“Las leyes de la economía derrotan al poder”, afirma el economista Jorge Notaro, que utilizó la frase para reflejar cómo una crisis económica –el quiebre de “la tablita”– terminó siendo “las Malvinas” de la dictadura uruguaya, es decir el evento que dio el golpe definitivo para el retorno de la democracia. Esa frase también podría utilizarse para explicar parte de las razones que llevaron al poder a los militares, tras una década del 60 marcada por la crisis económica y la inestabilidad política y social.
Entre el golpe de Estado y la restauración democrática se propiciaron reformas liberales y si bien durante algunos años se cortó una larga racha de nulo crecimiento del producto interno bruto (PIB), luego se retornó al punto de partida y con peores indicadores en materia de distribución y pobreza.
Si bien hay dudas entre los economistas sobre que haya existido un mantra durante los años de la dictadura, es claro que el principal referente de la época fue Alejandro Vegh Villegas. De profesión ingeniero, liberal y formado en Estados Unidos, impulsó reformas en distintos planos en procura de mejorar la rentabilidad empresarial a costa de sacrificar los salarios. El saldo del proceso es debatido entre los especialistas, aunque hay coincidencia en que sus reformas sentaron las bases de desarrollo de Uruguay en las décadas posteriores.
Los tiempos de estanflación
Para entender el ciclo histórico es necesario retrotraerse hasta la elección de 1958, en la que tras 93 años de gobiernos colorados triunfó el Partido Nacional, poniendo fin a la etapa del neobatllismo con el modelo de sustitución de importaciones. El objetivo declarado por los blancos fue liberalizar la economía y cambiar el enfoque que venía desde los años 40 con Luis Batlle Berres, pero eso no fue posible, y tampoco lo lograron los gobiernos venideros.
En los 15 años transcurridos entre el primer colegiado blanco y el pasaje de Juan María Bordaberry de presidente democrático a dictador –con el golpe de Estado del 27 de junio de 1973–, pasaron 12 ministros de Economía y ninguno revirtió la situación. En palabras de Gabriel Oddone, doctor en Historia Económica, se vivió “un proceso de estanflación, con una economía que no crecía y tenía inflación de dos dígitos”, como resultado de la imposibilidad del “sistema político de dar con una alternativa” al modelo de sustitución de importaciones.
Para Reto Bertoni, doctor en Historia Económica y profesor grado 5 de la Universidad de la República, los años 60 fueron un período de “marchas y contramarchas” en lo económico, oscilando entre “el liberalismo” y “el dirigismo”.
Más lapidario con el diagnóstico es Conrado Hughes, contador de formación liberal que creció en el Uruguay de los 60 y recuerda que pese a vivir en una familia de clase media alta, en la heladera no había “ni variedad ni calidad de productos”. “Era un desastre incalificable. Una economía absolutamente cerrada, con control de cambios, cupo para las importaciones y exportaciones bajas porque no producíamos nada”, recordó.
Las reformas de Vegh Villegas
Ya con Jorge Pacheco Areco en el gobierno, en 1968, hubo indicios según Bertoni del “tipo de soluciones que la élite económica y política visualizaba” para los problemas de Uruguay, con la decisión de congelar los precios y salarios, que consagró ese año una importante pérdida de ingresos para los trabajadores –la inflación llegó a 180%–. Tras dar el golpe de Estado, los militares asumen con “la idea de sanear la economía” y lograr “un ambiente favorable para el capital”, aunque sea a costa de “suprimir libertades y no respetar los derechos individuales”, indicó Jaime Yaffé, profesor de Historia y doctor en Ciencias Políticas. Sin embargo, ese objetivo encontró un escollo: “Quienes impulsaron el golpe no tenían un proyecto económico consensuado, convivían civiles identificados con ideas liberales con la ideología nacionalista de las Fuerzas Armadas”.
