A pocos días de abandonar el despacho principal del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) del Ministerio de Desarrollo Social para dejar paso a quien asuma en nombre del próximo gobierno, la todavía directora del organismo, Mariella Mazzotti, repasó con la diaria algunos de los principales avances de los cinco años de gestión. La lista es larga e incluye la creación de políticas de igualdad de género transversales en los ministerios y nuevos dispositivos para luchar contra la violencia hacia las mujeres. “Todavía falta”, aseguró, de todas formas, y confió en que el desafío será renovado por el gobierno que asumirá el domingo.
Mazzotti dijo que no tiene expectativas claras acerca de las líneas que adoptará el Inmujeres en el futuro porque no hubo confirmación “oficial” de quién la sucederá en el cargo y, por lo tanto, no se pudo iniciar un proceso de transición. Sin embargo, manifestó su preocupación por algunas cuestiones que modifica o introduce, en materia de género, el proyecto de ley de urgente consideración (LUC) presentado por el gobierno electo.
A pocos días de terminar la gestión, ¿qué balance hacés del trabajo del Inmujeres en los últimos cinco años?
El Inmujeres como organismo rector de las políticas de género tiene la responsabilidad de contribuir a que el conjunto del Estado uruguayo tome acciones para alcanzar la igualdad de género, que es nuestra misión sustantiva, por lo que tenemos que trabajar con las mujeres, pero también con todo el aparato institucional. En este sentido, como objetivo concreto del quinquenio nos habíamos propuesto fortalecer el Consejo Nacional de Género como el espacio interinstitucional que define el compromiso del Estado con la igualdad de género. Este objetivo se logró en un porcentaje muy alto: fue un organismo que funcionó en todo el período, con representación de las más altas autoridades de los ministerios y organismos autónomos y descentralizados, tal como marca la ley, y, por lo tanto, tuvo un impacto fuerte. Las evaluaciones constatan que en todos los ministerios hubo un avance en las políticas vinculadas a la igualdad. Como elementos concretos se crearon la Estrategia Nacional para la Igualdad de Género a 2030 y la Ley de Igualdad de Género y No Discriminación hacia las Mujeres aprobada en diciembre de 2019, que crea el Sistema Nacional de Género. Otro de los objetivos que teníamos al comienzo de esta gestión era darle un fortalecimiento y una priorización a las políticas de prevención y combate a la violencia de género, nuestra segunda misión. Uno de los grandes desafíos que quedaban pendientes en esa línea era una nueva ley, que ya no fuera de violencia doméstica, sino de violencia de género, y que de alguna manera avanzara en los derechos y en las respuestas a la problemática. La ley se elaboró durante este período a nivel interinstitucional y con la sociedad civil, fue presentada al Poder Ejecutivo en abril de 2016 y, luego de un trabajo articulado, se logró que el Parlamento la votara a fines de 2017. Ahora la gran tarea que tenemos es la de darle cumplimiento cabal. Otro gran desafío que había en 2015 era la elaboración de un plan de acción interinstitucional contra la violencia de género, que se presentó en noviembre de ese año por decreto del Poder Ejecutivo y se fue cumpliendo a lo largo del quinquenio. Por otro lado, logramos hacer la Segunda Encuesta Nacional de Prevalencia sobre Violencia de Género, que confirma que se trata de un problema gravísimo que tenemos como sociedad y que requiere un trabajo continuo. Todavía falta, y queda como un desafío para el próximo gobierno, pero el camino que se recorrió fue muy concreto, en la medida en que hay constatación real de inversión presupuestal y de dispositivos específicos mucho más fuertes que los que teníamos cinco años atrás.
¿Por ejemplo?
El Ministerio del Interior [MI] en 2015 contaba con tobilleras en Montevideo, Canelones y Maldonado; ahora las tiene en todo el país. En aquel momento tenía 300 tobilleras y se había evaluado que con 600 sería suficiente. Vamos a terminar el período con 1.200 tobilleras. En ese ejemplo podemos ver la multiplicación del presupuesto. Por otro lado, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay multiplicó en 80% la inversión en las políticas de violencia de género hacia la infancia y la adolescencia. El Ministerio de Salud Pública [MSP] hace una inversión muy alta en los equipos de referencia de salud. En materia de vivienda, que es uno de los grandes déficits, se pasó de 30 millones de pesos a 60 millones de pesos invertidos por año.
