Fronteras perforadas

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Sobre la diferencia cambiaria

La brecha con Argentina

La brecha de precios entre Salto y Concordia, que constituye una aproximación al diferencial de precios relativos entre ambas economías, fue de tres dígitos durante más de dos años, alcanzando un máximo de 180% durante setiembre de 2023. Concretamente, esto implica que, para una canasta de consumo representativa, los precios en Salto eran en promedio 180% más altos que en Concordia.

Esta situación tuvo un impacto relevante a nivel país, producto de la “fuga” del consumo hacia la otra orilla, aunque fue particularmente nociva para el litoral, que durante años experimentó un rezago relevante en materia de actividad económica y mercado laboral.

Desde entonces, y como resultado de las políticas aplicadas por el gobierno, Argentina se ha venido encareciendo de forma sistemática. En ese sentido, de acuerdo con el índice de precios fronterizo elaborado por la Universidad Católica (UCU), la brecha vigente al día de hoy se ubica en torno al 14%, el valor más bajo desde octubre de 2017 (5,3%).

De hecho, en dos de los rubros considerados para la elaboración del indicador, los precios son más altos en Concordia, un fenómeno que también ilustra el cambio significativo que ha experimentado la relación de precios entre las dos economías.

Este es el caso de la categoría que nuclea a las prendas de vestir y el calzado, cuyos precios son 14% más bajos de este lado de la frontera, y la que recoge a los artículos escolares, donde el diferencial asciende actualmente al 41% en favor de Salto.

En el resto de las categorías, la diferencia de precios continúa siendo desfavorable para nuestro país, aunque las brechas cayeron de forma generalizada con respecto a los valores observados un año atrás. En ese sentido, y siempre considerando el nivel promedio, la mayor diferencia corresponde a bienes diversos¹ (37%), bebidas alcohólicas y tabaco (29%) y comidas fuera del hogar (27%).

La brecha con Brasil

En paralelo con la mejora observada en la frontera con Argentina, la situación ha venido empeorando del otro lado, producto del abaratamiento relativo que experimentó Brasil a raíz de la depreciación del real (asociada a las dudas sobre el rumbo fiscal).

En este caso, y tomando también como referencia los cálculos realizados por el Observatorio económico de la UCU con sede en Salto, la brecha de precios entre Artigas y Quaraí se ubica actualmente en el entorno del 78%, aunque en este caso la serie es relativamente corta e impide hacer una comparación larga hacia atrás. En todos los casos considerados en el indicador, la brecha de precios es desfavorable para nuestro país, con diferencias que van del 16,5% (transporte) al 132,5% (bebidas alcohólicas y tabaco).

Lo mismo se desprende del análisis del tipo de cambio real bilateral con ambos países, que muestra una mejora importante en el caso de Argentina y un deterioro pronunciado en el caso de Brasil (gráfico 2).

En efecto, el tipo de cambio real en este último caso se ubica actualmente un 38% por debajo del promedio histórico correspondiente al período 2000-2025. En el gráfico, esta cifra surge de la distancia entre la línea roja (que marca el valor promedio) y la línea azul (que refleja la evolución del indicador). En otras palabras, Uruguay es un 38% más caro en dólares que Brasil si se toma en cuenta lo que ha sucedido en el correr de este siglo.

Sobre las consecuencias del diferencial de precios

El Instituto Nacional de Estadística (INE) actualizó el martes los indicadores del mercado laboral por zona geográfica, un insumo clave para monitorear el impacto que está teniendo esta problemática sobre los departamentos fronterizos a partir del desplazamiento de la actividad comercial y de otros sectores, como por ejemplo el de la construcción.

En particular, una de las dimensiones que capturan mejor las consecuencias de este fenómeno es la de la informalidad, donde las brechas entre departamentos son más exacerbadas. Esta problemática no es nueva, dado que reviste un carácter bastante estructural, pero se ha ido agudizando en línea con la evolución del diferencial de precios con nuestros vecinos.

En ese sentido, como advirtió el subsecretario de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba,² si bien existen dificultades asociadas al empleo, el principal problema es la informalidad; los puestos de trabajo existen, pero no contribuyen a la seguridad social.

Esto es problemático desde el punto de vista de la recaudación, naturalmente, pero principalmente supone un desafío para las políticas públicas en materia de la cobertura del sistema de seguridad social, lo que implica una desprotección de los trabajadores que se encuentran al margen de su perímetro.

A este respecto, Vallcorba también señaló la problemática asociada a la competencia por el empleo entre ambos lados de la frontera, dado que hay salarios que se pagan en Brasil que son la mitad del salario mínimo nacional uruguayo.

Concretamente, los datos correspondientes al trimestre que se extiende entre febrero y abril arrojan una informalidad del 22,4% a nivel país, un promedio que esconde realidades muy diferentes.

Por un lado, los departamentos con la menor tasa de no registro a la seguridad social son Flores y Montevideo, donde menos del 15% de los trabajadores se desempeña en el mercado informal. No obstante, el análisis por municipio también pone de relieve las diferencias que existen al interior de la capital, con una dispersión de la informalidad que se extiende entre el 5,3% del municipio Ch y el 26% correspondiente al D.