Ahí aparece Vegh Villegas, que había cosechado confianza en los sectores de poder desde sus roles como subsecretario del Ministerio de Industria y Comercio, y director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en las presidencias de Jorge Gestido y Pacheco Areco. En los 60 el economista también había trabajado como consultor de la Cepal y vivió en Brasil, donde vio de cerca las reformas liberales de la dictadura liderada por Castelo Branco.
Tras ser designado al frente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a mediados de 1974, Vegh Villegas propició reformas que se resumen en tres dimensiones: apertura comercial, con la firma de acuerdos arancelarios con los países vecinos, eliminación de restricciones y cupos para las exportaciones e importaciones, y promoción mediante subsidios de sectores no tradicionales –calzado o vestimenta–; libertad cambiaria, con la eliminación del control sobre el tipo de cambio; y la reforma tributaria, que derogó una multiplicidad de impuestos de poca monta e instauró el IVA que conocemos hoy.
Oddone definió el modelo que impulsó Vegh Villegas como “una economía abierta, que se apuntala en los negocios con la región”, y que promueve beneficios focalizados para captar inversión extranjera directa. Estas bases, según su visión, son las que “prevalecen hasta nuestros días” y han sido continuadas –con sus énfasis– por los gobiernos democráticos.
“Vegh Villegas tenía visión y estrategia. Los militares no necesariamente lo comprendían, pero lo respaldaban en la medida que sus políticas daban resultados y que tenía apoyos del exterior. Hablamos de un momento en que Estados Unidos era relevante para Uruguay”, evaluó Oddone. A su vez, remarcó que los cambios “pudieron desplegarse porque había falta de libertades”, lo que permitió hacer “un potente ajuste salarial”.
También Yaffé puso el foco en las condiciones en que se realizaron las reformas, con “una salvaje desregulación del mercado laboral, basada en la represión sindical y la persecución de dirigentes”. El objetivo del poder económico de la época fue “bajar los costos laborales para aumentar la ganancia empresarial, por eso el salario se ajustó a la baja durante todo el período dictatorial, fue una variable económica impuesta brutalmente”, añadió. “Sus reformas están vigentes 50 años después y no tuvo que ver ningún milico. ¿Estoy a favor de la dictadura por defender a Vegh Villegas? No. ¿Eso avala torturar gente o no votar al presidente? No”, resumió Hughes.
Baja del salario y un nuevo actor económico
Luego de dos décadas de estancamiento, el PIB volvió a crecer a mediados de los 70. Sin embargo, para Bertoni en estos años se gestó “un nuevo modelo de acumulación”, en el que –a diferencia de los ciclos positivos anteriores– el crecimiento de la economía no se acompasó a la evolución del salario; de hecho, subrayó que entre 1973 y 1981 ambos indicadores se comportaron de forma “exactamente opuesta”.
En agregado, Bertoni indicó que “la política económica de la dictadura” trajo consigo “importantes cambios en la composición sectorial de la producción”, con un impulso “de los servicios financieros y las actividades inmobiliarias –propiedad de viviendas–”, y una caída de la producción de bienes. Por ejemplo, el rubro agropecuario en diez años pasó de ser 19% del PIB a 7%, mientras que los servicios financieros crecieron de 4% a 6%.
También sobre este punto hizo hincapié Notaro, en su libro La batalla que ganó la economía, donde planteó que hasta inicios de los 70 había “tres actores principales” que eran los ganaderos, los industriales y los asalariados urbanos; pero en esa década se consolidó “un cuarto socio: el capital financiero, que tiene su base en las empresas de intermediación financiera y articula también a los acreedores externos y los propietarios de depósitos bancarios, residentes en el país o en el exterior”.
