Cuando Uruguay amaneció el 17 de agosto con la noticia de que dos mujeres que habían denunciado a sus ex parejas por violencia doméstica fueron asesinadas en manos de esos varones, una pregunta latió fuerte: ¿dónde estaba el Estado? Miriam Sosa fue apuñalada en su casa, en Montevideo, horas después de que avisara que el hombre que había denunciado estaba cerca, incumpliendo una orden de restricción que la Justicia había establecido dos meses antes. Casi dos días después, Mariza Severo fue apuñalada y atropellada por su pareja en plena calle, en Artigas. La historia parecía repetirse: el hombre también tenía una orden judicial para no acercarse a la mujer. Pese a las denuncias previas, a las medidas cautelares y a una alerta de desacato, ninguna de las dos mujeres contaba con custodia ni sus atacantes tenían tobillera electrónica. En el caso de Sosa, incluso, trascendió luego del femicidio que la mujer había pedido protección policial en otras ocasiones. No tuvo respuesta.
El Ministerio del Interior (MI) inició una investigación administrativa en la Jefatura de la zona operacional III de la Policía de Montevideo y la dirección departamental de Violencia Doméstica y de Género para determinar por qué no hubo seguimiento. Sigue en curso. Lo que se sabe es que la Policía comunicó de la alerta de Sosa tanto a la Fiscalía como a la Justicia, que dispuso “intimar el cumplimiento” por teléfono y no de manera presencial, según dijo a la diaria la directora de la división Políticas de Género del MI, July Zabaleta.
La conclusión a la que llega la jerarca al analizar este caso es que, en general, “los incumplimientos denunciados por las víctimas de violencia de género tendrían que tener una sanción más fuerte”. No basta con una llamada telefónica. “Es entendible que se piense en sanciones graduales”, reconoció Zabaleta, “pero los hechos nos dicen que los ofensores incumplen las órdenes judiciales y después ya pasan a quitarle la vida a la víctima”. La funcionaria consideró que estas “sanciones más fuertes” a las que se refiere pueden ir desde “alguna alternativa de internación y abordaje más intensivo con los ofensores para la modificación de este tipo de conductas de violencia selectiva” a, directamente, la privación de libertad. En su opinión, también es importante mejorar la investigación policial y judicial para que Fiscalía tenga “elementos sólidos para solicitar la formalización por desacato”.
Respecto del uso de las tobilleras electrónicas, la directora de la división Políticas de Género informó que este año están en funcionamiento 700 pares de dispositivos, 100 más de los que había disponibles hasta el año pasado, pero advirtió que en algunos casos su “sobreutilización” está transformando el objetivo inicial. En este sentido, dijo que cuando empezó a implementarse el programa en 2013 la idea era “que fuese una herramienta transitoria y que se pudiera trabajar con esa situación de violencia desde otras miradas y sectores para poder ayudar a que esa realidad termine”. Lo que pasa hoy, sin embargo, es que hay casos en los que ofensor y víctima están uno o dos años en el programa de tobilleras, por lo que, al no haber egresos, los casos se van acumulando.
Para Zabaleta, esto es perjudicial en dos sentidos. En primer lugar, porque es “imposible vivir todo el tiempo” con un dispositivo “al que no le podés bajar el volumen, que no podés apagar, que cada vez que suena sabés que es porque estás en peligro”, consideró. “Fijate que, salga donde salga, el dispositivo suena: estás en el cine y suena, estás en el ómnibus y suena, estás en la escuela con tus hijos y suena, y eso termina afectando la cotidianidad de esa familia”, agregó la funcionaria. “Por supuesto que somos conscientes de que son situaciones en las que la vida de esa persona está en riesgo”, aclaró Zabaleta, pero “no puede ser que entendamos que la única solución a la situación sea la tobillera”. Y ahondó: “Las tobilleras son efectivas pero no pueden ser eternas”.
