En febrero de este año, hace apenas unos meses, un estudio de la organización internacional F&M Global Barometer of Gay Rights reveló que Uruguay es uno de los seis países que más protegen los derechos de la población LGBTI en el mundo y el primero en América Latina. La clasificación se basaba en cinco grandes indicadores: las leyes que garantizan derechos fundamentales para esta población en cada país; la capacidad de los estados para implementar ese marco normativo; el grado de libertad que tienen las organizaciones de la diversidad sexual para reunirse y manifestarse; si hay o no persecución social contra estos colectivos, y que estén garantizados sus derechos socioeconómicos para que puedan acceder a oportunidades de vivienda y trabajo sin ningún tipo de discriminación.
Uruguay tiene varias normas que protegen a las personas LGBTI de ser discriminadas por su orientación sexual o identidad de género. La más reciente es la Ley Integral para Personas Trans, que garantiza, entre otras cosas, el derecho de esta población a una vida libre de discriminación y estigmatización. Hay otras más generales: en 2004, por ejemplo, la Ley 17.817 declaró de interés nacional la lucha contra todas las formas de discriminación, incluida la que se basa en la orientación sexual o la identidad de género. Un año antes, una reforma del Código Penal uruguayo incluyó dos disposiciones –artículos 149 BIS y 149 TER– que penalizan la incitación al odio, el desprecio y otras formas de violencia física o moral por motivos de orientación sexual o identidad de género.
Este marco normativo abarca la discriminación en los espacios de trabajo. Sin embargo, la realidad a veces dista bastante de lo dispuesto en los papeles, y la primera Encuesta Latinoamericana sobre Diversidad Sexual, Acoso, Violencia y Discriminación en el Ámbito Laboral demuestra que todavía queda mucho por hacer, tanto en Uruguay como en el resto de la región.
Cinco organizaciones de distintos países llevaron adelante el sondeo –incluida la uruguaya MSN Consultorías–, con el apoyo de la Oficina Regional de América Latina y el Caribe de ONU Sida. El objetivo: visibilizar y generar datos regionales sobre el acoso, la violencia y la discriminación en el empleo que viven personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex, queer y de otras identidades sexuales no hegemónicas.
La encuesta fue realizada por 1.584 personas LGBTI residentes en América Latina y con trabajo durante el último año. El promedio de edad es de 32 años, con un rango que va desde los 18 a los 65. Los datos fueron relevados entre el 29 de mayo y el 16 de junio de este año, por medio de un cuestionario online.
Más de la mitad de la muestra (50,7%) se identificó como varón cis gay. En tanto, 15,2% eran mujeres cis lesbianas, 13,4% bisexuales, 10,7 % “queer+” (personas queer, no binarias, y varones y mujeres cis que se definieron como pansexuales, asexuales y demisexuales), 6,4% mujeres y varones trans y 3,7% eran personas intersexuales.
1.584 personas LGBTI residentes en América Latina y con trabajo durante el último año respondieron la encuesta.
La mayoría de las personas encuestadas reside en México (25,9%) y Colombia (25,4%). Le siguen Brasil (18,4%), Argentina (11,5%), Uruguay (7,1%) y Chile (4,8%). El 7% restante vive en países de Centroamérica y el Caribe (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Cuba, República Dominicana) y Sudamérica (Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú, Venezuela).
La información obtenida “contribuirá a generar recomendaciones clave” para “disminuir el estigma y la discriminación de la población LGTBI en el ambiente laboral en América Latina”, asegura ONU Sida en la presentación del informe. Para el organismo internacional, los resultados muestran “un desafío pendiente en la región”.
Una problemática extendida, pero naturalizada
Uno de los principales hallazgos del estudio es que más de un tercio de la población LGBTI latinoamericana (37,2%) reconoce haber vivido acoso, violencia o discriminación por su orientación sexual o identidad de género en el ámbito laboral durante el último año. Si se analiza el impacto en cada uno de los colectivos, se desprende que las personas trans son las que más han atravesado estas situaciones (61,4%). Les siguen las personas intersex (50%), queer+ (43,2%), lesbianas (41,1%), bisexuales (34,9%) y gays (31,4%).
Sin embargo, este número se dispara a 74% cuando se pregunta a las personas encuestadas si en los últimos 12 meses atravesaron una serie de situaciones que configuran distintos tipos de violencia simbólica, institucional, sexual o física.
