Mariela Solari es trabajadora social con un magíster en Educación y Evaluación. Empezó su trayectoria trabajando en cárceles, en el Instituto de Criminología. Después trabajó en el Foro Juvenil y fue una de las fundadoras de la ONG El Faro, que trabaja con mujeres adolescentes víctimas de violencia sexual y maltrato. Tuvo un pasaje por Naciones Unidas, en programas nacionales y regionales; fue consultora con énfasis en evaluación de proyectos sobre violencia hacia niñas, niños y adolescentes. Formó parte de otras organizaciones de la sociedad civil, como Gurises Unidos. El último cargo público en que se desempeño fue en Presidencia, donde fue encargada de Políticas sociales, género y derechos humanos en la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional. Dirigió Uruguay Crece Contigo (UCC). Tiempo después fue convocada para diseñar y dirigir la Unidad de Víctimas y Testigos (UVT) de la Fiscalía General de la Nación. Lo dudó, porque le gustaba mucho lo que hacía en UCC, pero le pareció que era un desafío importante ya que venía trabajando con las víctimas desde distintos lugares. Cuando asumió este lugar renunció a un doctorado en Psicología que estaba haciendo.
“La implementación del nuevo Código del Proceso Penal [CPP] tiene un eje fundamental: las víctimas”. Por eso, pensar en una unidad que promoviera el acompañamiento psicosocial en relación con el derecho fue clave para que las víctimas pudieran acceder a la Justicia. “Todos los días vas armando cosas diferentes que antes no existían”.
El lugar de las víctimas
“Lo primero fue hacerlas visibles”. Antes “las víctimas denunciaban el problema y el Estado se adueñaba del conflicto de esa persona para resolverlo”. Con el nuevo CPP las víctimas adquieren derechos: ser asistidas, oídas, que el fiscal pueda explicarles el estado del caso. “Muchas veces se dice que las víctimas no tienen derecho a opinar en el proceso abreviado. En la ley efectivamente no tienen derecho, pero en la práctica muchos fiscales intercambian con las víctimas –porque tienen derecho a participar– sobre cuáles son las alternativas para ese conflicto penal”. Cuenta que muchas veces las víctimas no quieren ir a juicio y aceptan el resultado de un proceso abreviado porque dicen que “con eso les alcanza”.
Actualmente las víctimas pueden comunicarse con los fiscales para saber sobre el estado de sus casos sin necesidad de contar con un abogado; tampoco lo necesitan para acercar pruebas. Una víctima también se puede oponer a que se archive su caso. “Antes se archivaba y no había reclamo, ahora tiene derecho a que el fiscal le explique por qué lo va a archivar y puede pedir que otro fiscal estudie su caso”.
En los delitos que involucran a mujeres, y sobre todo en lo que refiere a delitos sexuales, el nuevo CPP plantea nuevas oportunidades, como el derecho a ser atendida y protegida por la Fiscalía. Pueden recibir acompañamiento, y la declaración y la espera se dan en espacios contenidos y acogedores, en salas especialmente adaptadas para eso.
Actualmente existe el mecanismo de la “prueba anticipada”, que es una declaración que se toma una sola vez. Esa prueba se usa en todas las instancias judiciales sin necesidad de que la víctima tenga que volver a contar lo que le pasó.
Atender a las víctimas
La UVT acompaña a las personas que están atravesando un proceso penal, es decir que sólo se activa cuando hay un conflicto penal de por medio. En el momento en que la Policía toma una denuncia y le informa a un fiscal que hay que investigar un delito, este organismo toma conocimiento de que hay indagados y víctimas. Los fiscales tienen que comunicar a la UVT si hay víctimas. Una vez que la Fiscalía empieza la investigación, la UVT toma contacto con las víctimas.
La UVT no es un centro de asistencia dentro de la Fiscalía, es la asistencia en función del proceso penal. “Es para que las víctimas puedan entender lo que está pasando y para que puedan estar en condiciones afectivas y emocionales de participar. Es decir que cuando se les tome declaración puedan responder y contar con claridad lo que les pasó”.