“Como sociedad todavía no hemos hecho la relación de que la violencia de género es el peor resultado de la desigualdad”.
El Inmujeres también creó nuevos dispositivos durante este período, y llegó incluso a triplicar el presupuesto para apoyar a mujeres en situación de violencia. ¿Qué evaluación hacés en este sentido?
El Inmujeres, en particular, casi triplicó su presupuesto, creó nuevos dispositivos y amplió servicios de atención que son de calidad. Nosotras atendemos alrededor de 10.000 consultas al año, que corresponden más o menos a 3.000 mujeres, y un dato fuerte es que no tenemos femicidios en esas mujeres atendidas. En este período creamos dispositivos en pequeñas localidades, espacios de prevención y sensibilización en violencia de género dirigidos a varones, centros de protección de 24 horas y un portal para las situaciones de urgencia. Así que la evaluación es que se ha trabajado mucho, se ha crecido presupuestalmente, y eso tiene su correlato en dispositivos y servicios. Todavía falta. La violencia de género es un desafío pendiente, que está muy vinculado con el cambio cultural. En Uruguay siguen persistiendo pautas culturales machistas; como sociedad todavía no hemos hecho la relación de que la violencia es el peor resultado de la desigualdad y de esos valores machistas que tenemos. Las conductas machistas en la calle, en el deporte, dentro de la familia o el hecho de que todavía seamos las mujeres las principales cuidadores de las niñas y los niños hacen que el desarrollo de la afectividad de los varones y la disposición a proteger y a cuidar todavía no estén tan bien vistas socialmente. Todo esto repercute y, en última instancia, genera la problemática de la violencia de género, así que todavía queda mucho por hacer. Por otra parte, hemos avanzado en cuestiones vinculadas con los derechos laborales de las mujeres, pero todavía hay pendientes. Nos preocupa particularmente la situación de la mujer pobre, que sigue siendo una condición de altísima injusticia social, que además repercute en las niñas y los niños que viven en esos hogares con jefatura femenina. Nos preocupa cuando eso se articula con mujeres afrodescendientes, rurales o en situación de discapacidad. Nos quedan factores de discriminación importantes para actuar. Así que hago una buena evaluación, pero no dejo de ver todo lo que queda por hacer. El rol del Inmujeres se ha jerarquizado, pero todavía es una institucionalidad con poca autonomía de gestión y de toma de decisiones.
¿Cómo viene la implementación de la Ley de Violencia hacia las Mujeres Basada en Género?
Mariella Mazzotti.
Foto: Mariana Greif
Quedan muchas cosas. Nos queda un gran pendiente, que es la Justicia. La Fiscalía General de la Nación ha creado fiscalías de delitos sexuales y violencia de género, y tiene la convicción de seguir avanzando, pero esto requiere un refuerzo presupuestal. Quedan pendientes los juzgados de violencia de género, pese a la decisión política de la Suprema Corte de Justicia de crearlos, lo que nos preocupa enormemente. Hay razones presupuestales, pero también razones de fondo, porque, de hecho, se están trasladando competencias pero no se traslada la competencia multimateria, y sería importante que se tomara esa decisión. También es importante fortalecer las defensorías y capacitar a los operadores de la Justicia. A nivel del Poder Ejecutivo es muy importante el papel de la educación en la prevención de la violencia de género y que la sensibilización sea desde la primera infancia. También que los medios de comunicación y de difusión pública tengan presente, a la hora de divulgar contenidos, que hay estereotipos y conductas que luego repercuten en el surgimiento de relaciones violentas. Habría que trabajar más en el deporte, el tiempo libre y la cultura, con acciones de prevención de la violencia de género. Eso está en la ley y no se ha hecho con el énfasis que requerimos. Por supuesto que, a nivel de la respuesta más concreta, faltan más servicios para varones agresores, algún centro de protección más, y fortalecer la respuesta a nivel de salud, vivienda y trabajo. Si no logramos la autonomía económica de las mujeres, difícilmente puedan salir de situaciones de violencia de género. Por último, falta una difusión masiva de los derechos consagrados por la ley para que sean conocidos por las propias mujeres. Entre los avances, es muy importante el decreto reglamentario del MSP que garantiza derechos y compromisos en la salud para las mujeres. Ahora hay que hacerlo carne.
