Uno de los discursos más cotidianos en Uruguay refiere al deterioro de la educación en nuestro país y a la necesidad de cambios que logren una educación de calidad, crítica, transformadora y otros calificativos provenientes de la corriente pedagógica en la que el hablante se inserte, de la necesidad de dar prueba de su pertenencia a las comunidades académicas prestigiosas, o de lo actualizado de los términos que maneje. Se crea así una especie de Babel donde se vuelve difícil la comprensión entre los distintos actores del hecho educativo.
En primera instancia, propongo analizar el término último utilizado para designar lo que en términos corrientes podríamos llamar transformaciones profundas de la educación: hay que cambiar el ADN de la educación.
Si vamos a la concepción del término ADN, de acuerdo a lo que señalan Klug, Cummings y Spencer en Conceptos de genética, se trata de un ácido nucleico que contiene las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos conocidos. Según plantean los autores, “su hallazgo proporcionó de repente una solución elegante a las antiguas preguntas sobre la herencia, la mutación y la evolución”. Su función principal es el almacenamiento a largo plazo de información para construir otros componentes de las células, como las proteínas y las moléculas de ARN.
Este término señalaría la necesidad de cambios en las instrucciones genéticas del desarrollo de los seres vivos, las condiciones para la mutación, evolución y transmisión entre las generaciones. El concepto es interesante en cuanto permite imaginar la profundidad de los cambios necesarios para un desarrollo futuro de la educación, adecuado a los desafíos del mundo de hoy.
¿Cuál es entonces la dificultad que puede apreciarse? Que en realidad, el único capaz de realizar esa transmisión hereditaria que constituye el hecho educativo en sí es el docente, que, en definitiva, sería el portador de las instrucciones genéticas del ADN de la educación. Sin embargo, no son los docentes los que proponen o se proponen la realización de este cambio, sino personas que pertenecen a disciplinas ajenas a la educación.
Podemos observar que la necesidad de contar con la opinión y participación de los docentes en los cambios educativos acompaña toda la historia uruguaya. Sin la intención de remontarnos a los comienzos de la evolución histórica, enunciaré algunos de los hechos significativos en este trayecto. El Consejo de Educación Secundaria, así como los otros órganos de la educación primaria y técnica, eran organismos autónomos hasta la Ley de Educación 14.101, del 4 de enero de 1973, que creó el Conae (Consejo Nacional de Educación), el órgano superior de la educación no universitaria.
Es muy conocida y discutida la intención de concentración de la autoridad reflejada en el texto de la ley y puesta en práctica en forma sistemática durante la interrupción del período democrático. A partir de esta ley, se pierde hasta hoy la autonomía de los docentes para la conducción de los órganos de la educación pública. Pero el proceso oculto que acompaña este cambio es la pérdida de poder y, consiguientemente, de prestigio que acarrea para los docentes. Desempoderamiento y desprestigio, dos características que acompañan a los docentes, pues ya no se consideran aptos para el ejercicio de la gestión. Y otro mensaje oculto que encontramos: la democracia no asegura una buena gestión de la educación.
En ese momento comienza el descenso cada vez más vertiginoso de la consideración social del docente en la sociedad. Sin embargo, con intención o no, se crean instituciones para dar apariencias de conservación de la decisión docente. Un ejemplo de ello es la creación de las Asambleas Docentes mediante el artículo 19 de la Ley 15.739, de 1985, luego confirmadas por el artículo 70 de la Ley 18.437, de 2008.
Estas asambleas cuentan con una Mesa Permanente y reuniones anuales, pero surgen con varias diferencias con respecto a las asambleas que las precedieron. Son consultivas, por lo que su opinión no es vinculante, y tampoco cuentan con información cierta de las decisiones o deliberaciones de los órganos directivos e inspectivos. La inspección no puede participar en las asambleas docentes, a diferencia de las predecesoras, en las que eran miembros natos.
Las consecuencias de esta separación son claras y al mismo tiempo perversas. Los fundamentos tienen que ver con que la inspección podría imponer sus ideas a los docentes, ejerciendo su autoridad y distorsionando las deliberaciones. Convierten a la inspección, que es por esencia un cuerpo docente, en la patronal, en un verdadero ejercicio dialéctico, privándose mutuamente de los aportes recíprocos que servirían para la creación de propuestas pertinentes.
Y más
Para agregar elementos que colaboran para acelerar la espiral descendente del desprestigio docente, se puede señalar la tendencia a recurrir a profesionales de otras áreas del conocimiento, con el instrumental teórico necesario para analizar mejor los procesos educativos que los docentes, según la opinión prevalente. ¿Cuáles serían los fundamentos teóricos de este posicionamiento? Las consecuencias de tales concepciones no son evidentes.
El discurso público añora los años pasados en los cuales los alumnos aprendían en las aulas. Los nombres de las maestras honran nuestras instituciones de enseñanza, Luisa Luisi, Enriqueta Compte y Riqué, Alicia Goyena, docentes de una educación pública orgullosa de sí misma, con el reconocimiento de la sociedad. Una enseñanza pública que produjo algunos de nuestros más brillantes profesionales, provenientes de centros educativos de todo el país, atravesando barreras hoy insalvables para los niños de algunos sectores sociales.
Frente a esta trayectoria de la educación pública uruguaya, nos encontramos con una educación que busca los modelos en el exterior, buscando trasplantarla –como diría Darcy Ribeiro–, implantándola desde un modelo autoritario que hace de la participación docente una mera pantalla, medida con indicadores o modelos que no permiten hacer visibles muchos de los logros de la educación uruguaya.
Podría hacer una larga enumeración, pero dejo el desafío para los lectores y para la prensa; los invito a buscar cuáles serían los hechos sobresalientes de la educación en lo que va del año, aquellos que merecerían un lugar destacado en los noticieros.
Esta falta de reconocimiento al docente y el consiguiente descenso de su prestigio, agravado por el discurso mediático constante de la decadencia de la educación en Uruguay, tiene una gravísima consecuencia: el incremento del problema por la imposibilidad de los alumnos uruguayos de identificarse con profesores y maestros, constantemente disminuidos en su profesión.
Si bien la democracia docente aparece como el currículo oficial, el currículo oculto nos lleva a percibir la absoluta postergación del tema en todos los aspectos de los trayectos educativos, decisorios, creativos, innovadores, organizadores, donde son suplantados sistemáticamente por diferentes personas ajenas a la profesión docente, alejadas durante un tiempo, o comprometidas con intereses que difieren de los verdaderos principios de la educación uruguaya.