Pero también es difícil pensar en las tobilleras como una solución “a largo plazo” por la cantidad de recursos que requiere el monitoreo. “Estamos en un país de tres millones de personas y tenemos 700 pares de tobilleras en simultáneo; son 1.400 personas monitoreadas en simultáneo”, dijo Zabaleta. La jerarca explicó que en Montevideo reciben más de 100.000 alertas por día, de las cuales aproximadamente 70 tienen que ser monitoreadas por al menos cuatro funcionarios policiales: uno que asesora directamente a la víctima por teléfono, otro que en simultáneo intenta comunicarse con el ofensor “para que reconozca la transgresión”, y otro que se dirige en un patrullero al lugar donde se encuentra la víctima mientras un cuarto policía le da las indicaciones. “De esos casos tenemos al menos 70 al día. Imaginate que esas 100.000 se tienen que gestionar igual, porque en algunos casos al ofensor se le queda el dispositivo sin batería, entonces hay que insistir hasta que lo ponga a cargar, o perdió el GPS, entonces tenés que intentar monitorear con las otras herramientas para que no transgreda los límites”, detalló.
¿Cómo debería abordarse, entonces, la protección a las víctimas de violencia de género? Zabaleta aseguró que tiene que “fortalecerse” el sistema de respuesta desde una perspectiva más integral. “Hay situaciones que no son sólo de violencia doméstica; hay situaciones de pobreza estructural o de problemas de vivienda que no se van a resolver porque la persona esté en el programa de tobilleras”, afirmó Zabaleta, e insistió con que la tobillera tiene que ser una herramienta transitoria. “Como ha sido eficaz se la utiliza, y pareciera que es la única forma de ayudar a esas personas, pero hay otras maneras. Entonces hay que tomar otras decisiones, sobre todo si el ofensor ha incumplido las medidas cautelares y el riesgo no ha descendido”, explicó.
La división que lidera Zabaleta ha recorrido distintas ciudades de Montevideo y el interior desde que empezó el año, para pensar con otras instituciones y representantes de la sociedad civil en otras alternativas a la custodia policial y las tobilleras. La propuesta de custodiar a los agresores en vez de a las víctimas, como planteó hace unos días el candidato presidencial del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, no está en esa lista. “Creo que sería destinar los recursos para una tarea que no va a ser efectiva para la protección de la víctima. Si yo tengo que proteger la vida de determinada persona, es con esa persona que tengo que estar”, opinó, y dijo que enviar a los policías a vigilar al ofensor –que no está privado de libertad– deja a la víctima “desprotegida”, porque “puede mandar a una tercera persona a lastimarla y va a tener la coartada perfecta, porque él va a estar con los policías”. “El foco no es a quién hay que custodiar”, redondeó, “el foco es que si hay una mujer en riesgo la tenemos que proteger a ella”.
Hitos y desafíos
Este año se cumplen diez años de la creación de la división Políticas de Género del MI, que surgió de la necesidad de aportar al diseño, la evaluación y el monitoreo de políticas de seguridad con perspectiva de género. El balance del trabajo realizado en esta última década es positivo, aseguró Zabaleta, aunque el organismo sabe que queda mucho por hacer, especialmente en materia de protección a las víctimas de violencia de género y generaciones.
La semana pasada, en el marco de una actividad organizada para presentar los “hitos” de la década, representantes del MI destacaron la capacitación y profesionalización de la actuación policial en violencia doméstica y de género, especialmente a raíz del protocolo específico para la intervención de la Policía en estos casos, aprobado por decreto en 2010.
Por otro lado, las autoridades informaron que en los últimos diez años se triplicó el número de unidades especializadas para denunciar violencia doméstica y de género –en 2006 había 19, hoy hay cerca de 60–, a las que se suman las más de 270 seccionales policiales de todo el país que deberían contar también con funcionarios capacitados para brindar una primera respuesta adecuada al problema. La división que dirige Zabaleta también impulsó en las jefaturas la creación de las direcciones departamentales de Violencia de Género, “cuya finalidad esencial es coordinar, articular y dar seguimiento operativo a las intervenciones policiales en violencia doméstica y de género, según lo establecido en la Ley de Procedimiento Policial y su Decreto reglamentario”, detallaron en el evento.
