El Observatorio del Derecho a la Educación (ODED) presentó un nuevo informe anual sobre el Derecho a la Educación en Uruguay. En resumidas cuentas, el informe trata los principales temas que estuvieron en la agenda del debate educativo durante el año 2023 y también las políticas educativas que se propusieron durante el gobierno, analizando su efecto sobre el derecho a la educación.
Stefanía Conde, Camila Falkin y Cristian López son coordinadores del ODED y también quienes coordinaron la publicación, que cuenta con análisis de diversos especialistas, según la temática.
Una de las novedades de este informe es el análisis del financiamiento de la educación, escrito por el economista Hugo Dufrechou. El aspecto presupuestario es el primer capítulo. Es que, según esgrime Dufrechou, “el sistema educativo depende sustancialmente del financiamiento público” y, por tanto, “el Estado asume una gran responsabilidad sobre el respaldo material del derecho a la educación”.
Sin embargo, el economista aseguró que la historia económica del país revela que el derecho a la educación “ha sido subordinado a la necesidad de ajuste en la economía y las cuentas fiscales”, algo que, según su análisis, se ha repetido en los últimos años. Como consecuencia, manifestó que se ha reducido “la capacidad estatal de sostener y ampliar el derecho a la educación, dado que el financiamiento deja de estar ligado a las necesidades materiales del sistema”, como contratar más docentes, funcionarios en general, invertir en infraestructura y materiales de apoyo, entre otros puntos.
Ante lo que llama “desfinanciamiento estatal de la educación pública”, Dufrechou concluyó que las actividades educativas privadas no funcionan “como buen complemento”; “en lugar de absorber la cantidad de estudiantes ante el empeoramiento material de las condiciones educativas públicas, la lógica del mercado marca un aumento en los precios de las instituciones privadas (matrículas y cuotas) y una caída en su población estudiantil”, sentenció.
La “atención y educación en la primera infancia” es otro de los ejes de análisis que incorporaron en este nuevo informe, escrito por Gabriela Etchebehere, Silvana Quintana y Darío de León. Según afirmaron en el capítulo, el último cambio de gobierno trajo consigo “una orientación política diferente a la de los últimos quince años, lo que, sumado a lo generado por la pandemia por la covid-19, implicó cierto freno a los avances logrados”. Por esta razón, enfatizaron en la importancia de que “los estados promulguen leyes que garanticen los derechos de la infancia más allá del gobierno que esté en el poder”.
Por otro lado, remarcaron que si bien el gobierno destinó recursos para trabajar sobre la primera infancia y combatir la pobreza infantil, “los resultados todavía no son los esperados y siguen aumentando las condiciones de pobreza en contextos de vulnerabilidad social”. En ese sentido, recordaron que Uruguay es el “país de la región con mayor infantilización de la pobreza”, y lo vincularon con el hecho de que la inversión en primera infancia en el país es “cuatro veces menor que en los países desarrollados”. Uno de los puntos que los autores del capítulo consideraron “central” es que los cambios que en este quinquenio se introdujeron a nivel de las políticas educativas y también de los programas han sido “con escasa participación y toma de decisiones de los protagonistas, población objetivo y actores que deben implementarlos”.
De acuerdo al Observatorio, “esto se enmarca dentro de un procedimiento muy diferente al que se desarrolló desde 2005 hasta 2019, que se caracterizó por una alta participación e involucramiento de los diferentes actores en el diseño y definición de dichas políticas”. “Uruguay debe comenzar a pensar en la trayectoria educativa de niños y niñas desde la etapa inicial, en el acompañamiento en la infancia”, sentenciaron.
Educación sexual, formación en educación y conclusiones finales
“Derecho a la educación en sexualidad en el sistema educativo” es otro de los capítulos que trae un análisis que no estaba presente en el informe de la ODED previo. Los autores, Natalia Maidana Brazeiro y Felipe Torres, aseguraron que existe “un claro retroceso en la incorporación curricular” de la educación sexual.
Según el Observatorio, se trata de “un proceso de debilitamiento que comenzó en la anterior administración y se profundizó con el cambio de gobierno y la transformación educativa”. En detalle, delinearon que “ya no hay una estructura y coordinación central, se perdieron cargos y horas docentes destinadas a la temática, y se aprecia un vaciamiento de contenidos en los programas educativos de todos los niveles”.
Por otro lado, identificaron ciertos “desplazamientos en torno a enfoques y perspectivas”, como, por ejemplo, que la educación sexual “aparece ligada a la biología, la salud y la prevención, desconociendo el abordaje integral”. Asimismo, señalaron que “opera una inespecificidad”.
Independientemente de estos puntos, destacaron que en este período la Administración Nacional de Educación Pública elaboró ciertas orientaciones para abordar la educación en sexualidad y que también aumentaron la cantidad de referentes sexuales.
La formación en educación también estuvo abordada por primera vez en el informe, y se asegura que los cambios introducidos en el Consejo de Formación en Educación (CFE) de 2020 a 2023 tienen “tres direcciones”: en primer lugar, aseguraron que “alteran la relación entre este consejo y el Ministerio de Educación y Cultura, cambio que se materializa en la incidencia que el ministerio se atribuye en relación con las orientaciones curriculares y los criterios establecidos para la convalidación del título docente a título universitario de licenciado en Pedagogía”.
En segundo lugar, observaron que existe “un debilitamiento de las funciones del CFE para con sus cometidos específicos: enseñanza, investigación y extensión”. Y, por último, “refieren al estímulo que se plantea para las instituciones privadas, tanto desde el apoyo económico —para que se presenten a los llamados de reconocimiento de sus carreras de formación en educación para la mencionada convalidación— como en los diversos convenios firmados entre estas y el CFE para cursos de posgrado y educación permanente”.
A modo de conclusión final, en el informe se plantea que existen ciertos “ejes transversales” a las distintas temáticas que se abordan y que “ponen en cuestión el efectivo ejercicio del derecho a la educación”.
Por un lado, resaltaron que transversalmente hay un “cambio importante en el rol del Estado, que tiende a una mayor verticalidad de sus órganos ejecutivos en la toma de decisiones vinculadas a los procesos de diseño de política educativa y a una creciente desresponsabilización sobre los procesos de implementación y sus efectos”. Esto también se ve reflejado, según analizaron, en recortes presupuestales que repercuten, sobre todo, en las poblaciones más vulnerables.
Por otro lado, manifestaron que hay un proceso de “estandarización y burocratización que atraviesan el trabajo docente, sumados a un clima de creciente hostilidad y desconfianza hacia las y los profesionales de la educación”, y eso hace que se debilite “el carácter político de la acción educativa, así como la autonomía en clave pedagógica”.