Una amplia mayoría de las personas encuestadas, 70,6%, aseguró haber vivido algún episodio de violencia simbólica en su lugar de trabajo. Algunos ejemplos de experiencias que aparecían en el cuestionario son: “Me han solicitado (amablemente o no) que modifique mi apariencia”; “visibilizaron mi identidad de género u orientación sexual sin mi consentimiento”; “no utilizan mi nombre o los adjetivos (él, ella, elle) que corresponden con mi identidad de género autopercibida”; “he sufrido violencia verbal (insultos, agresiones verbales, descalificaciones, humillaciones)”.
Por otro lado, 34,8% ha atravesado alguna situación de violencia institucional. En la lista de experiencias de este tipo aparecen la prohibición de acceder a algún espacio físico (como los baños o el comedor); el trato desigual en cuanto a beneficios, desarrollo de carrera o salario; el cambio de puesto de trabajo para estar en un lugar menos visible al público o incluso un despido.
37,2% de la población LGBTI latinoamericana reconoce haber vivido acoso, violencia o discriminación por su orientación sexual o identidad de género en el ámbito laboral durante el último año.
La violencia sexual hacia la población LGBTI en el trabajo aparece en las respuestas de 18,5% de las personas encuestadas. Solicitudes de “favores sexuales a cambio de beneficios laborales o como forma de amenaza para no perder el trabajo”, contacto físico “inadecuado” e incluso casos de abuso o agresión sexual –“entendida como cualquier forma de contacto físico con o sin acceso carnal, con violencia y sin consentimiento”– son algunos de los ejemplos.
En tanto, 13,9% de las personas dijo haber sufrido algún tipo de acoso, desde ciberacoso a hostigamiento y persecución por correo electrónico, redes sociales, blogs, Whatsapp, sitios web o teléfono. Sólo 4,4% aseguró haber recibido violencia física como golpes, empujones o cachetadas.
Estos resultados “nos llevaron a pensar que muchas de las vivencias que tienen las personas de la diversidad sexual son naturalizadas. Es decir, que la broma y el comentario negativo no se viven como acoso”, señala Nodos Argentina, una de las organizaciones responsables de la encuesta, en el informe. “La naturalización de la violencia es algo que debemos combatir y trabajar más”, afirma.
Una vez más, las personas trans son quienes se llevan la peor parte: 89,1% de esta población declaró haber vivido alguna de las situaciones señaladas, seguido de cerca por el colectivo intersex (84,5%).
En Uruguay, concretamente, casi siete de cada diez personas LGBTI encuestadas (67,3%) dijo haber experimentado alguna de estas situaciones de discriminación, acoso o violencia en el trabajo.
Para MSN Consultorías, la información recabada “puede aportar a las organizaciones de la diversidad sexual a contar con más insumos para la incidencia en las políticas de empleo” de Uruguay. “Como consultora, nos importa que tanto el sector público como el privado den respuestas a los datos que arroja esta encuesta y se puedan tomar medidas para construir políticas de diversidad e inclusión que generen mejores condiciones de empleo para todas las personas en nuestro país”.
Responsabilidades y consecuencias
La encuesta no sólo se centra en describir los distintos tipos de violencia y discriminación que viven las personas LGBTI en los lugares de trabajo, sino que busca además identificar a los responsables. Un análisis por género revela que 43,6% de esas situaciones fueron creadas por varones y 34,4% por mujeres.
En cuanto a los cargos que ocupaban los perpetradores, la mayoría eran pares del mismo equipo de trabajo (33%), superiores o jefes (23,8%), pares de otros equipos (17,5%) y, en menor medida, clientes (12,7%).
Por otra parte, del 37,2% de las personas que reconocieron haber sufrido en el último año situaciones de acoso, violencia y discriminación por su orientación sexual o identidad de género, sólo 17,8% hizo una denuncia. De acuerdo con el sondeo, los principales argumentos entre quienes no hicieron la denuncia fueron que “no correspondía”, tenían “temor a exposición, represalias o consecuencias en el trabajo” o no lo creyeron necesario.
Los resultados de la encuesta muestran, de alguna forma, por qué las personas LGBTI no denuncian. Por un lado, 65,9% de la población consultada aseguró que no hubo respuesta, consecuencia o sanción por parte de la empresa u organización hacia la persona que ejerció el acoso, la violencia y/o el hecho discriminatorio. Y sólo en 42,9% de los casos cesó el hostigamiento luego de la denuncia. A esto se suma que casi un tercio dijo haber enfrentado alguna consecuencia, represalia o desventaja laboral por haber realizado la denuncia.