Una investigación de openDemocracy de nueve meses, que incluyó reporteo encubierto en 18 países, reveló la existencia de una red global de más de cientos de “centros de embarazos en crisis” (CPC, por sus siglas en inglés) que se presentan a menudo en sitios web como grupos de apoyo, de información e incluso de servicios de aborto.
A ellos acuden mujeres que consideran poner fin a sus embarazos. En muchos se les da información falsa y distorsionada sobre el aborto y, en algunos casos, sobre anticonceptivos. Cientos de estos grupos funcionan en países latinoamericanos.
A la reportera encubierta en Buenos Aires, que se presentó como una joven que intentaba poner fin a un embarazo producto de una relación violenta, el personal de uno de esos centros le dijo: “Tú viviste violencia, pero una vez que te hiciste un aborto, perpetuaste el ciclo de la violencia; la violencia más grande que se puede hacer a un ser humano es eliminarlo”. Le mostraron un video de un feto siendo desmembrado y le entregaron un folleto en el que se aseguraba que las “potenciales consecuencias del aborto” incluyen conducta autodestructiva, agresividad, depresión profunda y culpa, pesadillas y relaciones problemáticas o no saludables con hijos y familiares.
A la reportera ecuatoriana que visitó uno de estos centros en Quito se le advirtió, de forma incorrecta, de riesgos físicos extremos, como cáncer, y se le dijo que su esposo “no va estar ahí cuando tengas un cáncer, cuando estés operada sin un seno”. En otra ocasión le dijeron: “Hay casos en que [las pastillas] no funcionan y ahí sí vienen los niños con deformidad. Dentro del endometrio se forman hematomas, se revientan los hematomas, se cortan venas, arterias. [Así yo] destruí todo el interior del útero, mi matriz”.
Las mujeres que acuden a estos centros reciben información falsa variada, como que el aborto eleva los riesgos de cáncer y enfermedad mental, que una mujer necesita permiso de su pareja para acceder a un aborto y que los hospitales se negarán a asistir a una persona con complicaciones posaborto, según reveló la investigación de openDemocracy. El trabajo también registró aseveraciones de que el aborto aumenta los riesgos de que la mujer abuse de sus hijos o que puede “convertir” en gay a la pareja de la mujer.
En algunos casos, el personal alienta a las mujeres a posponer tanto el aborto como los anticonceptivos de emergencia e incluso, muchas veces, ofrece ecografías sin tener formación médica. La investigación descubrió además que los materiales de entrenamiento de estos centros aseguran que “los condones no funcionan bien para impedir el embarazo”.
Los centros se promocionan por medio de publicidad engañosa, lo que incluye a algunos que se presentan en internet como grupos de apoyo en favor del aborto o como servicios de interrupción de embarazos.
Esta investigación supuso enviar reporteras encubiertas, que se hicieron pasar por mujeres vulnerables con embarazos no deseados, a centros afiliados al grupo estadounidense Heartbeat International en 18 países: Argentina, Canadá, Costa Rica, Corea del Sur, Croacia, Ecuador, España, Estados Unidos, Irlanda, Israel, Italia, México, Nigeria, Rumania, Serbia, Sudáfrica, Ucrania y Uganda.
En los cuatro países latinoamericanos (Argentina, Costa Rica, Ecuador y México), el aborto está permitido bajo ciertas circunstancias, y en dos distritos mexicanos (la capital y el estado de Oaxaca) es legal. Pero sigue figurando como delito en los códigos penales de prácticamente todos los estados latinoamericanos y caribeños.
En consecuencia, el aborto clandestino es una realidad generalizada, con ofertas de todo tipo en el mundo físico y virtual. Es en los intersticios de estas zonas grises donde proliferan estos “centros de crisis”.
En Costa Rica, la reportera encubierta contactó con uno de estos centros por medio del sitio quieroabortarcr.com; en Argentina fue en embarazoinesperado.com, en México, estos centros publicitan sus servicios en los sitios web interrumpir-embarazo.com y aborto-mexico.com.
En Ecuador, varios de estos grupos se publicitan por medio de Profem o del sitio web decidemujer.com. Si se lo busca en Google aparece junto a las palabras clave “Información clínicas de aborto en Quito. Aborto seguro en Quito”. Y en su portada parece ofrecer pastillas de misoprostol.
En estos sitios y en sus páginas de Facebook las reporteras hallaron imágenes de mujeres jóvenes en actitudes de diversión o de fiesta, acompañadas de frases como “embarazo no deseado”; “libre soy”, “¿te has preguntado dónde abortar?”; “¿necesita solucionar un embarazo inesperado? Se atiende previa cita. Confidencialidad y seguridad”.
Pero al llegar a la cita concertada, encontraron una oferta muy diferente. En uno de los dos centros visitados en Ciudad de México, una mujer que no demostró tener formación médica le dijo a la reportera de openDemocracy: “¿Sabes que no te aceptarían en un hospital al llegar con una hemorragia si te automedicaste?”. Esto no es cierto. Por ley los hospitales públicos deben atender a cualquiera que llegue a una sala de urgencia.
La misma mujer mencionó 20 veces al novio de la reportera y su presunto “derecho a decidir”, le dijo que sin su permiso o el de un familiar no podía practicarse un aborto, e incluso le presentó un formulario de consentimiento con espacio para dos firmas, pese a que en Ciudad de México desde 2007 el aborto voluntario es legal en las primeras 12 semanas.
