Lo técnico y lo político: el MEF contra todos

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Como no podía ser de otra manera, las cuestiones asociadas a la transición en el plano económico han causado múltiples encontronazos entre el equipo saliente y el entrante, incluidas cifras que todavía no terminan de cerrar en varios frentes. Sin embargo, en los últimos días hemos sido testigos de al menos dos giros rocambolescos que encienden varias señales de alerta hacia adelante y dejan muchas interrogantes por contestar, lo que erosiona aspectos clave desde el punto de vista institucional.

Capítulo I: reglas vs discrecionalidad

El primero tuvo lugar el lunes pasado, cuando el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó un documento titulado “Respuesta al Informe del Consejo Fiscal Asesor al Cierre de 2024”. Allí expresó su visión en torno al informe semestral que había sido publicado por este órgano el jueves 20 de febrero, en consonancia con las atribuciones que le fueron concedidas en el marco de la tan promocionada nueva institucionalidad fiscal (creada partir de la Ley 19.889).¹

Brevemente, de este último documento se desprendían las luces y las sombras que arrojaba el funcionamiento de este marco, luego de cinco años de su entrada en vigor. Entre las primeras, se destacó que esta innovación contribuyó a “reforzar la institucionalidad fiscal, con mejoras en términos de transparencia, rendición de cuentas, calidad del debate y diseño de la regla fiscal”. Entre las segundas, el pasaje más destacado advertía del incumplimiento de las metas que tuvo lugar en 2024 y señalaba que constituían una “señal de preocupación” y que eran producto de una “combinación de errores de pronóstico” y de la “rigidez de la política fiscal durante el ciclo electoral”.

Volviendo al racconto, la respuesta oficial del MEF, que se dio a conocer el lunes, concluía, luego de agradecer por el compromiso y la dedicación, que consideraban “necesario un enfoque más realista y pragmático al formular críticas o recomendaciones de política económica, que contemple los desafíos y limitaciones reales que enfrenta la administración pública, especialmente en el último año de gobierno”.²

Resulta por lo menos extraña –por no utilizar otro calificativo– una demanda de estas características para un órgano que justamente fue creado para evitar el manejo discrecional de las finanzas públicas y velar por el cumplimiento de las metas autoimpuestas con solidez técnica e independencia política; en fin, un verdadero giro copernicano.

Capítulo II: empleo y pobreza

El segundo giro rocambolesco se produjo el miércoles, con un nuevo comunicado del MEF que controvertía las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) luego de la publicación del nuevo indicador de pobreza multidimensional difundido el miércoles 19 de febrero.³ En concreto, el MEF manifestó su preocupación por la compatibilidad entre la medición de los indicadores de pobreza y de empleo, y atribuyó el problema al cambio metodológico que fue introducido en la Encuesta Continua de Hogares (ECH) a partir de julio de 2021.

El MEF aclara que ese cambio se hizo para mejorar la captación de los indicadores de empleo, pero señala que es problemático porque “no se aplicó para el relevamiento de los ingresos del hogar y la pobreza que, desde entonces, pasó a estimarse con una muestra de 2.000 hogares”. “Por lo tanto, los cambios realizados para una mejor medición del mercado de trabajo llevaron a diferencias en los datos de creación de empleo según surja de los indicadores de empleo o de los indicadores de pobreza, del propio INE, diferencias que superan los 40.000 empleos en 2023”, agrega.

El año pasado, un estudio publicado por el Instituto de Economía (Iecon) de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (FCEA) de la Universidad de la República analizó los impactos de este cambio en la metodología, comparando las trayectorias de los indicadores laborales en ambos escenarios. Consultados por este medio, los investigadores responsables de la investigación, Paula Carrasco e Ignacio Cabrera, concluyeron en aquel momento que las discrepancias entre las metodologías “no son menores y tienen importantes consecuencias, pues condicionan la interpretación de la evolución reciente del mercado de trabajo”.⁴ “Los datos de empleo son peores de los que conocemos”, había indicado Carrasco en una entrevista con M24 el 10 de octubre.⁵

Obviamente, esto causó una fuerte controversia y cuestionamientos a la narrativa oficialista que enfatizaba la importante recuperación que venía mostrando el empleo luego del shock de la pandemia. En efecto, el cambio metodológico dificultaba la comparación con el pasado reciente de los indicadores de empleo, actividad y desempleo, contaminando así la discusión sobre la dinámica de la recuperación del mercado laboral; ¿Cuántos puestos se habían creado desde 2019? ¿30.000? ¿83.000? ¿100.000? Un asunto complejo.

Al margen de lo anterior, este debate se reactivó el miércoles desde otro lugar, luego de la sorpresiva publicación en la que el MEF cuestionaba la nueva medición de la pobreza y su compatibilidad con los indicadores de empleo, en un escueto documento que no se adentra lo suficiente en las cuestiones técnicas que son competencia del INE –al menos, no lo suficiente como para darle soporte a una advertencia de semejante envergadura, que reviste un componente de credibilidad institucional sumamente relevante–.

En concreto, el comunicado advierte: “Este problema y otras situaciones de subcaptación detectadas han afectado la medición de la pobreza por ingresos en los últimos años. La medición de un Índice de Pobreza Multidimensional es un paso en la dirección correcta, pero no está ajeno al problema mencionado en la medición de pobreza por ingreso. Hoy tenemos indicadores de empleo y de pobreza del propio INE cuyos resultados estarían siendo inconsistentes”. Esta última oración, que es institucionalmente muy preocupante y pone una cuña en el sistema estadístico nacional, se resalta además con letras en negrita.

Obviamente, las respuestas no tardaron en aparecer en redes sociales. Hasta el momento el INE no emitió ningún comunicado oficial para dar su visión técnica sobre la problemática y explicar cómo es posible conciliar las dos dimensiones que aparentemente no serían compatibles para el MEF (es decir, los indicadores de empleo con los de pobreza).

Por ejemplo, Juan Pablo Ferreira, profesor adjunto efectivo en el Instituto de Estadística de la FCEA y director de la división de Normalización, Investigación y Proyectos del INE, expresó lo siguiente desde su cuenta personal en la red X:⁶ “Sacando que el comunicado no corresponde y no entiendo su fin. Lo más triste es que la explicación técnica que da es un disparate. La estimación de la pobreza por medio del ingreso es estrictamente comparable con los años anteriores”.