Una encuesta dirigida a mujeres mayores de 18 años para conocer el impacto del confinamiento en los hogares reveló los distintos tipos de violencia de género que atraviesan las uruguayas en varios puntos del país. Los resultados del sondeo, que fue realizado por Nómade Comunidad Consultora para la Intersocial Feminista, aparecen en el informe “Violencia en casa: dinámicas al interior de los hogares en contexto de coronavirus”, divulgado la semana pasada.
La encuesta fue online, autoadministrada y de carácter voluntario, y se realizó entre el 19 y el 26 de abril. Respondieron 1.975 personas, incluidas 1.808 mujeres cis, 160 varones, siete personas identificadas como no binarias y una mujer trans. De ese total, 47% declaró vivir en Montevideo y 53% en el resto de los departamentos del país. El promedio general de las personas encuestadas fue de 45 años, según detalla el informe. En relación a la autopercepción étnico-racial, 82,4% eligió la categoría “blanca”, 7,8% “indígena” y 6,2% “afro o negra”.
Por otra parte, la mayoría de las personas que respondieron al cuestionario tenían un nivel educativo alto. Las responsables del trabajo atribuyen esto a dos factores principales: por un lado, que las mujeres que conocen sobre el tema de violencia de género tienen generalmente un nivel educativo alto; por el otro, las limitaciones que puede tener un sondeo autoadministrado por internet, al que se pudo acceder a través de las redes sociales.
Los datos de la violencia
Para analizar las situaciones de violencia de género, el estudio se centró específicamente en las respuestas de las 1.808 mujeres. 20,3% aseguró que ellas o alguien de su entorno han sufrido alguna situación de violencia, lo que corresponde a 368 mujeres. El informe resalta que 1,4% eligió la opción “prefiero no responder”, un dato a considerar, ya que puede tener que ver con las dificultades que muchas veces tienen las mujeres para reconocerse en un contexto de violencia. De acuerdo a la experiencia de la Intersocial Feminista, dice el texto, esta es “una de las principales dificultades en la atención de mujeres” en situaciones de violencia, “por lo socialmente naturalizado que está en función de los roles tradicionales de género y los sentimientos que se ponen en juego, entre otras cosas”.
19,4% de las mujeres encuestadas aseguran que atraviesan actualmente una situación de violencia en su casa.
Pero el cuestionario también indagó sobre la situación actual de las mujeres, es decir, desde que empezó la emergencia sanitaria por el coronavirus. “Algunos datos arrojados por estudios realizados en países como Argentina, indican que el encierro (la cuarentena general sea o no obligatoria) profundiza las situaciones de violencia contra las mujeres y los niños y las niñas: física, psicológica, sexual, económica u otras. En este sentido, ¿estás viviendo en estos días alguna situación de violencia?”, planteaba. Frente a esa pregunta, 19,4% de las mujeres dijo que sí.
Cuando se consultó sobre el tipo de violencia que están sufriendo en el contexto de confinamiento, 68,4% de las mujeres señaló la violencia psicológica, seguida por la patrimonial (9%) y la económica (7,2%). En tanto, 7,2% eligió la opción “prefiero no responder”.
La Ley 19.580, de violencia hacia las mujeres basada en género, define la violencia psicológica o emocional como “toda acción, omisión o patrón de conducta dirigido a perturbar, degradar o controlar la conducta, el comportamiento, las creencias o las decisiones de una mujer, mediante la humillación, intimidación, aislamiento o cualquier otro medio que afecte su estabilidad psicológica o emocional”.
La violencia patrimonial, según la misma normativa, es “toda conducta dirigida a afectar la libre disposición del patrimonio de una mujer, mediante la sustracción, destrucción, distracción, daño, pérdida, limitación o retención de objetos, documentos personales, instrumentos de trabajo, bienes, valores y derechos patrimoniales”. Se diferencia de la violencia económica, definida como “toda conducta dirigida a limitar, controlar o impedir ingresos económicos de una mujer, incluso el no pago contumaz de las obligaciones alimentarias, con el fin de menoscabar su autonomía”.
Los datos muestran que la mayoría de las mujeres que hoy viven situaciones de violencia se encuentran en el interior del país (59,9%), con una mayor concentración en el noroeste (específicamente en los departamentos de Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro y Soriano). El resto de los casos (40,1%) se detectaron en Montevideo.
En relación a la edad, las mujeres se concentran en el segmento que va de 30 a 49 años, y alcanzaron un promedio de 40 años. No se registraron casos de mayores de 64 años, aunque esto puede tener que ver con el hecho de que es una población que utiliza menos las redes sociales y, por lo tanto, tuvo menos oportunidades de responder una encuesta online. Con respecto al nivel educativo, la gran mayoría declaró tener niveles medios y altos.
Por otro lado, la mayoría de las mujeres que están atravesando situaciones de violencia actualmente dijo tener hijas e hijos (56,9%), aunque el porcentaje de aquellas que no tienen también es alto (43,1%). “De acuerdo a la experiencia de organizaciones que trabajan la temática, la tenencia de hijas e hijos es un factor que puede dificultar la salida de una situación de violencia”, recalca el informe, con base en datos aportados por organizaciones de la sociedad civil especializadas en violencia de género.
“¿Qué necesidades tienes en este momento?” era otra de las preguntas planteadas, y la gran mayoría (44,2%) respondió “contención emocional”. La interpretación de las responsables del informe es que esto podría tener que ver “con el hecho de estar pasando por una situación de violencia actualmente”, agudizada “por el actual contexto de crisis sanitaria y confinamiento, donde cambian las preocupaciones, sentimientos, emociones y se tejen nuevas valoraciones en torno a las necesidades más inmediatas”. Consideran, además, que dado que “los niveles educativos de estas mujeres son más bien altos, es posible que su primera necesidad no sea económica ni laboral”. De todas formas, las necesidades materiales agrupadas –empleo, dinero, vivienda y comida– alcanzaron un 45,3%.