Acompañan todas las etapas del proceso y están presentes en la instancia de juicio. “Es importante que nos contacten desde el inicio, porque si tienen que ir a juicio cuanto más podamos acompañar, mejor. Si nos contactamos tres días antes del juicio es muy difícil, porque no se genera confianza y ya varios se quieren olvidar del tema”. La UVT trabaja tanto con las víctimas como con los testigos protegidos hasta la audiencia de formalización, durante todo el proceso, hasta que exista una sentencia.
Las víctimas no son homogéneas. “Tiene mucho que ver con la historia de la persona, el contexto en el que se da el delito y cómo le impactó a esa persona en ese momento de su vida”. Por eso requieren “un traje a medida”. Para resolver las situaciones en general coordinan con otras instituciones públicas.
Hay víctimas que son “especialmente vulnerables”. En esos casos se refuerza la asistencia. “No se hace con todo el universo, pero algunas son mucho más vulnerables que otras. Solemos acompañarlas al Instituto Técnico Forense, a otra institución o a su casa cuando vemos que están mal”.
La semana pasada ingresaron al organismo 21 técnicos más para trabajar en las sedes del interior del país. “Se acumuló mucho aprendizaje, fue un proceso vertiginoso. El equipo que se formó, en el que la mayoría son mujeres, logró sistematizar y generar métodos de trabajo. Hay premisas generales, pero cada caso requiere la empatía necesaria para poder ver cuáles son las necesidades específicas de esas víctimas”.
Considera que el impacto sobre las víctimas no se puede evaluar en el corto plazo, pero asegura que hoy en día “las personas pueden acceder a la Justicia de una manera distinta a la que lo hacían antes, porque antes la víctima se leía en un expediente y ahora se puede ver”. Antes las víctimas hacían la denuncia y no tenían ningún tipo de participación. “Todo pasaba a estar en un expediente escrito con tecnicismos legales, muchas veces hasta incomprensible para la propia víctima”.
Según Solari, la mayor parte de las víctimas quiere información, saber qué va a pasar. “Muchas veces tenemos contacto con los forenses para poder explicarle a la familia la pericia forense. Las familias quieren entender para poder cerrar. Hay víctimas que quieren participar y necesitan ver y saber para poder cerrar, eso es parte de su reparación”. Sobre la revictimización que puede generar formar parte de este proceso, considera que “es revictimizante cuando el proceso no es cuidado, cuando no tenés idea de lo que te vas a encontrar, cuando no viste las fotos antes, cuando nadie te preparó para lo que estaba pasando”. Pero “el derecho a participar de las víctimas nunca es revictimizante”, y “si la víctima quiere hablar tiene todo el derecho de hacerlo”.
La sede de la Fiscalía tiene un espacio pensado para que el pasaje por allí sea lo menos traumático posible. Hay un sector con sillones en lugar de escritorios, pueden acceder a comodidades básicas para atravesar ese momento. “Se les acerca agua, comida, si hace falta, pañuelos; pueden llorar tranquilas si tienen ganas”.
Se trabaja en adecuar todas las sedes fiscales con este fin. Asimismo, todas tienen un rincón infantil. Víctimas e indagados no se pueden cruzar, por eso habitan espacios separados. “Para aquellas denuncias más sensibles, o si hay niños involucrados, se recurre a una sala con mejores condiciones. Es una sala en la que niños y adultos pueden verse”.
Hay una parte que es presencial, en la sede de la Fiscalía. Pero van a las casas de las víctimas si es necesario, o acompañan en los centros de salud si hay personas internadas o en los lugares donde haya víctimas colectivas. Se trabaja además en el acompañamiento telefónico, con dos teléfonos de guardia con Whatsapp para evacuar consultas. “Esto ha cambiado mucho la dinámica de trabajo; lo que genera tener un teléfono al que llamar y que te contesten en un momento de crisis no es nada menor”.
Resalta que “no se le puede invadir la vida a la persona”. “La persona tampoco quiere estar recordando todo el tiempo lo que le pasó; lo importante es que aquellos que quieren venir sepan que tienen la oportunidad y el derecho de venir y recibir asistencia”.