Algunas de las mentiras que los centros dijeron a las periodistas encubiertas:
- El aborto aumenta los riesgos de cáncer y enfermedad mental
- Los hospitales no tratan complicaciones médicas de un aborto
- Las mujeres necesitan el consentimiento de su pareja para abortar
- El aborto eleva el riesgo de que las mujeres abusen de sus hijas e hijos
“Escandalosa estrategia”
Los hallazgos de openDemocracy despertaron reacciones y reclamos de investigaciones y controles de parlamentarias y parlamentarios, especialistas en salud y activistas.
La profesora de derecho internacional en derechos humanos de la Universidad de Toronto Rebecca Cook dijo que “estos grupos están violando la esencia de la ética médica”, y recordó que hubo médicos llevados a tribunales internacionales de derecho humanos por “suministrar información incorrecta” a sus pacientes.
En Argentina, la diputada de la coalición gobernante Mónica Macha dijo que “es clave que la Justicia investigue el grado de legalidad de los procedimientos” de estos centros.
La legisladora ecuatoriana Mónica Alemán, que preside el Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres, reclamó “tomar medidas en todos los ámbitos; todos tenemos responsabilidad en esto”.
La feminista y profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México Marta Lamas sostuvo que “es muy escandalosa toda la estrategia de atemorizar diciendo mentiras”.
La presidenta de la comisión de justicia de la Asamblea Nacional de Ecuador, Ximena Peña, dijo que los hallazgos de openDemocracy “deberían ser entregados a las autoridades competentes para que puedan iniciar una investigación de estos centros”.
Y en Argentina, la directora del Instituto Nacional contra la Discriminación, Victoria Donda, aseguró que la entidad está “trabajando” en “campañas que visibilicen cómo actúan estos grupos religiosos atentando contra la integridad de las personas”.
Integrantes de la Eurocámara pidieron por escrito a la comisaria europea de Salud y Seguridad Alimentaria y a la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa “adoptar medidas firmes” contra los “peligrosos y deshonestos centros de embarazos en crisis”.
Nexo con Estados Unidos y Trump
La mayoría de los centros investigados no muestran sus creencias religiosas ni sus conexiones estadounidenses. Pero el grupo Heartbeat International viene apoyando a estos centros desde que se fundó a inicios de los años 70, en medio de la ola de legalización del aborto en Estados Unidos. Hay miles de CPC en ese país, y han sido objeto de numerosas controversias, incluyendo acusaciones de desinformación.
Heartbeat tiene cientos de afiliados en el resto del mundo, muchos en América Latina (sólo en México son 70), donde mantiene un acuerdo de asociación con la red Centro de Ayuda para la Mujer Latinoamericana (CAM).
Heartbeat entregó a la red CAM al menos 25.000 dólares desde 2012 para “entrenamiento, consultoría y apoyo a nuestros afiliados comunes”, según las declaraciones tributarias de este grupo, analizadas por openDemocracy.
CAM se fundó en los años 80 en México, cuando un activista local asistió a una conferencia organizada por el grupo católico estadounidense Human Life International (HLI), con sede en Virginia. Los logos de ambas organizaciones se encuentran en el sitio web de CAM.
HLI declara haber donado unos 920.000 dólares en América Central y el Caribe entre 2008 y 2014, y más de 230.000 dólares en América Latina en el período 2015-2017. Pero desde 2008 se abstiene de divulgar los nombres de sus beneficiarios, así que no está claro cuánto dinero fue a la red CAM.
Estas dos organizaciones tienen nexos con un ex funcionario del gobierno de Trump, Scott Lloyd, destituido al revelarse que manipuló solicitudes de aborto de inmigrantes adolescentes. Este hombre integró la junta directiva de una filial de Heartbeat en Virginia y fundó un bufete legal en la misma sede de HLI.
En 2017, periodistas de investigación revelaron que adolescentes inmigrantes que habían solicitado abortos mientras estaban bajo custodia federal en la frontera con México eran derivadas a filiales de Heartbeat.
El año pasado, el presidente estadounidense, Donald Trump, aplaudió una dividida decisión (cinco votos contra cuatro) de la Corte Suprema favorable a los CPC y fue el primer presidente en asistir a la manifestación antiaborto “Marcha por la vida” el mes pasado.
Ni la red CAM ni los centros visitados en México, Costa Rica, Ecuador y Argentina respondieron a las preguntas del equipo de openDemocracy. Sí lo hizo Heartbeat, que dijo adherirse a su “Compromiso de cuidado”, que compromete a los afiliados con la exactitud en la información y la publicidad. “Diferentes países tienen sus culturas y diversas formas de comunicarse, pero sigue siendo un hecho que el aborto tiene riesgos para las mujeres”, sostuvo la organización.
En la mayoría de los países que investigamos, hay leyes que obligan a proporcionar información médica precisa y oportuna, en varios se establece explícitamente esta obligación en materia de salud sexual y reproductiva. Casi todos tienen también normas contra la publicidad engañosa.
Pero hasta la investigación de openDemocracy no hubo una sola acción contra los CPC, lo cual expone problemas de desigualdad y discriminación, según algunas fuentes.
Así lo explicó la profesora Cook: “Al demorar el acceso a atención médica que sólo las mujeres necesitan, estas prácticas discriminan a las mujeres en el ejercicio de su derecho a la salud”.