Otra vez la inflación y el quiebre de “la tablita”
En 1976 y por diferencias con Bordaberry, ya que no era partidario de la eliminación de los partidos políticos, Vegh Villegas abandonó el MEF, aunque no su colaboración con la dictadura, porque pasó a ocupar un cargo en el Consejo de Estado y después a ser embajador en Estados Unidos. En su lugar quedó otro civil: Valentín Arismendi, que estuvo en el final del período de Bordaberry, durante el gobierno de facto de Aparicio Méndez y en los inicios de la etapa de Gregorio Álvarez. Yaffé identifica “un segundo momento mucho más abiertamente neoliberal” con Arismendi, y un objetivo trazado: “transformar al país en un centro financiero regional, alivianando los controles sobre los bancos”. Igualmente, mencionó que hubo trabas por parte de los militares al avance liberal, como la negativa “a privatizar las empresas públicas”.
En esos tiempos “la política económica quedó muy influida por un enfoque monetarista”, y la prioridad tras superar el estancamiento del PIB fue controlar la inflación utilizando un tipo de cambio fijo, “algo idéntico a lo que hicieron Argentina y Chile”, analizó Oddone. Fue así que en 1978 Arismendi comenzó con la implementación de “la tablita”, un sistema que fijaba con varios meses de anticipación la cotización del dólar y permitía una devaluación gradual.
El costo a pagar era el llamado atraso cambiario, que se compensa si hay acceso a financiamiento barato. Oddone recordó que esa condición estaba hasta que en 1981 hubo un cambio “drástico” en el escenario global y el resultado fue “un gran accidente macroeconómico”. Uruguay siguió el camino de México, Argentina y posteriormente Chile, que sufrieron crisis económicas derivadas de la política monetaria reinante en la región.
Para Bertoni, “el predominio de las ideas monetaristas más radicales en los últimos años de la década de 1970, apostando a convertir a Uruguay en plaza financiera regional, contribuyeron a la especulación, el desmadre de la deuda externa y, finalmente, a la crisis de 1982”.
Según Yaffé los efectos fueron múltiples, porque la disparada del dólar afectó a todos los que tenían créditos en moneda extranjera: “quebraron muchas empresas, creció la desocupación y la inflación se disparó”. Al igual que Bertoni, analizó de forma crítica la decisión del gobierno dictatorial de hacerse cargo de las carteras incobrables de los bancos privados. “Se socializó el impacto de la crisis, una prueba más de los intereses que representaba el régimen”, afirmó el doctor en Historia Económica.
La herencia para la democracia
Ante el descalabro económico, “la dictadura a lo único que atinó fue a volver a llamar a Vegh Villegas”, evaluó Yaffé. Para Hughes, la vuelta del economista al MEF en 1983 tuvo ligación a que se iba a entregar el poder a los políticos y Gregorio Álvarez entendió que era Vegh Villegas quien podía asumir esa transición y no alguien del riñón militar.
“Así coronó una trayectoria descomunal y entregó el gobierno con las cosas ordenadas dentro de todo”, sostuvo Hughes y añadió: “Yo pienso que dentro de 50 años habrá una gran avenida con el nombre de Vegh Villegas. Su importancia es similar a la de José Pedro Varela para la educación”.
En visión de Oddone, hasta los años 60 había debates no saldados en el país y fue Vegh Villegas –junto con otros que le siguieron– el responsable de instaurar las ideas económicas que “son la guía de la estabilidad y la credibilidad que logró tener Uruguay”.
Asimismo, Bertoni puntualizó que si bien la crisis de “la tablita” demostró “la inviabilidad política del modelo económico impuesto” desde el golpe de Estado, sí hubo “instrumentos nacidos en la dictadura que siguen vigentes y formando parte del set para propiciar el crecimiento económico”. Volviendo al paralelismo inicial con la guerra de las Malvinas en Argentina, el quiebre de “la tablita” ocurrió una semana antes de las elecciones internas de los partidos políticos en noviembre de 1982, como un anticipo de que los problemas económicos que habían antecedido a la dictadura volverían a estar presentes en el retorno de la democracia.