Ante un femicidio, la intervención es inmediata. “Nos preocupan mucho las niñas y los niños que quedan en esa cadena de vulnerabilidades. Esos mismos niños son los que dos o tres días después van a ir a un CAIF, a la escuela o al liceo. Con todos los recaudos y permisos de los adultos que quedan a cargo, tratamos de apoyar”. Dice que “acompañan el dolor” y que “no se trata de distraerlo ni de taparlo con información, sino de ayudar a transitarlo”. Para los niños hay que generar una estrategia que sea lo más protectora posible y en su lugar cotidiano. “Vemos cómo apoyar a la maestra que va a recibir a ese niño la semana siguiente, cómo apoyar si hay un equipo disciplinario en el liceo al que va ese adolescente. Implica cambiar prácticas que tienen cientos de años para los proceso penales”.
Testigos protegidos
Poco tiempo después de asumir la asistencia de las víctimas fue el turno de los testigos protegidos. Surgió a partir de operativos en los barrios. “Con el primer operativo en Casavalle se precipitó el área de testigos”.
Los delitos que se investigan son varios: extorsión, homicidios, narcotráfico, trata, entre otros. En estos casos, el fiscal que está investigando decide si hay víctimas o testigos clave en el proceso penal por la información que van a aportar. La participación es voluntaria. “Son personas que están cansadas de ciertas cosas y que si tienen garantías están dispuestas a denunciar”.
El fiscal estima si hay una situación de riesgo para la persona. “No se trata sólo del miedo subjetivo, se genera un comité de evaluación de riesgo [integrado por el oficial de policía a cargo del caso, el fiscal y la UVT] para valorar el riesgo”. A partir de la evaluación se determinan las medidas de protección que se van a aplicar. La aceptación de integrarse a un programa de protección implica un acuerdo firmado entre la UVT y las víctimas o testigos.
Las medidas son varias; a veces se apunta a la relocalización de las personas, otras veces hay que tomar medidas como alejarse de las redes sociales o no comunicarse con personas que puedan exponerlas. También se protege a las familias. Las personas pueden aceptar las propuestas de protección o egresar del programa cuando quieran.
Muchas veces requieren otro tipo de asistencia y se trabaja en conjunto con otras instituciones del Estado: Ministerio del Interior, Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Administración de los Servicios de Salud del Estado, Ministerio de Desarrollo Social, Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay. “Ese fue uno de los desafíos más importantes, porque significó apostar a que la seguridad es un tema que involucra a todos, no sólo a la Justicia. Ha significado también hacer trajes a medida de estas instituciones, porque antes esta población no estaba pensada desde este lugar. Puede que sean las mismas personas que atendían antes, pero sin pensar en esta dimensión”.
Cuenta que al tiempo de participar en los operativos volvieron al territorio y tuvieron devoluciones muy satisfactorias. “Esas personas no se animaban a denunciar porque no creían en el sistema, no tenían confianza. Pero se animaron, y vieron que lo que denunciaron no los expuso y generó un cambio significativo en sus barrios”.
En esa situación de protección hay 58 núcleos familiares. Son 200 personas, de las cuales la mitad son niñas, niños y adolescentes. “Hay niñas y niños que pasaron por un proceso judicial que se sintieron protegidos y que se creyó en ellos; eso tiene un valor simbólico para una transformación cultural”. Dice que eso es, ni más ni menos, “el acceso a la Justicia”. “Esos niños pasaron por acá y hubo un lugar pensado para ellos, para que no tuvieran que transitar por toda la angustia que pasan sus padres cuando están declarando. También pudieron ver que a su mamá o a su papá se los trataba bien”.
El reproche social
Con el nuevo CPP las víctimas adquieren otro lugar, en el que pueden opinar sobre la resolución del conflicto penal. Sin embargo, el reproche social ante los delitos se mantiene, e incluso a veces también pesa sobre la voluntad de las víctimas. “No se puede hablar en nombre de las víctimas. Es algo que pasa muchas veces, pero no se puede hablar en nombre de los colectivos de víctimas ni de las víctimas en general”. Solari considera que hay que respetar su voz y su voluntad y que ni ella, siendo directora de la UVT, se siente “en condiciones de hablar por las víctimas”, porque “hablar en nombre de las víctimas sin evidencia es una falta de respeto hacia ellas”.