Por el otro, y con una distancia significativa, se posiciona Cerro Largo, donde la problemática afecta a casi uno de cada dos trabajadores (47,7%). Como se aprecia en el tercer gráfico, le siguen Rivera (42,2%), Artigas (41, 2%) y Tacuarembó (36,8%).

Esta heterogeneidad también se extiende al resto de los indicadores laborales, aunque las distancias no son tan pronunciadas como en el caso de la informalidad. En particular, en la órbita del desempleo, los departamentos más rezagados son actualmente Treinta y Tres (16,6%), Río Negro (13,4%), Paysandú (13%) y Artigas (12%). En el primer caso, la tasa departamental más que duplica a la nacional, que para el período analizado se situó en torno al 8%.

Sobre las medidas implementadas para enfrentar la problemática

Con el objetivo de mitigar el impacto asociado a los problemas fronterizos con Brasil, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció semanas atrás el despliegue de cinco medidas orientadas a formalizar el empleo y abaratar el precio de venta de los productos del lado uruguayo, de modo de favorecer la actividad comercial y mejorar la empleabilidad de las empresas uruguayas.

Eliminación del IVA mínimo y reducción del 50% de la tasa básica (de 22% pasa a 11%). Esta iniciativa, que tiende a abaratar el consumo y nivelar la competencia, comprende las compras que se realicen en los comercios minoristas que están localizados a menos de 20 kilómetros de un paso de frontera, y se instrumentará mediante el uso de medios electrónicos (excluyendo las tarjetas de crédito). Estas compras tendrán un tope mensual y por compra, a efectos de evitar que la frontera se corra hacia adentro.

Este es el principal riesgo que siempre tiene la implementación de este tipo de acciones, dado que el diferencial de precios siempre va a estar en algún lado (en este caso, por ejemplo, a 21 kilómetros de los pasos fronterizos). “Esto no resuelve el problema”, como advirtió Vallcorba, pero “sí genera mejores condiciones”.

Extensión del subsidio al 100% para el arrendamiento del pos. Esta medida busca complementar la anterior, dado que uno de los problemas identificados por los comerciantes tiene que ver con la carga asociada a los aranceles vigentes para las compras con medios electrónicos (en parte por eso se excluyen las compras con tarjeta de crédito, dado que la carga para el comercio es mayor en monto y en plazo). En ese sentido, cabe recordar que los aranceles que aplican a las tarjetas de débito están por debajo del 1%, y que el plazo de pago es de 24 horas hábiles.

Ampliación de la reducción del Imesi a las naftas de 24% a 32%. La rebaja aplica al precio final de venta al público cuando el pago se realice con un medio electrónico. Esta medida existe en ambas fronteras, aunque la magnitud es distinta: del lado argentino la rebaja es actualmente del 40%. Según señalaron desde el MEF, está previsto que estos porcentajes vayan variando en función de la evolución del diferencial de precios.

Con esta actualización, la nafta sigue siendo más cara de este lado, pero se mitiga la brecha. Además, el diferencial de rendimiento de la nafta es favorable para nuestro país, lo que también opera como un desincentivo para la compra del otro lado. Considerando lo anterior, la medida nos deja en una mejor posición para competir, más allá de que siga siendo más cara.

Régimen simplificado de importación. Esto implica la exoneración total de tributos a la importación para determinados productos de la canasta de consumo, una medida que se extiende a los comercios minoristas ubicados a menos de 60 kilómetros de la frontera, y que requiere una declaración jurada sencilla (abaratando los costos y reduciendo tiempos y trámites).

La extensión del radio de acción con respecto a las medidas anteriores responde a la necesidad de contemplar la situación de localidades importantes que están al margen de los beneficios asociados al IVA y al Imesi, como es el caso de Melo, por ejemplo. La idea es arrancar por un conjunto acotado de productos y luego evaluar la posibilidad de extenderlo en función de las limitaciones regulatorias y de otra índole.

Reducción de hasta 75% en los aportes patronales de los nuevos empleos formales. Con esto se busca reducir los costos de contratación y promover la formalización del trabajo, dado que abarca los nuevos empleos genuinos que se generen, pero también los empleos informales que ya existen. Se trata, en ese sentido, de una “ventana de oportunidad” para que los empresarios regularicen la situación de los trabajadores que hoy están al margen de la malla de protección social.

¿Cuál es el costo de las medidas?

El costo fiscal tiene que ver principalmente con la reducción del IVA y del Imesi, porque la exoneración de aportes está diseñada para algo que hoy no genera recaudación (son contrataciones adicionales).

En el caso del IVA, la estimación pasiva arroja un costo del orden de los 3.000.000 millones de dólares, que es la cifra que surge al aplicar la exoneración al volumen de ventas actual. Por eso es pasiva, dado que lo que podría suceder es que se aproveche la medida para formalizar e incrementar las ventas, lo que tiene un efecto favorable y compensatorio sobre la recaudación. En ese sentido, dependiendo del éxito en la implementación, la medida podría no tener un costo fiscal asociado.

Para el Imesi, por su parte, el costo pasivo es también del mismo orden de magnitud. Pero, al igual que en el caso anterior, el incremento de las ventas podría conducir a un incremento de la recaudación que compense el costo inicial (total o parcialmente). Si los resultados son favorables, estas medidas podrían profundizarse en el futuro.

Indicadores laborales (trimestre móvil febrero - abril)