Sobre la problemática de la desigualdad
El informe considera que la desigualdad es una de las “preocupaciones más urgentes” que enfrentamos en la actualidad, en tanto es causa de múltiples problemas en el ámbito económico, social, político y ambiental. En particular, este fenómeno precariza la vida de las personas y conduce a una creciente percepción de injusticia que alimenta la frustración y el resentimiento, socavando por esta vía la cohesión social, la estabilidad política y la confianza en las instituciones.
De esta manera, con el avance de la concentración aumentan la inestabilidad y los conflictos, al tiempo que disminuyen la confianza en la democracia y la aceptación de los marcos de cooperación internacionales. Todo esto erosiona, en última instancia, nuestra capacidad para enfrentar “los desafíos planetarios”. Como indicador ilustrativo, las estimaciones presentadas indican que los países con alta desigualdad tienen siete veces más probabilidades de experimentar un retroceso democrático que los países con mayor igualdad.
Naturalmente, la desigualdad tiene su reflejo en múltiples dimensiones por fuera de la que refiere estrictamente al reparto de ingresos y riqueza (desigualdad económica), dado que de estas inequidades derivan las desigualdades en materia de salud, educación, empleo, vivienda, exposición a riesgos ambientales, participación en los procesos políticos, acceso a la justicia, etcétera.
Sobre el origen de la desigualdad
“La desigualdad no es inevitable”, dado que responde a decisiones de política que reflejan “actitudes éticas y morales”, así como “concesiones económicas”. Por lo tanto, en lugar de aceptarla como un efecto secundario asociado al incremento de las capacidades productivas y del consecuente proceso de generación de riqueza (o incluso, como consideran algunos, como algo deseable que alimenta los incentivos correctos para el funcionamiento del sistema), “es necesario y posible” combatirla.
No se trata sólo de una cuestión propia de cada país, sino de una problemática global “que debería estar en la agenda internacional y, por lo tanto, en la agenda del G20”. En efecto, la desigualdad tiene largos tentáculos e “importantes efectos transfronterizos”, además de que es alimentada (entre los países y dentro de los países) por las normas globales de comercio, finanzas, inversión y conocimiento.
En ese sentido, “algunos de estos desequilibrios en la distribución de la renta y la riqueza dentro de los países y entre ellos son consecuencia de la globalización”, que no sólo responde a los beneficios que potencialmente generan la integración y la cooperación económica, sino también –y de forma creciente– a los grandes intereses corporativos y financieros.
Por este motivo, “una acción global concertada para reducir los niveles de desigualdad requiere un compromiso colectivo y coordinación internacional”, reconocimiento del que parte el origen de este informe que fue encargado por la presidencia sudafricana del G20 a un conjunto de expertos liderados por Joseph Stiglitz.
Según cuenta el ganador del Nobel de Economía de 2001, el “trabajo abarca las dimensiones interrelacionadas de la desigualdad, sus causas, consecuencias y tendencias recientes”, al tiempo que propone “políticas que podrían abordar sus efectos más adversos”, como la “creación de un nuevo organismo internacional permanente para evaluar y monitorear la desigualdad a nivel mundial”.
Sobre las principales tendencias y patrones
La identificación de las tendencias en el reparto de ingresos y patrimonios es una tarea compleja, dado que es una dimensión atravesada por “lagunas de datos”, problemas de fiabilidad de información, definiciones múltiples sobre la problemática, variados indicadores y metodologías.
No obstante, el esfuerzo global de los investigadores ha ido levantando algunas de las limitaciones que históricamente han conspirado en detrimento de esta tarea, permitiendo capturar patrones y tendencias generales.
Según el informe, la desigualdad de ingresos ha caído en lo que va de este siglo, principalmente como resultado del crecimiento de China y más recientemente de India. Sin embargo, sigue siendo muy alta, con un índice de Gini global estimado en 0,61. Este indicador es uno de los más utilizados para capturar el fenómeno de la inequidad y toma valores entre 0 y 1; cuanto menor es el valor, más igualitaria es la sociedad.
En ese sentido, advierte el informe, el 83% de los países presentan una “alta desigualdad” de ingresos, considerando la definición del Banco Mundial, que incluye en esta categoría a los países con un índice de Gini superior a 0,4. En estos países vive el 90% de la población mundial (gráfico 1).
