Rosana Batista denunció a su pareja varias veces. Él tenía restricciones de contacto y acercamiento, pero las incumplía. La Justicia le reiteró la orden, pero no alcanzó. Fue hasta su casa, la mató y se mató, configurando así el tercer femicidio del año.
La Justicia de Familia dispuso medidas cautelares de protección. Tras el continuo incumplimiento, la misma Justicia intimó al agresor hoy fallecido a cumplirlas ante el apercibimiento del delito de desacato. A pesar de la gravedad del caso, no se dio cuenta a Fiscalía.
El rol de este organismo hubiera sido actuar ante el desacato de las medidas cautelares. En estos casos se configura un delito de desacato especialmente agravado, por tratarse de una denuncia de violencia de género. Valentina Sánchez, fiscal letrada de Artigas, dijo a Subrayado que “Fiscalía no actuó porque no se la puso en conocimiento”.
A través de la Unidad de Víctimas y Testigos de Fiscalía hoy se está trabajando con los familiares de los fallecidos, en particular con las dos hijas de la pareja, que tienen ocho y diez años. Rosana pidió ayuda, pero el Estado fue omiso. Eduardo Bonomi, ministro del Interior, lo reconoció en la conferencia de prensa organizada por el Instituto Nacional de las Mujeres en el marco del Día Internacional de la Mujer. “Ella pidió ayuda y no se la ayudó”, dijo. Explicó que si bien estos casos cuestionan la efectividad de la denuncia, es necesario que las denuncias se sigan haciendo. “Hay que seguir denunciando y hay que seguir discutiendo sobre qué se hace cuando no es suficiente”. Reafirmó que cuando hay denuncia, “en la inmensa mayoría de los casos” se ha logrado actuar sobre los procesos de violencia. También dijo que “hay cosas que fallan”, y que a esas cosas que fallan “hay que construirlas”.
Responsabilizó a los jueces por no haber dado cuenta a Fiscalía: “A pesar de la orden judicial, seguía persiguiéndola. Ella avisó a la Justicia y los jueces no quisieron dar cuenta a Fiscalía”. Ante estos casos, “hay que avisar a todos los actores”.
Por otra parte, Jorge Chediak, miembro de la Suprema Corte de Justicia, dijo a Subrayado que el sistema “no funcionó” porque hubo un incumplimiento en la distribución de tobilleras, que “aún no llegan a todo el país”. Esto fue desmentido por fuentes del Ministerio del Interior, que explicaron que la cobertura de tobilleras es nacional desde diciembre de 2017. En el departamento de Artigas, donde sucedió este femicidio, hay siete dispositivos instalados.
Fue Chediak también quien advirtió que “hay una importante sobrecarga de trabajo de los juzgados que atienden casos de violencia de género”. Hace unos meses, explicó a Radio Montecarlo que “los seis Juzgados Especializados en Violencia Doméstica fueron creados por ley con la cuarta parte de casos de este tipo que tenemos hoy”. En este sentido, reconoció que producto del desborde están dando “un muy mal servicio”.
Al respecto, Charles Carrera, senador y ex director general de Secretaría del Ministerio del Interior, dijo que “es hora de que dejemos de lamentar las fallas del sistema para dar una señal urgente y necesaria”, y remarcó que los Juzgados Letrados Especializados en Violencia Basada en Género, Doméstica y Sexual son “una incorporación posible y urgente”.
Explicó que esta es una herramienta para que se profundicen las políticas de prevención, atención, investigación y sanción de los delitos de género. Destaca que si bien el proyecto original del Poder Judicial para llevar a cabo la implementación de un nuevo sistema era “más ambicioso”, es momento de transformar los juzgados existentes en juzgados especializados. “Sería un salto que podría tener un gran impacto en la vida de las víctimas, a las que debemos proteger y garantizar un real acceso a la Justicia”. Además, sería una forma de descomprimir los juzgados actuales que están sobrecargados.
Analizando las posibilidades actuales, Carrera considera que podría alcanzar con transformar algunas sedes ya existentes y propone comenzar por Montevideo, “donde se concentra la tercera parte del total de denuncias nacionales”.
La propuesta es transformar en Juzgados Letrados Especializados en Violencia Basada en Género, Doméstica y Sexual a los ocho Juzgados Especializados en Violencia Doméstica, algunos Juzgados de Familia, algunos Juzgados Penales con competencia en el Código del Proceso Penal del año 1980 y alguna otra sede penal “que se podría ver alivianada por la absorción de la temática” por parte de los nuevos juzgados propuestos.
En concreto, la creación de al menos 16 Juzgados Especiales podría atender a un promedio anual de 13.000 denuncias, y “así generar un salto cualitativo en la respuesta”. Se estima que cada juzgado podría atender un promedio de 800 casos al año.