Los funcionarios del MI también resaltaron el aumento de las denuncias, que es de 581% de 2005 a 2018. Lo atribuyeron a la “sensibilización del funcionariado para detectar e identificar el problema” y a las mejoras en el Sistema de Gestión de Seguridad Pública (SGSP), que desde 2012 almacena todas las denuncias que se hacen en el país. Además, se logró disminuir el subregistro de las denuncias que antes se perdían al ser tituladas, por ejemplo, como “lesiones”, “daño”, “violencia privada” u “homicidio”. Hoy en día todos los delitos conexos pueden identificarse si están asociados a una situación de violencia doméstica y cuantificarse.
El otro avance impulsado por la División de Políticas de Género vinculado al sistema de protección de las víctimas tiene que ver, por supuesto, con la implementación a partir de 2013 del programa de las tobilleras electrónicas para la supervisión de las medidas cautelares de no acercamiento. Zabaleta contó a la diaria sobre el proceso: “En 2011 el MI convocó a otras instituciones, conformó una comisión en la que participaron los tres poderes del Estado y, juntos, empezamos a evaluar la pertinencia y si sería eficaz implementar las tecnologías de verificación de presencia y localización de personas para casos de violencia doméstica. En el resto del mundo se estaba utilizando, pero mucho más generalizado para lo que tiene que ver con las salidas transitorias y las libertades asistidas, salvo en España, que ya se utilizaba para violencia de género. Hicimos una evaluación de los casos que habían tenido un desenlace fatal, para ver dónde estaban los nudos, qué había fallado, y mejoramos los elementos de riesgo para que, a la hora de que el juez o la jueza tenga que decidir la disposición de la tobillera, pudiera tener mayores elementos”. El plan empezó con 97 pares de tobilleras sólo en Montevideo. Actualmente, hay colocados más de 1.000 en los 19 departamentos del país.
Ya superada la primera etapa, de mejora del registro de las denuncias de violencia de género, y la segunda, de monitorear su judicialización, la división se encuentra en una tercera fase que es de “profundización de la investigación” sobre los casos, explicó la directora. “Muchas veces vemos que la situación queda en el ámbito civil porque faltan elementos para que la Fiscalía pueda pedir la formalización, entonces hay que trabajar mucho en la mejora de esa investigación, de recabar elementos que puedan servir de prueba. En eso venimos trabajando”, aseguró.
Otra línea que se trabajó en estos diez años es el abordaje integral de los casos de policías que ejercen violencia de género, con la aprobación de distintos decretos y protocolos que establecen cómo debe proceder el ministerio ante estas situaciones. Según explicó Zabaleta, la actuación es la misma que se hace con cualquier persona denunciada, pero existe además un procedimiento específico administrativo a la interna. Por lo general, al agresor se le retira el arma reglamentaria como medida cautelar mientras se lleva a cabo la investigación, y se lo deriva a los servicios de atención para varones que ejercen violencia.
Más allá de la violencia
La división Políticas de Género del MI destacó otros avances que han alcanzado en estos diez años que no tienen que ver con cuestiones de violencia de género, como la elaboración de una Guía de lenguaje inclusivo “para favorecer un mejor relacionamiento de la Policía con la ciudadanía” o la creación de lo que hoy es el Departamento de Género y Diversidad Sexual del Instituto Nacional de Rehabilitación, que busca “aportar una mirada de género al proceso de humanización de las personas privadas de libertad”. También se trabajó en la necesidad de que la Policía cuente con lineamientos claros y orientadores para la actuación en los casos que involucran a la comunidad LGBTI: para eso se impulsó una campaña de información y concientización, que incluyó la elaboración de una guía práctica para la formación policial con un enfoque en diversidad sexual y de género.