La desigualdad en el plano de la riqueza es sustancialmente mayor que en el de los ingresos. Como señala el reporte, “las desigualdades de la riqueza tienen una dinámica ascendente, ya que el interés compuesto incrementa las fortunas y, en ausencia de impuestos de sucesiones efectivos, la riqueza se transmite de una generación a otra, lo que socava la movilidad social y la eficiencia económica”.
A nivel mundial, el 1% más rico acaparó el 41% de la nueva riqueza generada entre el 2000 y 2024, mientras que la mitad más pobre sólo capturó el 1%. Expresado de otra manera: el aumento de la riqueza para el 1% más rico fue, en promedio, de 1,3 millones de dólares durante este lapso, mientras que una persona en la mitad más pobre apenas vio incrementar su riqueza en 585 dólares (medidos a precios constantes de 2024).
De esta manera, el incremento promedio de la riqueza para el 1% superior fue 2.655 veces más con respecto al del 50% más pobre. En este contexto, la riqueza apropiada por los 3.000 multimillonarios del mundo es equivalente al 16% del producto interno bruto mundial, y se espera que el primer trillonario surja en la próxima década.
Los datos también permiten dimensionar la divergencia que en las últimas décadas ha separado la trayectoria de la riqueza privada de la pública. Como ilustra el gráfico 2, la primera se ha incrementado significativamente, en contraste con la segunda, que se ha estancado o incluso ha retrocedido.
En particular, subrayan los especialistas, “preocupa especialmente el aumento global de los ingresos y la riqueza en el extremo superior de la escala, donde quienes se encuentran en la cima obtienen una proporción cada vez mayor de los ingresos y la riqueza nacionales, especialmente los más ricos (el 0,01% más rico)”. A este respecto, los datos recopilados por el Laboratorio Mundial de la Desigualdad (WID, por sus siglas en inglés) muestran que el 10% más rico de la población mundial concentra el 54% del ingreso global total y el 74% de la riqueza global total.
Acompañando esta tendencia, los grupos de ingresos medios han ido cayendo, producto de la precarización de los ingresos y de “una vida material menos estable”. En ese sentido, existen “fuertes indicios de una erosión de la clase media”, un fenómeno corrosivo para la estabilidad económica y política.
Asimismo, el informe resalta la interrelación de las desigualdades que son acentuadas y reproducidas dentro los países producto de “la clase social, el género, la raza y la etnia”, pero también entre ellos (“los ultrarricos del mundo tienden a ser predominantemente blancos, hombres y residentes en países ricos”). Para entender estos procesos, el trabajo de la comisión desentraña la “fuerte correlación” que existe entre las desigualdades en oportunidades y las desigualdades en resultados, dado que las oportunidades de los jóvenes en la mayoría de los países dependen “en gran medida” de la situación económica y de la educación de los padres.
Con relación a esto, el reporte argumenta que más multimillonarios han adquirido su riqueza por herencia que fruto de sus emprendimientos o actividades. “En los próximos 30 años, 1.000 multimillonarios transferirán más de 5,2 billones de dólares a sus herederos, en gran medida sin tributar, lo que perpetúa la desigualdad intergeneracional. Y, en general, se estima que “más de 70 billones de dólares pasarán a manos de los herederos durante la próxima década”.
Esta problemática está muy emparentada con otro factor que es clave para combatir la desigualdad y que tiene que ver con la percepción y las creencias de las personas sobre las causas que generan estas brechas crecientes entre los que tienen y los que no. Según documenta el trabajo de los expertos, “existen grandes discrepancias entre la evidencia y las percepciones de la gente, incluso reflejadas en el discurso popular”. En particular, destacan el caso de Estados Unidos, que sigue describiéndose como la “tierra de las oportunidades”, a pesar de que la evidencia constata un estancamiento de la movilidad social y la dilución del famoso “sueño americano”. En efecto, “las trampas de la pobreza, donde las posibilidades de salir de los deciles más bajos de la distribución de ingresos y riqueza son limitadas, forman parte del panorama en muchos países, si no en la mayoría”.
En paralelo, y como contracara de este proceso de concentración y exclusión, la inseguridad alimentaria sigue escalando a nivel mundial. Según indica el reporte, un cuarto de la población mundial (aproximadamente 2.300 millones de personas) sufre actualmente de inseguridad alimentaria moderada o grave, lo que implica que se salta comidas con regularidad. Para tener como referencia, esta cifra ha aumentado en 335 millones desde 2019, a pesar de la recuperación posterior a la irrupción de la pandemia.