¿Cuáles son las expectativas respecto del próximo gobierno en materia de políticas de género?
Es difícil tener expectativas, porque no hemos iniciado el proceso de transición. Se nombró a los futuros ministros, subsecretarios y directores generales de los ministerios, pero no se avanzó en las definiciones de las siguientes autoridades. Con respecto al Inmujeres, tenemos una información oficiosa pero no oficial sobre quién podría ser la futura directora, pero por más buena voluntad que hay de las dos partes no ha sido posible iniciar un proceso de transición, por lo tanto no hemos podido trabajar en conjunto ni concretar intercambios o conversaciones.
“Perder el rol rector puede hacer que la capacidad de incidencia del Inmujeres se vea disminuida”.
En el proyecto de LUC que presentó el gobierno electo se ven modificadas algunas funciones del Inmujeres. ¿Cómo evalúan esto?
Nos preocupa y no estoy de acuerdo con las modificaciones de las competencias que se le dan al Inmujeres. Se le quita el rol rector de las políticas de género, un mandato que se le da al instituto para trabajar junto con otros organismos del Estado para contribuir a la igualdad. El Inmujeres preside muchísimos espacios interinstitucionales y es bueno que esa presidencia se ejerza con el respaldo de que tiene la rectoría, que es la calificación de su rol. Perder eso puede hacer que su capacidad de incidencia se vea disminuida, por lo tanto me parece realmente una pérdida importante. Debo señalar que en el mundo de las personas comprometidas con las políticas de igualdad, nunca escuché a mujeres de otros partidos políticos uruguayos que cuestionaran el rol rector del Inmujeres; en ese aspecto siempre había unanimidad de criterios, por lo tanto me sorprende el cambio de la competencia. Por otro lado, en la LUC no se señala el trabajo del instituto en las distintas áreas de derechos económicos, culturales, sociales y productivos de las mujeres, cuestiones que sí aparecen en la legislación actual. Que se pierda eso de manera explícita es una preocupación.
¿Te parece que hay una intención específica detrás?
No sé decirlo porque no tengo ninguna información, simplemente leí el artículo que corresponde al Inmujeres. También debo decir que me preocupa el cambio de estructura institucional con respecto a las políticas vinculadas al MI. La División de Políticas de Género en este momento está ubicada en el aparato central del ministerio y por eso tiene una capacidad de incidencia en toda la Policía Nacional, que ahora perdería. Es decir que también perdería la potencialidad de transversalizar en todo el aparato, no solamente en la Policía, sino también en materia de cárceles y de las otras áreas que tiene la cartera, como Bomberos. Al crearse una Dirección Nacional de Género, queda bajo el director nacional de Policía y solamente en su área específica.
El proyecto de LUC también cambia la expresión “políticas de género” por “políticas nacionales relativas a la mujer y a la familia”. ¿Qué opinás de esta modificación?
Es una pérdida. Nosotros trabajamos con mujeres y el plural es muy importante, porque también hay desigualdad entre las mujeres. No existe una mujer en abstracto y es muy importante que la política pública responda a la diversidad de las mujeres. Al mismo tiempo, no hablar de género es una pérdida, porque es la explicación de por qué hay desigualdades. La categoría “género” habla de los mandatos sociales, culturales y económicos que explican la desigualdad, y nos permite, como todas las categorías, interpretar la realidad. Si perdemos esa categoría de interpretación, la política pública puede quedar en medidas que no ataquen los problemas, entonces se trataría de un empobrecimiento. Las mujeres tenemos un rol en la economía, en lo productivo, en la cultura, en la política y en las organizaciones sociales, y nos molesta que estas dimensiones tampoco estén. Por otro lado, si vamos a hablar de familia, nos gustaría que se hable de familias en plural, reconociendo la diversidad de los espacios de convivencia que hay en Uruguay. ¿Qué es “la familia” en singular? En el Uruguay de hoy hay más divorcios o uniones libres que matrimonios estables, y ha aumentado la cantidad de hogares unipersonales en los que solamente hay mujeres. Nos importa el tema de las familias y qué pasa en esos núcleos de convivencia. De hecho, estamos hablando de la violencia doméstica como el principal problema que tienen las mujeres. Pero tenemos que hablar de todas las familias.
