Integrantes de distintos colectivos feministas mexicanos y familiares de víctimas de violencia de género mantienen ocupada desde el viernes 4 la sede de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). La toma del edificio pretende ser un llamado de atención para exigir a las autoridades que investiguen y resuelvan los femicidios, las desapariciones de mujeres y otros casos de violencia machista. También piden apoyo económico y soluciones habitacionales para las mujeres que se encuentran actualmente en situaciones de vulnerabilidad.
La protesta comenzó a gestarse el miércoles 2, cuando un grupo de familiares de víctimas se reunió con la titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, para pedirle que atendiera sus casos concretos. La mayoría de los familiares decidió permanecer en el edificio al entender que la funcionaria no había respondido de forma adecuada, según informó el diario La Jornada. El jueves algunos se fueron. El viernes quedaba una mujer adentro de la sede. Ese día, una veintena de feministas llegó a las puertas del lugar para manifestar su apoyo y poner sobre la mesa sus propios reclamos. Finalmente ingresaron y advirtieron que se quedarían por tiempo indefinido hasta obtener respuestas.
El domingo, anunciaron que no devolverían el edificio y que, de ahora en más, este se convertía en la Casa de Refugio Ni Una Menos México, un espacio en donde se brindará asesoramiento jurídico y atención psicológica a mujeres víctimas de violencia de género. Incluso colgaron una bandera en la puerta con ese nombre. “Ya no es la CNDH, ya es nuestra propiedad, no la vamos a entregar. Es un okupa para las víctimas”, dijo al diario Reforma Yesenia Zamudio, integrante del colectivo Ni Una Menos México, que lidera la protesta.
“Aquí van a vivir madres de víctimas que tienen niños huérfanos y que no tienen dónde vivir. Esta será su casa. Y que le hagan como se les dé la gana, el gobierno de la Ciudad de México y el federal, si hablaban de indemnizaciones, pues ahí que se quede, ya nos cobramos”, dijo Zamudio, cuya hija fue víctima de femicidio en 2016. “Yo necesitaba un hogar libre de violencia. El Estado no me lo dio, así que lo tomé”, contó también a Reforma Érika Martínez, madre de una niña que fue abusada sexualmente en 2017 por un hombre que sigue en libertad. Las activistas aseguraron que ya se han acercado mujeres para pedir ayuda.
Desde que empezó la protesta, las manifestantes han realizado distintas acciones paralelas a la toma, como intervenir cuadros de próceres mexicanos, tirar papeles a la calle y exhibir comida “cara” que encontraron en el edificio, algo que dijeron que es “contradictorio”, ya que la CNDH les dijo que no cuenta con recursos para apoyarlas.
En un comunicado difundido el sábado, la comisión dijo que “ha estado buscando el diálogo” con las manifestantes pero “sin resultados”, y reiteró su disposición “a iniciar cuanto antes un diálogo constructivo y respetuoso, al que podrían sumarse representantes del gobierno federal para encontrar juntos los mejores caminos de solución”. Hubo otros comunicados para invitar al diálogo y pedir, por ejemplo, que no se dañen los documentos. Esta última demanda fue respetada: el martes las manifestantes dejaron todos los expedientes en la calle para que representantes de la CNDH pudieran pasar a recogerlos. Sin embargo, no hubo la misma respuesta sobre la posibilidad de entablar un diálogo, ya que las integrantes de Ni Una Menos aseguran que los comunicados divulgados son sólo para los medios de comunicación y las redes sociales, y que en realidad nadie de la comisión se intentó contactar de forma directa con ellas.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo este miércoles que “no recomendaría nunca” el desalojo de las manifestantes, y opinó que detrás de la ocupación “hay una demanda justa que debe ser atendida”, pero consideró que “se convirtió en un asunto político” que es “abrazado por el conservadurismo”.