La Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión del Senado recibió ayer a dos integrantes de la Asociación Cristiana Uruguaya de Profesionales de la Salud (ACUPS), el médico Jorge Patpatian y la escribana Gianella Aloise. Patpatian dijo a la diaria que están en contra del proyecto de ley integral para personas trans, pero que si se aprueba piden que se agregue un artículo que contemple la objeción de conciencia, porque de otro modo el Estado estaría obligando a los profesionales a hacer un tratamiento que es “perjudicial para la salud”. Sostuvo que los médicos estarían obligados a “sopesar los deseos y caprichos” de sus pacientes y a “hacer lo que ellos quieran porque lo desean así”. “¿No tengo la facultad, desde el punto de vista racional y científico, para poder decidir si el tratamiento es adecuado o no?”, preguntó.
El proyecto establece, en el artículo 17, que las personas mayores de 18 años “podrán acceder a intervenciones quirúrgicas totales y parciales y/o a tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo, incluida su genitalidad, de acuerdo a su identidad de género autopercibida, sin necesidad de requerir autorización judicial o administrativa”. En el caso de las personas menores de 18 años, se indica que podrán acceder a los tratamientos con el consentimiento de sus representantes legales, pero si no lo tienen se establecen mecanismos para que puedan ser tratadas.
Patpatian sostuvo que, como médico, no está de acuerdo con la hormonización a ninguna edad. “Desde el punto de vista médico no hay ninguna razón terapéutica para que se hagan tratamientos cruzados a personas que tienen un sexo biológico determinado. Nacieron así y no existe ningún tipo de condición médica que pueda cambiar la sexualidad biológica”, afirmó.
Sobre los menores de 18 años, aseguró que más de 90% de los varones que tienen un sentimiento distinto al de su sexo “a los 25 años van a ser personas que se van a acomodar a su sexo biológico”, y que en el caso de las niñas la proporción de las que a esa edad “decantan en el sexo con el que nacieron” es de 80%. Consultado sobre la fuente de estas estadísticas, dijo que se encuentran en la publicación estadounidense The New Atlantis (de orientación conservadora).
La escribana Aloise afirmó que los otros artículos del proyecto, que tienen que ver con el acceso a la salud, al trabajo y a la educación, no son necesarios porque ya hay legislación vigente. Citó, como ejemplo, el artículo 7º de la Constitución, que dice que “los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad”. Con relación al artículo que prevé una reparación económica para las personas trans víctimas de la dictadura, dijo que ya están contempladas en la Ley 18.596.
Ayer, la comisión también recibió al doctor Daniel Márquez, integrante de la Unidad Docente Asistencial que atiende a personas transexuales en el Hospital Saint Bois. Márquez dijo que la ley repercutiría de forma favorable en la salud de las personas trans, y se mostró partidario del tratamiento con hormonas en adolescentes. Citó estudios de la Organización Mundial de la Salud que evidencian que “adquirir características del sexo físico congruente con la experiencia e identidad de género mejora la salud y la calidad de vida”, y dijo que sería un gran error incluir la objeción de conciencia, porque si hay evidencia contundente de que los tratamientos mejoran la calidad de vida, negarse iría contra el deber médico. El especialista sostuvo que no está en contra de que se establezca un límite de edad, cercano a los 18 años, para las intervenciones y tratamientos, pero sostuvo que “ese es el trabajo de los legisladores”.