¿A dónde acudir?
Una de cada dos mujeres que aseguraron estar atravesando situaciones de violencia de género actualmente (46,7%) dijo que, a la hora de pedir ayuda, recurre en primer lugar a sus círculos más cercanos: amistades, familiares o vecinas y vecinos. En tanto, 26,7% recurre a servicios de atención formales, estatales o privados.
Siete de cada diez mujeres que declaran estar viviendo situaciones de violencia señalan la violencia psicológica como la que sufren en mayor medida.
Esto sucede pese a que la enorme mayoría de ellas, 83,2%, declaró conocer los servicios de ayuda que brinda el Estado. Entonces, ¿qué servicios conocen? De acuerdo con la encuesta, la gran mayoría de los que fueron nombrados corresponde a servicios de atención especializados en violencia de género (64,7%). Entre ellos, los más conocidos son los de atención telefónica (36,9%), en particular el 0800 4141, que gestiona el Instituto Nacional de las Mujeres.
A los servicios especializados les siguen los servicios policiales (24,7%), en particular el número de emergencia 911 –que si se contacta por la aplicación móvil cuenta con un botón de pánico exclusivo para casos de violencia de género– y las Unidades Especializadas en Violencia Doméstica y de Género. Por último, 1,4% de las mujeres señaló instancias muy específicas que se asocian a etapas de judicialización de las situaciones de violencia, como la Unidad de Víctimas de la Fiscalía, la Defensoría del Poder Judicial y los juzgados especializados en violencia de género. El resto no supo especificar, mencionó instancias que no correspondían a una respuesta estatal u optó por marcar el casillero “no recuerdo / ninguno”.
Las mujeres que declararon conocer los servicios del Estado también fueron consultadas acerca de cómo perciben su funcionamiento. Una de cada dos mujeres (49,9%) consideró que son “insuficientes” o “muy insuficientes”. En tanto, 33,2% cree que los servicios son “adecuados” o “muy adecuados”, mientras que 21,7% los consideró “inadecuados” o “muy inadecuados”. Un alto porcentaje, 29,9%, manifestó que los servicios no son “ni adecuados ni inadecuados”. “En términos generales”, concluye el documento, “podemos afirmar que los servicios que brinda el Estado son evaluados negativamente por aquellas mujeres que declaran conocerlos”.
Consultadas sobre la respuesta estatal a la violencia de género específicamente durante la emergencia sanitaria, 51% de las mujeres dijo que los servicios “no han variado” desde que se instaló la covid-19 en Uruguay. “Podemos decir que en general hay una percepción que refleja la creencia de que no hubo cambios sustantivos acerca de la cantidad de servicios”, asegura el informe. “Estos datos podrían dar cuenta de que, en el imaginario colectivo de estas mujeres, la violencia no es una prioridad para las autoridades en el contexto actual. Sin embargo, resulta pertinente considerar que, en un contexto de pandemia y crisis, en el que se exhorta al confinamiento y se toman medidas de aislamiento social, se generan modificaciones dentro de los hogares –en las configuraciones familiares, en las dinámicas de cuidados, en las formas trabajo y rutinas educativas, etcétera– que también traen como consecuencias la configuración y/o profundización de situaciones de violencias”, agrega.
Las especialistas reconocen que “no es posible afirmar que ahora haya más o menos servicios que antes de que se instalara la covid-19 en Uruguay”, si bien “parecería existir cierta percepción acerca de la falta de medidas y estrategias de cómo afrontar la violencia de género dentro de los hogares en este contexto”.
49,9% de las encuestadas consideran que los servicios del Estado para atender situaciones de violencia son insuficientes o muy insuficientes.
De lo dicho al hecho
Después de presentar el análisis de los resultados de la encuesta, el informe plantea tres recomendaciones para abordar las situaciones de violencia basada en género. La primera propuesta es pensar en nuevas estrategias “más allá de los servicios”, lo cual “implica contemplar el carácter social, estructural y multidimensional de este fenómeno, es decir, entenderlo como consecuencia de las desigualdades entre los géneros”. Esto es porque la experiencia de las organizaciones de la sociedad civil, que fue recabada para el análisis, “evidencia que muchas veces las mujeres que están en situaciones de violencia no las perciben, y esto dificulta abordar el problema”. “Es necesario construir un marco de sentido desde el cual poder identificar las situaciones de violencia como algo negativo e indeseable. Construir acciones que problematicen la construcción social de los géneros y sus relaciones”, aseguran, en ese sentido.
Lo otro es que esas estrategias sean “a medida”, focalizadas, teniendo en cuenta las necesidades y las características de las mujeres que se encuentran en situaciones de violencia. Esta es “la clave para el diseño de estrategias de salida y acciones que trasciendan el actual contexto de confinamiento y crisis sanitaria”, dice el informe. Por último, se reconoce que es necesario ampliar el estudio para conocer la situación de otras mujeres, de todas las mujeres. “Interesa seguir indagando sobre las necesidades y las diferentes situaciones de violencia que experimentan otras personas, por ejemplo, mayores, con discapacidad, personas que no se autoperciben dentro del género binario y personas con orientaciones sexuales diversas, etcétera”, proponen quienes escriben. Al mismo tiempo, aseguran que también es necesaria la producción de información sobre los agresores, “para construir insumos que permitan diseñar políticas públicas y acciones dirigidas también a estos segmentos”.