Sobre las propuestas para mitigar la desigualdad
Un “Panel Internacional sobre la Desigualdad”
“Una conclusión clave de nuestro Comité es que los responsables políticos a menudo carecen de información suficiente, fiable o accesible sobre las tendencias de la desigualdad y los impactos de las políticas propuestas en la desigualdad, en todas sus dimensiones”. Por este motivo, recomiendan al G20, como “solicitud inmediata y prioritaria”, crear un nuevo organismo para apoyar a los gobiernos y a los organismos multilaterales brindándoles insumos de evaluación y análisis para mejorar el diseño de las políticas e iniciativas.
Esta propuesta se inspira en el éxito del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) para nuclear a “miles de científicos” que han “sintetizando y coordinando investigaciones, proporcionando evaluaciones precisas y oportunas del estado del conocimiento en este ámbito crucial”. En definitiva, consideran que, “al igual que el cambio climático, las desigualdades desenfrenadas y crecientes también representan una grave amenaza para la comunidad global”.
Políticas domésticas
Dentro de los países existe un amplio margen para promover estrategias que alteren las tendencias descritas. Específicamente, el reporte enfatiza la importancia de los cambios regulatorios orientados a controlar el “excesivo poder corporativo”, apuntalar el salario mínimo, generar empleo de calidad, fortalecer las mallas de protección social y mejorar la provisión pública de servicios esenciales (alimentación, vivienda, salud, educación y seguridad social), especialmente para los segmentos históricamente marginados.
Para ellos, debe combatirse la “idea errónea de que el sector privado es más eficiente que el público”, dado que contradice la evidencia sobre la necesidad y las superioridades de los servicios públicos en muchos casos y contextos. La inversión pública se considera esencial para lograr promover un desarrollo inclusivo y para garantizar una transición energética justa, en tanto “los mercados son volátiles e incapaces de proporcionar un seguro adecuado y asequible contra los múltiples riesgos a los que se enfrentan las personas, en el contexto de los grandes cambios estructurales que experimentan las economías”.
Esto obviamente requiere encontrar fuentes de financiamiento, por lo que la contracara de estas propuestas implica avanzar hacia sistemas tributarios progresivos, alterando el peso de los impuestos indirectos y regresivos como el IVA en favor de los impuestos directos sobre la renta y el patrimonio.
Políticas supranacionales
En el plano global, el reporte llama a replantear los efectos distributivos de los acuerdos internacionales, evaluando hasta qué punto la normativa se diseña para mejorar la situación de los actores más poderosos, sean países o empresas, y cómo se puede armonizar esta normativa con los intereses nacionales de cada país (el caso de las zonas francas uruguayas sintetiza esta tensión).
Por eso es clave, entre otras cosas, avanzar en la implementación del impuesto mínimo sobre la renta de las empresas multinacionales. Más allá de esta iniciativa, que ha acaparado mayor atención, del informe se desprenden otras recomendaciones:
- Revisar las normas de propiedad intelectual.
- Revisar las normas comerciales.
- Fortalecer la coordinación de políticas orientadas a reforzar la competencia, frenar la concentración empresarial y restringir las prácticas anticompetitivas.
- Rediseñar los acuerdos bilaterales de inversión y de impuestos, que cada vez más utilizan los agentes privados para restringir la tributación y la regulación. “Esto implicaría abandonar los mecanismos vigentes de solución de controversias entre inversionistas y Estados”.
- Reformar la gobernanza de las instituciones financieras internacionales.
- Incrementar anualmente el instrumento de liquidez del Fondo Monetario Internacional, que son los derechos especiales de giro, teniendo en cuenta las necesidades de los miembros y no su cuota.
- Repensar las consideraciones macroeconómicas para evitar la dependencia de las estrategias de austeridad.
- Avanzar hacia una tributación justa y eficiente de las personas más ricas.
- Cooperar más para controlar los grandes flujos financieros ilícitos.
- Garantizar que todos los países cuenten con la financiación necesaria para afrontar las pérdidas y daños causados por las crisis climáticas y desplegar estrategias de mitigación.
- Mejorar el acceso a los alimentos a precios estables, generando reservas nacionales y regionales.
- Mejorar el acceso digital para todos.