Tampoco es cierta la creencia social que consigna que todas las víctimas quieren que los indagados paguen su delito con cárcel. “Decir que todas las víctimas quieren que vayan todos presos es una aseveración que no podría afirmar, porque no hay evidencia para decir eso”.
De las víctimas que pasaron por la Fiscalía, hubo algunas que optaron por acuerdos o procesos abreviados y otras que prefirieron ir a juicio. “Tenemos que escuchar a las víctimas, ¿o sólo queremos escuchar a las que dicen ‘quiero tal cosa y otra no’?”.
“Hay víctimas que no quieren seguir adelante con el proceso. Dicen: ‘A mí ya me pidió disculpas o ya me reparó económicamente, o simplemente aceptó lo que hizo’”. También hay quienes aceptan los procesos abreviados por los tiempos, “para poder cerrar y seguir adelante”. “Hay tantas voces como víctimas; lo que no podemos hacer es hablar de un homogéneo de las víctimas, y creo que a veces se intenta hacer eso”.
La jerarca admite que existe un mal uso del dolor de las víctimas y que “muchas veces se habla en nombre de las víctimas sin siquiera conocerlas”. “Son las personas que están más vulnerables, están en un momento en el que irrumpió la violencia con algo que les destrozó la vida”.
Estas situaciones exponen a las personas a un estado de alta vulnerabilidad. “Además del riesgo o el daño objetivo, hay una sensación subjetiva que queda en la piel. Frente a eso cada víctima tiene sus estrategias de cómo salir adelante”. Esta vulnerabilidad hace también que muchas veces actúen “desde la emoción y no desde la razón”.
Invertir en los primeros 1.000 días de vida
“En la primera infancia se juega todo. Cuando ves las trayectorias, no sólo de las víctimas sino de los indagados, las personas que están en una situación de mayor vulnerabilidad y que quedan expuestas a situaciones delictivas más complejas suelen tener una historia de descuido y desprotección en la mayoría de los casos”.
Hay una cadena de descuidos en la que “los adultos no pudieron, no quisieron o no tuvieron la oportunidad de cuidarlos de determinada manera”. “Cuidarlos con los nutrientes emocionales, alimenticios y ambientales que necesitan para crecer, para sentirse seguros, valiosos y queridos”.
Explica que las víctimas que tienen una base emocional sólida tienen más herramientas para poder recuperarse frente a una situación trágica en su vida. “A las víctimas que vienen de una historia de mucho descuido y desprotección a lo largo de sus vidas se le remueve mucho de la desprotección anterior frente a una situación de violencia de cualquier tipo”. Por eso “se juega muchísimo en esos primeros años de vida, y es uno de los momentos en los que hay que actuar más”.
“En el caso de los testigos protegidos hay una pregunta clave: ¿hay niños?”. Hay que averiguar de inmediato qué pasa con ellos y quién se hace cargo. “Nos ha tocado que haya niños muy pequeños que fueron testigos visuales de homicidios y quedaron con secuelas psicológicas muy importantes”.
Se trata de víctimas que muchas veces quedan invisibilizadas. “En los delitos lo que se ve son los adultos. Primero se ve el indagado, luego la víctima, pero los niños no se ven”. Solari considera que socialmente no se ve el impacto que sufren esos niños.
Uno de los delitos en los que más se evidencia el daño es en los femicidios. “Aun para aquellos niños que conviven durante años expuestos a la violencia, cuando su papá asesina a su mamá cambia todo. El asesinato cambia todo, porque marca un antes y un después, y ellos se quedan sin su mamá y sin su papá”.
En esos casos “hay que buscar a otros adultos, que muchas veces tienen que hacerse cargo de esos niños mientras elaboran el duelo del homicidio de sus familiares”. A menudo la demanda de esos adultos a la UVT es que ayuden a los niños a transmitir qué fue lo que pasó.