¿Qué opinás de las propuestas que plantea la LUC en materia de violencia de género? Me refiero al aumento de las penas privativas de libertad para los delitos de violencia sexual y la creación de un nuevo delito para los agresores que destruyan las tobilleras electrónicas.
Con respecto a sancionar el desacato por las tobilleras, estoy de acuerdo y creo que es necesario. En cuanto a los delitos sexuales, creemos que el aumento de las penas no va a disminuir los delitos, así que en general no estamos a favor. Sí nos importa que el delito mínimo garantice la pena de penitenciaría, para que no queden libres las personas que cometen delitos sexuales, que es algo que ya está vigente. Quizás habría que modificar el Código Penal en relación con que todavía persiste el atentado violento al pudor y la violación, y esos son delitos escritos de manera muy antigua, con un lenguaje que ya está caduco. Nos parece que la vigencia del delito de abuso sexual y de abuso sexual especialmente agravado es la forma correcta de referirnos también a los delitos de violación. Ahí sí es importante aumentar a 15 años la edad de presunción de consentimiento en los casos de violación, cuando haya una diferencia de más de diez años con la otra persona. Eso la LUC no lo toca y sería bueno cambiarlo.
Con la mirada puesta en el próximo MSP, ¿en qué no se debería retroceder en materia de derechos sexuales y reproductivos?
Uruguay es un país con una legislación acorde a los mandatos de la Organización de las Naciones Unidas. Esto quiere decir que tiene una legislación que respeta los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres; cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos hablamos de su sexualidad, de su salud sexual, de prevenir las enfermedades de transmisión sexual. También hablamos de que las mujeres tienen el derecho a decidir cuándo y cuántos hijos desean tener, por lo tanto, si tienen dificultades para quedar embarazadas tienen que poder acceder a los métodos para intentarlo, pero, por otro lado, si tienen un embarazo no previsto, también tienen la posibilidad de interrumpirlo, algo que está garantizado por la ley. Tenemos un problema muy grave en relación con el cumplimiento de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo porque, sobre todo en el interior del país, tenemos un número de ginecólogos que han hecho objeción de conciencia. El MSP ha hecho un esfuerzo muy importante por garantizar de todas formas la atención a las mujeres, pero sabemos que eso les ha implicado a las mujeres costos de traslados y retrasos en los plazos. Que estén garantizados los derechos sexuales y reproductivos también implica que las mujeres tienen derecho a controlar su embarazo, a prevenir el embarazo en la adolescencia, a tener un parto humanizado, a que la cesárea no sea predeterminada, a tener un control durante el puerperio, una buena atención en la menopausia y una prevención del cáncer de mama y de cuello de útero. Se debe garantizar el acceso a métodos anticonceptivos. La salud sexual y reproductiva es muy amplia, y Uruguay la garantiza por ley. Lo que sí tenemos es carencia en los servicios, entonces diría que hay que avanzar en más y mejores servicios de todas esas áreas que planteé. Cualquier cosa que no sea avanzar en los servicios es retroceder.
La primera gran movilización en el marco del nuevo gobierno será la del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. ¿Visualizás una celebración diferente de las de los últimos años?
Como no estoy haciendo transición, no la puedo visualizar. Lo que sí sé es que va a haber una gran marcha, en la que vamos a participar.
Algunas mujeres han dicho que temen que la manifestación sea reprimida, teniendo en cuenta algunos artículos de la LUC.
No hemos hablado de algunos artículos del anteproyecto de LUC que pueden generar temor a si se va a garantizar el derecho constitucional de la movilización ciudadana y la libre expresión. No sé si la ley va a estar en el Parlamento para esa fecha, por lo que ese día seguramente continúen rigiendo las leyes actuales, así que espero que haya una libre movilización, como todos los 8 de marzo en los últimos tiempos: masiva y pacífica.