hay algún problema para estimar cuál es el nivel de riqueza ociosa acumulada, y hay un mapa bastante preciso de los activos productivos, por las declaraciones juradas de impuesto a las rentas de las actividades económicas [IRAE] que hacen las empresas en la DGI [Dirección General Impositiva]. Ahora, estos activos productivos quedarían fuera del impuesto. La propuesta apunta a los activos que no están afectados en actividades gravadas por el IRAE, o sea, a las actividades no productivas. Sobre eso, la información que hay es fragmentada, pero todo parece indicar que, por lo pronto, hay varias decenas de miles de millones de dólares de activos financieros en el exterior.

Si se aplica esta sobretasa, ¿se lograría alcanzar todos esos activos en el exterior?

El gran problema que tiene un impuesto de este tipo es la fiscalización. Uno de los argumentos tradicionales contra este tipo de impuesto es que es muy difícil de fiscalizar, lo cual es cierto, porque si se tiene una red de activos en el exterior es difícil rastrearlos.

De todas maneras, la situación de Uruguay hoy ha cambiado con respecto a hace 20 años, porque tiene una red de varias decenas de tratados de intercambio de información tributaria, que no fueron buscados por nuestro país, pero que ahora pueden ser utilizados, lo que genera un escenario de fiscalización mucho más favorable que hace unas décadas atrás.

Al no imponer un impuesto sobre los capitales afectados a la producción, ¿se buscó que la propuesta no sea un freno a la inversión?

Exacto. Si se impone un impuesto a los activos ociosos, es un estímulo para la producción. Además, con esta iniciativa, se busca no afectar a los activos que ya están produciendo y a la inversión productiva en sentido propio.

¿Por qué se eligió el umbral de un millón de dólares de patrimonio?

Porque no queríamos que fuera una propuesta drástica, buscábamos que no afectara a una gran cantidad de gente de ingreso medio que ha logrado tener un cierto patrimonio acumulado, por ejemplo, en inmuebles. Hay mucha gente en Uruguay en esa situación.

Si se analiza la estructura general tributaria de Uruguay, la mayor parte de la carga recae sobre los trabajadores, directa o indirectamente, con el impuesto a la renta de las personas físicas [IRPF]. Las contribuciones de seguridad social, que recaen sobre los trabajadores, son una parte muy importante del sistema tributario uruguayo, y los impuestos indirectos, como el IVA, por ejemplo, o el IMESI [impuesto específico interno], que mayormente también recaen sobre los trabajadores. Si bien es un poco difícil estimarlo, incluso en el impuesto a la renta empresarial, el IRAE, en alguna medida es seguro que se está trasladando una parte y también recae sobre los salarios.

Por tanto, lo que se pretendió es no sumar más carga a los trabajadores, ni siquiera a los asalariados con ingresos elevados, que pueden ser los que lleguen a tener un patrimonio de varios cientos de miles de dólares.

¿Podría dar un ejemplo concreto?

La moderación de la propuesta se puede observar en lo siguiente: una persona que tiene 1.100.000 dólares, en realidad estaría pagando 4.000 pesos de impuesto por año, lo que significa diez o más veces menos que la contribución inmobiliaria, si los activos fueran todos inmuebles situados en Uruguay.

En términos generales, la sobretasa implica un incremento del 3% de la recaudación impositiva total, lo cual es un monto pequeño. Por supuesto, genera algunos fondos adicionales que se proponen utilizar para políticas orientadas a la infancia, pero, incluso en términos recaudatorios, lo que se está proponiendo es algo bastante pequeño comparado con el resto del sistema tributario uruguayo. Además, tampoco implica una reforma muy grande, porque el grueso del sistema seguiría siendo regresivo.

Lo recaudado daría para empezar a fortalecer políticas de reducción de la pobreza infantil, pero no pretende ser una solución definitiva. El desafío estructural que tiene Uruguay es que la evolución que ha tenido en el último medio siglo la economía ha llevado a que se generen estos bolsones de pobreza por la degradación del aparato productivo. Se puede poner un parche con estas políticas destinadas a la infancia, pero si no se adopta una medida de mediano y largo plazo que proponga un desarrollo diferente al que se ha venido estableciendo en los sucesivos gobiernos de los últimos años, el problema de fondo de la pobreza infantil va a seguir estando.

¿Puede existir la posibilidad de que las personas que tienen activos ociosos los desplacen hacia otros lugares?

Sí, hay riesgo de evasión. Podría ocurrir en el caso de algunos extranjeros que son residentes por el régimen de las vacaciones fiscales. Podría suceder, pero en realidad los regímenes de vacaciones fiscales que hay en otros países no son más generosos que el uruguayo.

A su vez, varios estudios internacionales, que se hicieron en los últimos años, como los del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la OCDE [Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos], indican que las modificaciones impositivas no son factores relevantes para la inversión. Figuran como elementos secundarios, pero lo importante son otros factores, como la infraestructura, la facilidad de las comunicaciones, los costos del capital físico, de las materias primas en el país o la tecnología disponible. Por tanto, si se tiene en cuenta todo lo hablado anteriormente, el impuesto no debería tener un efecto negativo en la inversión ni en el crecimiento.

¿Considera entonces que quienes dicen que este tipo de impuestos espantan la riqueza o generan una señal negativa para el clima de negocios están usando un argumento falso?

Se puede decir que no hay evidencia de lo que se está diciendo; los estudios que hay no avalan ese tipo de propuestas. Pero, además, hay ciertas políticas que se han llevado a cabo en las últimas décadas en Uruguay con diferentes gobiernos que sí tienen efectos concretos, materiales, adversos para la producción. Concretamente, la política del atraso cambiario, que es fruto de una medida deliberada del BCU.

Si vamos a hablar de políticas adversas para la inversión y el crecimiento, esta política deliberada de los sucesivos gobiernos, que además esta administración en particular ha decidido acentuar todavía más, es mucho más nociva para la inversión y para el crecimiento que un impuesto de este tipo, sin duda alguna. Esto genera una contracción de las utilidades de las empresas. Los negocios que venden en dólares tienen costos en pesos que cada vez son más caros en comparación con el dólar, por tanto, para los emprendimientos que se dedican a la exportación, el margen de utilidad que tienen es cada vez más pequeño y la inversión pasa a ser cada vez menos interesante.

Esta política constante de los gobiernos es mucho más nociva para la inversión y para el crecimiento que un impuesto. Asimismo, el atraso cambiario es llevado a cabo por el BCU de una manera casi silenciosa. Nadie se entera de lo que está pasando y los efectos que tiene sobre la producción son devastadores.

¿Por qué es importante que Uruguay comience a contemplar este tipo de propuestas como las del PIT-CNT?

Es un punto importante para empezar a pensar en general sobre la estructura tributaria del país. La estructura tributaria de Uruguay hoy, que es semejante a la de la enorme mayoría de los países del mundo, es regresiva en el sentido de que se descarga fundamentalmente sobre los trabajadores. Este es un pequeño punto para poner encima de la mesa este problema. Tenemos que preguntarnos, como sociedad, si es posible que el sistema tributario se rediseñe en un sentido menos regresivo que el que hoy tiene.