“Las personas trans somos las protagonistas de todo esto”, comentó una mujer trans y quienes la acompañaban asintieron mientras ataban pañuelos amarillos a sus muñecas. El grupo aguardaba la presentación del decreto reglamentario de la Ley Integral para Personas Trans el martes, en el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).
La activista trans Marcela Pini dijo a la diaria que la reglamentación de la ley constituye la consagración de un trabajo largo e intenso, pero “ahora hay que ver cómo la implementamos”. Pini planteó que esta ley “hace crecer al Uruguay” porque beneficia a toda la sociedad: “Las identidades trans surgen en los senos de las familias. No salen de la nada, salen de un seno social, como salimos todos y todas”. De los contenidos de la normativa, la activista destacó el acceso a la salud, las becas en la educación y la compensación reparatoria.
En relación a la demanda penal que presentó el 28 de marzo la Campaña Nacional Ley Integral para Personas Trans contra el diputado del Partido Nacional (PN) Álvaro Dastugue y el precandidato del PN Carlos Iafigliola por “incitación al odio”, Pini comentó que los colectivos ya fueron citados a declarar por la fiscal de la causa y el paso siguiente es presentar documentación que fundamente la denuncia.
Pini lamentó que la campaña “Todos somos iguales” alcanzara las firmas necesarias para convocar a un prerreferéndum e iniciar un proceso que podría terminar con la derogación de la ley. De todas formas, comentó que tras conocer cómo se obtuvieron las firmas, lo puede entender “un poco más”. Ahora augura que la instancia de prerreferéndum no prospere. Desde los colectivos que integran la Campaña Nacional apuntan que durante la junta de firmas se violó el artículo 347 del Código Penal. El artículo dice: “El que con estratagemas o engaños artificiosos indujere en error a alguna persona, para procurarse a sí mismo o a un tercero, un provecho injusto, en daño de otro, será castigado con seis meses de prisión a cuatro años de penitenciaría”. “Esperamos poder dar cuenta de eso y que la Justicia tome cartas en el asunto”, añadió la activista.
Otra activista trans, Delfina Martínez, sostuvo a la prensa que los discursos difundidos por la campaña de encabezada por Iafigliola “más allá de que se llegue a un resultado o no, lo que hacen es habilitar a que muchas personas en la sociedad actúen de forma violenta hacia las personas trans que están más expuestas”.
“La reflexión hoy [por el martes] tiene que ver con el acceso a los derechos, con ver un futuro posible que parecía una utopía” para las personas trans, señaló Martínez, y agregó: “La firma del decreto reglamentario realmente significa poder ver materializado ese sueño”. Subrayó el abordaje integral de los derechos de la ley, y destacó el “acceso a la salud, a la educación, vivienda, y la reparación histórica”.
Reglamentada
La reglamentación, que firmó el lunes el Poder Ejecutivo, se divide en cinco secciones: Identidad y género: cambio de nombre; Régimen reparatorio; Educación; Salud y Trabajo. En la página web del Mides se detalla qué organismos regularán los trámites en cada área, los requisitos necesarios para acceder a ellos y el proceso correspondiente. Además, a partir del lunes se podrá iniciar a tramitar las solicitudes por medio de los formularios disponibles en la web y de forma presencial en las oficinas territoriales del ministerio.
Federico Graña, jerarca del Mides, explicó que los formularios se utilizarán para conformar una base de datos sobre “el impacto de la ley” y cuantificar cuántas personas trans inician los trámites y cuántas acceden a las prestaciones reglamentadas, así como para conocer características sociodemográficas de la población trans en Uruguay.
» Identidad y género. El proceso de cambio de nombre y sexo registral consta de tres etapas: completar un formulario; asistir a una entrevista ante la Comisión Asesora Honoraria de Cambio de Identidad y género; y la notificación de la Comisión Asesora al Registro Civil. El Ministerio de Educación y Cultura es el organismo que debe nombrar los miembros de la comisión.
» Régimen reparatorio. La Comisión Especial Reparatoria será la que se encargue de evaluar las solicitudes. Será integrada por un representante y un suplente del Mides, del Ministerio del Interior y del de Economía y Finanzas, además de un representante del Banco de Previsión Social y dos integrantes de organizaciones de la sociedad civil.
» Trabajo. 1% del cupo laboral será para personas trans en los llamados públicos. Podrán presentarse quienes cumplan con los requisitos para acceder a ellos y hayan cambiado su sexo registral –o estén proceso– o dispongan de la tarjeta Uruguay Social. Las inscripciones serán por medio de Uruguay Concursa o en las páginas de internet de los organismos convocantes.
» Educación. 2% de los cupos de todas las becas que ofrecen organismos del Estado son para personas trans. Las beneficiarias recibirán apoyo “para una efectiva inclusión socioeducativa” mediante la Propuesta de Acompañamiento a Personas Afrodescendientes y Trans. Las inscripciones dependen del organismo que otorgue la beca.
» Salud. Las personas trans pueden atenderse en cualquier prestadora del sistema nacional integrado de salud de los ámbitos público y privado.