“El aporte de la UVT es fundamental. Poder decirle la verdad a un niño, explicarle que no tiene la culpa de lo que pasó y que va a poder seguir viviendo porque tiene una vida por delante”. La jerarca hace énfasis en que hay que “desculpabilizar a los niños” y fortalecer a los adultos que van a cuidarlos. “Son las generaciones que vienen, y si hay algo que no queremos es que vengan a una fiscalía penal, ni como víctimas ni como indagados”. Por eso hay que apoyarlos, porque “si uno no está atento ahora, cuando aparecen como víctimas invisibles, en diez años los tenés acá, porque son los que quedan más vulnerables”.
Las hijas e hijos del delito
A Solari, que trabajó en centros de privación de libertad hace 15 años, los niños dentro de las cárceles es uno de los temas que más le preocupan. “Son niños que durante años fueron muy invisibilizados”. Considera que los niños cuyo nacimiento y crianza ha sido en condiciones de encierro son los que padecen mayor vulnerabilidad. “Un niño que nace entre rejas tiene una vida mucho más comprometida. Tiene menos oportunidades, no puede salir a jugar, está en estado de alerta permanente por el clima hostil que propone la cárcel”.
Desde su punto de vista “hay que disminuir la edad de permanencia de los niños en las cárceles y hay que promover mecanismos alternativos a la privación de libertad cuando la mujer está embarazada o tiene niños pequeños”.
Considera que este es uno de los temas más urgentes en materia de primera infancia. “Los niños tienen que tener espacios de niños. Cuando nacen hay que empezar a pensar quiénes son los adultos del afuera que podrían ocuparse de esos niños sin que pierdan el contacto con la mamá”. Eso requiere un contacto con ella y con el entorno inmediato para poder fortalecerlos.
Las niñas y los niños que no viven dentro de la cárcel pero tienen responsables en situación de privación de libertad también se ven afectados. En Uruguay, 15.000 niñas y niños tienen madres, padres o responsables presos. “Hay que tener dispositivos atentos y específicos para eso, porque no se trata de un niño cualquiera cuando empieza el CAIF o la escuela. No se trata de discriminarlo porque su mamá o su papá están presos, todo lo contrario: es considerar que tiene una situación que lo plantea en desventaja y hay que abordarla”.
El impacto del cautiverio en la crianza es muy alto. “No es lo mismo un niño al que su mamá lo despierta todos los días, al que le puede hacer el desayuno y bañarlo en un lugar adecuado, que un niño que tiene que dormir con su mamá, con ruidos violentos y con situaciones que alteran los primeros años de vida”.
Describe que esta situación no es lineal y que no afecta a todos los niños por igual, pero vuelve a destacar que están “en una amplia desventaja” y que por eso hay que reforzar con políticas públicas lo que está pasando en esos primeros años de vida. “Lo mismo con los niños que quedan afuera pero saben que su mamá o su papá están en la cárcel. Es algo que hay que abordar con esos niños. No podemos fingir que no pasa”.
“La cárcel no debería ser un lugar natural para criarse ni para que los niños visiten a sus madres ni a sus padres. Los niños se crían con lenguaje carcelario, con tensión, con violencia. Altera las formas de relacionarse, de jugar”.
Solari cuenta que una de las cosas que más la movilizaron cuando trabajaba en la vieja cárcel de mujeres de Cabildo fue estar en un motín. “Ayudamos a sacar a los niños. Lo que más me impactó es que los niños no lloraban, la mayoría estaban paralizados”.
Estos eventos son traumáticos y generan situaciones muy complejas. “Los eventos traumáticos, el estrés cotidiano y el estado de alerta no permiten que los niños se desarrollen ni emocional ni físicamente. Tienen que estar alertas, y eso no permite que se desarrollen ciertas cosas”. Si bien son efectos que podrían ser reversibles, “se necesita asumir esta problemática y realizar acciones”. Se ha avanzado mucho pero aún se requiere seguir haciendo foco en esa población.
Invertir en políticas de prevención y rehabilitación
La inversión en políticas de prevención del delito y rehabilitación impacta sobre las víctimas. “Tiene un impacto directo, sobre todo en las generaciones futuras, para que se sientan seguras. Se genera un mensaje para que los niños y los adolescentes sepan sobre la seguridad que podemos tener, que puedan confiar en los otros, vivir en un clima de convivencia en comunidad. Que sepan también que cuando se transgrede una norma hay mecanismos que se activan”.